La Justicia francesa anunció ayer jueves la apertura de una investigación preliminar sobre una transacción inmobiliaria en la que está implicado un ministro de Emmanuel Macron.

El anuncio de la investigación contra Richard Ferrand, ministro de Cohesión del Territorio, coincidió con la presentación ayer jueves de una nueva ley sobre la ética en política, una de las promesas centrales del presidente Macron durante su campaña electoral.

Ferrand, uno de los primeros políticos en unirse a las filas de Macron, se encuentra en el ojo del huracán desde las revelaciones publicadas el 24 de mayo por el semanario satírico Canard Enchaîné. Según esa publicación, la pareja de este ex diputado socialista se benefició de la atribución de un contrato de alquiler por parte de una mutual de la que él era entonces director general (entre 1998 y 2012). También se está investigando un contrato a su hijo que trabajó varios meses como asistente parlamentario.

La fiscalía de Brest, en el oeste de Francia, había considerado el 26 de mayo que estos hechos no constituían una infracción, pero tras un "análisis de elementos complementarios" decidió pedir a la policía la apertura de una investigación.

"Esta investigación tendrá el objetivo de reunir todos los datos que permitan un análisis completo de los hechos y buscar si estos son susceptibles o no de ser una infracción penal", dijo el fiscal Eric Mathais.

Ferrand, quien es candidato a las legislativas del próximo mes, niega categóricamente haber cometido cualquier irregularidad y excluyó dimitir. Por el momento, cuenta con el apoyo del presidente y del primer ministro Edouard Philippe.

Sin embargo, este caso llega en el peor momento para el gobierno, en plena elaboración de una ley sobre la ética en política para restaurar la "confianza" de los franceses con sus responsables políticos. El ministro de Justicia, François Bayrou, presentó ayer jueves el texto, que sería el primero de la nueva legislatura.

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