El Ministerio mexicano de la Función Pública, el órgano anticorrupción del país, determinó ayer que ni el presidente Enrique Peña Nieto ni el ministro de Hacienda, Luis Videgaray, incurrieron en conflicto de intereses por la compra de lujosas casas que realizaron a contratistas públicos.

"Se determinó que no existe conflicto de interés ya que ni el licenciado Peña Nieto ni el doctor Videgaray incurrieron en alguna acción parcial relacionada con las atribuciones que les corresponde ni participaron de forma alguna en los contratos", dijo el ministro de Función Pública, Virgilio Andrade, al dar a conocer a la prensa los resultados de su investigación de seis meses.

La investigación se derivó del escándalo generado en noviembre cuando un reporte periodístico reveló que la primera dama, Angélica Rivera, había adquirido una mansión de US$ 4 millones a un importante contratista gubernamental meses antes de la victoria electoral de Peña Nieto en 2012.

Posteriormente se conoció que el propio Peña Nieto y su ministro Videgaray habían hecho compras similares en el pasado. Para enfrentar la polémica, Peña Nieto pidió en febrero a Andrade que investigara los contratos públicos a esas empresas para determinar si fueron beneficiadas en los procesos de otorgamiento.

En su investigación, Andrade determinó que no hubo conflicto de intereses ya que todas las casas fueron adquiridas antes de que Peña Nieto y Videgaray fueran funcionarios federales y que las condiciones de compra de las viviendas no fueron modificadas posteriormente a su favor.

La investigación de Andrade ha enfrentado suspicacias desde el inicio porque se trata de un miembro del gabinete de Peña Nieto, tuvo cargos de representación por el partido oficialista PRI y ha reconocido que tiene una relación personal con Videgaray.

Tras la resolución del ministerio de la Función Pública, Peña Nieto ofreció una "sincera disculpa" tras reconocer que la compra de casas a contratistas del Gobierno dio lugar "a interpretaciones que lastimaron e indignaron a los mexicanos".

Por su parte, diferentes representantes de la oposición en México criticaron ayer el resultado de las investigaciones.

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya fue uno de los primeros en reaccionar al informe, al que calificó de "burla". "¿Cómo puede ser que sea un empleado el que absuelva a su jefe? Es un auténtica burla que ofende a los mexicanos", dijo el líder opositor. AFP, EFE

Corrupción en México