Buscan que la consulta sea en septiembre y tenga carácter vinculante.

El lunes 13 el ex presidente de Cataluña Artur Mas fue condenado a dos años de inhabilitación para ejercer cargo público por haber impulsado, en noviembre de 2014, un referéndum sobre la independencia anulado por Tribunal Constitucional (TC) español. Pero esto lejos de amedrentar a los independentistas catalanes, les dio un nuevo impulso en su campaña por otra consulta popular.

"En Cataluña lo que estamos pidiendo es la posibilidad de expresarnos libre y democráticamente, en un proceso ordenado", dijo a El País Albert Royo, secretario general del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat).

Royo estuvo la semana pasada en Montevideo para reunirse con los partidos políticos uruguayos, la Cancillería y legisladores de las comisiones internacionales del Parlamento. El interés en Uruguay es claro: el país tiene profundos lazos con Cataluña y además integra el Consejo de Seguridad de la ONU. "Cuando esto llegue a su punto culminante en los próximos meses, el gobierno español va a intentar llevarlo a las más altas esferas de Europa y de las Naciones Unidas. Por eso nos interesa explicar nuestra posición", dijo Royo, que dirige un organismo que integran cámaras empresariales, sindicatos, universidades catalanas, y hasta el Fútbol Club Barcelona.

No es la primera vez que Royo viene en misión a Uruguay. Hizo una visita similar en mayo de 2015 previo a las elecciones legislativas de ese año en Cataluña. En esas elecciones las fuerzas independentistas ganaron 72 de los 135 escaños en el Parlamento catalán.

Royo dijo que están siguiendo con atención el caso de Escocia, que a partir de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea también busca un segundo referéndum por su independencia y seguir dentro del bloque continental.

Cataluña es la "parte fuerte industrial de España", y eso en opinión de Royo explica en parte la reacción del gobierno español opuesta a un referéndum independentista.

"Pero más allá de un problema económico, tenemos un problema político. Si tenemos que escoger entre la libertad y el bolsillo, escogemos la libertad", sostiene Royo.

El objetivo es que el próximo referéndum catalán sea vinculante, por lo que el resultado se va a implementar, asegura el secretario general de Diplocat. Como muy tarde, sería a finales de septiembre de este año.

"El gobierno catalán va a implementar el mandato. Eso significa que si hay un mandato a favor de la independencia, proclamará la República Catalana, empezará a buscar reconocimientos internacionales, y va a actuar como un Estado. Va a recaudar impuestos, cosa que ahora no hacemos, va a decidir la política redistributiva, va a controlar los accesos al territorio catalán, lo que hace cualquier Estado", explica.

Royo hizo una diferenciación entre el caso vasco y el catalán. "En el caso del País Vasco, el gobierno español tenía una excusa perfecta: mientras haya violencia no hay negociación política. Cosa que se entiende perfectamente. Pero en el caso catalán no hay ningún tipo de violencia", argumenta.

Ahora están trabajando para organizar un segundo referéndum en septiembre, pese al antecedente de la condena a Mas.

Artur Mas, que gobernó la región de Cataluña de 7,5 millones de habitantes entre 2010 y 2016, fue hallado culpable de un delito de desobediencia por haber promovido una consulta popular informal en noviembre de 2014, ya que previamente había sido declarada ilegal por un tribunal constitucional.

El fallo también afectó a dos de las consejeras integrantes de su gabinete, condenadas a un año y medio y a un año y nueve meses de inhabilitación.

Tras conocer la sentencia, Artur Mas dijo que la recurrirá al Tribunal Supremo y que "no se arrepiente de nada", de modo que —agregó— volvería a organizar una nueva consulta. Ese es precisamente el plan del sucesor de Mas, Carles Puigdemont, quien hace meses ya anunció un referéndum sobre la eventual independencia de Cataluña con la fecha límite de septiembre próximo.

Puigdemont vio el lado positivo a la condena a Mas y aseguró que se trata de un obstáculo "que no solo superaremos, sino que nos estimulará" en el proceso soberanista.

De hecho los nacionalistas catalanes han querido convertir el juicio a Mas en un acto de apoyo a la independencia y, el mes pasado, miles de personas acudieron junto al expresidente hasta las puertas del juzgado, en una muestra de respaldo al proceso de independencia.

El gobierno de Mariano Rajoy (Partido Popular) se ha limitado a expresar su respeto por la decisión judicial, en tanto desde el PSOE su portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, dijo que la condena a Artur Mas es "consecuencia lógica" de su desobediencia al Constitucional, aunque añadió que puede considerarse benévola porque impone dos años de inhabilitación en vez de los diez que pedía el fiscal.

El presidente español, Mariano Rajoy, defendió la consolidación de la UE y una mayor integración europea. "España debe ir más allá en la integración con todos aquellos que quieran (...). España está lista para avanzar con los que quieran hacerlo", dijo la semana pasada ante el Congreso de los Diputados, donde informó de las conclusiones del Consejo Europeo celebrado en Bruselas. Rajoy citó como retos de la UE el auge de populismos y nacionalismos, entre otros. Sin citar explícitamente la posibilidad de una Europa de varias velocidades, la secundó al asegurar que España debe ir más allá en la integración con todos los que estén dispuestos a ello en áreas como la política exterior y de defensa, inmigración, lucha contra el terrorismo o unión monetaria. EFE

NUEVO INTENTO