Uruguay prepara una declaración; Argentina y Paraguay reconocieron anoche a Temer.

El gobierno evaluaba ayer cómo reaccionar ante la destitución de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Sopesaba que no puede pronunciarse muy duramente por el hecho de que recientemente debió pedir disculpas al canciller brasileño, José Serra, luego de que el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, acusase a la administración de Michel Temer de procurar "comprar" el respaldo uruguayo a su postura de no aceptar la presidencia venezolana del Mercosur. Nin Novoa llamó a Serra para disculparse.

"No se puede salir fuerte contra Brasil porque ya se tuvo problemas con Serra y esto se puede agravar. Pero algo se va a tener que decir del nuevo gobierno", dijo una fuente del oficialismo.

Nin Novoa dijo anoche a El País que se pronunciará hoy jueves sobre la destitución de Rousseff y la confirmación de Temer como presidente.

Ayer ya quedó claro en un muy concurrido acto en el Pit-Cnt que buena parte del Frente Amplio —con el expresidente José Mujica a la cabeza— considera que lo ocurrido en Brasil es un golpe de Estado.

Mientras tanto, los gobiernos de Argentina y Paraguay reconocieron anoche a Temer como presidente legítimo. Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Cuba y Bolivia, por su lado, condenaron lo que consideran un golpe de Estado. Venezuela, Ecuador y Bolivia incluso retiraron sus embajadores de Brasil.

El senador Mujica se lamentó anoche de que la prensa no difundiera una carta que le envió el expresidente brasileño Lula da Silva el pasado 26 de agosto en defensa de Rousseff. El País accedió a la carta que dice que "las fuerzas conservadoras quieren obtener por medios turbios aquello que no consiguieron democráticamente: impedir la continuidad y el avance del proyecto de desarrollo e inclusión social liderado por el Partido de los Trabajadores (PT), imponiendo al país el programa político y económico derrotado en las urnas".

"Quieren a toda costa comandar el Estado para apoderarse del patrimonio nacional, como ya empieza a suceder con las reservas petrolíferas en aguas profundas, así como desarmar la red de protección a los trabajadores y a los pobres que fue ampliada y consolidada en los últimos trece años", agrega la carta.

En otro pasaje, Lula sostiene que Rousseff "es una mujer íntegra cuya honradez personal y pública es reconocida incluso por sus adversarios más reñidos. Nunca fue ni está siendo acusada de ningún acto de corrupción. Nada en su acción gubernamental puede justificar, ni tan siquiera remotamente, un proceso de anulación del mandato que el pueblo brasileño libremente le concedió", señala la misiva. "No hay ningún acto de la presidente Dilma, absolutamente ninguno, que pueda caracterizarse como crimen de responsabilidad", dice.

En la comunicación, Lula sostiene también que "personalmente, no temo ninguna investigación (...) Lo que no puedo aceptar son los actos de flagrante ilegalidad y parcialidad practicados contra mí y mis familiares por autoridades policiales y judiciales".

Una interpretación radicalmente distinta de la de Mujica de lo ocurrido en Brasil, tiene el expresidente Jorge Batlle. Rousseff "a lo largo de su ejercicio violó las normas referidas al déficit fiscal y al uso de recursos", dijo Batlle a El País. "La Constitución brasileña habilita el impeachment. Tiene aplicabilidad jurídica. Es una medida legal y constitucional. Estados Unidos le hizo un impeachment a (Richard) Nixon y no solamente no pasó nada sino que se reforzó su sistema democrático".

Batlle señaló también que las exportaciones brasileñas ya están mejorando y que lo que ocurra con la economía del país vecino dependerá de que el canciller brasileño, José Serra, el presidente del Banco Central, Ilan Goldfajn, y el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, logren abrir la economía y hacer un adecuado manejo monetario. Para Batlle, lo que ocurre en Venezuela y Brasil y los ajustes tarifarios que está teniendo que implementar el gobierno argentino se debe todo a la acción de gobiernos populistas que no fueron cuidadosos con el gasto público.

Su antecesor Julio María Sanguinetti consideró que "Temer tiene dos años para poner la casa en orden". "No sé si le dará para más. Es muy triste to-do. Es la expresión de la fragilidad de la vida política latinoamericana", señaló como resumen el expresidente.

El expresidente Julio María Sanguinetti dijo a El País que Rousseff "fue parte de un proceso de corrupción sistémico y es victimaria y no víctima", y no se puede creer que ignorase lo que ocurría considerando que fue ministra de Minas y Energía antes de ser mandataria. Para Sanguinetti nunca debe ser motivo de regocijo la destitución de un mandatario pero en el caso de Rousseff se cumplieron todas las formalidades por lo que hablar de golpe de Estado en Brasil es "absurdo y no tiene el menor sentido". Según Sanguinetti, "nunca se vio" un nivel de corrupción en Brasil como al que se llegó durante los gobiernos del PT que generaron una "pésima" situación económica.

El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, comentó que le quedó una "sensación ambivalente", porque pese a que la destitución de la mandataria se realizó cumpliendo los preceptos constitucionales y "no hay, por lo tanto, ningún fundamento para hablar de golpe", le queda la impresión de que "muchos en el sistema político brasileño están bajo sospecha". "El problema de corrupción del PT viene del segundo gobierno de Lula, es viejo y llegó a niveles que asombran. No sé la gente en Uruguay que defiende al PT cómo no abre los ojos", reflexionó Mieres. El nuevo gobierno, advirtió, "no es muy fuerte" pero es legítimo y constitucional, sostuvo el senador.

El senador nacionalista Luis Lacalle Pou dijo a El País que "si bien no es bueno para ningún país pasar por estas situaciones, la constitución brasileña prevé este mecanismo". "El PT y su aparato han llevado a esta crisis política, social y económica. Que sea lo mejor para Brasil y para la región", dijo.

Su correligionario, Jorge Larrañaga, apuntó que debe actuar con "cautela" como presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la cámara alta y que valora el principio de "no intervención" en los asuntos internos de otros países, pero observó que "aun sin entrar en el fondo del asunto, se actuó como marca la constitución y no hubo alteración del debido proceso".

EL JUICIO POLÍTICO A DILMA ROUSSEFF