El régimen chavista dice que han muerto 60 personas en las marchas; la fiscalía, 49.

En Venezuela la crisis institucional, económica y sanitaria se agrava día a día. El gobierno chavista está adoptando una actitud de víctima de una campaña de odio, al punto que ayer lunes dijo que son 60 las personas que han perdido la vida en el marco de las manifestaciones contra el régimen de Nicolás Maduro, que comenzaron el 1° de abril, y que varias de esas víctimas eran chavistas.

"Discrepan estos números de otras cifras, porque no incluyen por ejemplo las víctimas chavistas de sicariato", declaró el ministro del Interior, Ernesto Villegas durante una rueda de prensa junto a la canciller Delcy Rodríguez. La Fiscalía informó, sin embargo, que son 49 las muertes en medio de las manifestaciones.

La canciller Rodríguez citó un discurso del líder opositor Henrique Capriles, del sábado, en el que llamó a Maduro "corrupto" y "asesino", y el acoso público a partidarios chavistas en el exterior.

"Hemos visto cómo estas expresiones contenidas en delitos de odio están a la luz del día, favorecidos por un lenguaje de la dirigencia opositora", acusó la funcionaria, quien sostuvo que dichas conductas están penadas y no descartó llevarlas a instancias internacionales.

"Tienen marca made in Estados Unidos. Han evidenciado la etiqueta de la intervención internacional", subrayó Rodríguez, acusando al gobierno de Donald Trump.

El domingo al denunciar el caso de un joven quemado por manifestantes de la oposición, Maduro dijo que lo habían señalado de chavista y de estar robando en la concentración, lo que de cualquier modo consideró un ataque intolerable y "fascista".

En línea con Maduro, el ministro Villegas hizo una presentación detallada de cada uno de los casos y de las supuestas causas de las muertes, que atribuyó la mayoría a los propios manifestantes, por razones de odio o asesinatos por encargo, e identificó a varias de las víctimas como chavistas.

Ayer la oposición volvió a las calles como lo hace casi a diario. Pero un chaparrón de gases lacrimógenos impidió avanzar a más de 20.000 opositores y miembros de la Federación Médica Venezolana (FMV), que salieron a protestar por la "catastrófica" situación de los hospitales ante la falta de insumos, equipamiento y medicamentos. "¿Si tengo miedo? Da más miedo seguir viviendo", se quejó Raúl, de 64 años, un médico general. "La salud es un desastre. Estamos en el peor estado de los últimos 30 años", dijo Fernando Gudayol, un cirujano de 50 años.

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Un joven de 19 años murió ayer lunes, herido por bala, según la fiscalía, durante fuertes disturbios en el pueblo Los Pozones, en Barinas, estado natal del fallecido presidente Hugo Chávez, durante protestas contra Maduro.

Varios manifestantes lanzaron bombas molotov contra las sedes gubernamentales del Instituto Autónomo de la Vivienda del estado Barinas, Secretaría de Educación, la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Consejo Nacional Electoral, además del Simoncito Mamá Rosa, también conocido como la casa de la abuela de Chávez Frías.

Maduro convocó para hoy martes en Caracas a una mega- marcha "por la paz".

De acuerdo con la ONG Foro Penal, además de decenas de muertos, desde que se iniciaron las protestas el 1° de abril, hubo 2.660 detenidos, de los cuales al menos 161 han sido encarcelados por órdenes de tribunales militares.

Las divisiones entre gobierno y oposición se agudizaron tras la convocatoria de Maduro a una Asamblea Constituyente, en la cual la mitad de sus integrantes serían elegidos en sectores afines al gobierno.

La oposición rechaza la propuesta por considerar que no es más que un intento del mandatario para evitar las elecciones presidenciales de 2018.

Maduro enfrenta el rechazo de siete de cada diez venezolanos, según sondeos privados.

Y la "Constituyente" ya generó algunas fisuras en el chavismo. Fue rechazada por la fiscal general, Luisa Ortega, conocida chavista. No fue la primera vez que la fiscal puso a prueba al gobierno. Cuando el Tribunal Supremo de Justicia, acusado de servir al gobierno, intentó apropiarse de las funciones del Parlamento, Ortega denunció una "ruptura del orden constitucional".

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