El mediador judicial, Dan Pollack, informó ayer en Nueva York que un grupo de acreedores individuales que accionan bajo la denominación Brecher Class Action llegó a un principio de acuerdo con la Argentina.

El reclamo de este conjunto de acreedores había sido rechazado por la Corte de Apelaciones, que en su momento le ordenó al juez Thomas Griesa que discrimine entre aquellos acreedores que habían comprado sus títulos de buena fe y aquellos que habían realizado prácticas especulativas.

De allí que para efectivizar este acuerdo, los acreedores deberán certificar el origen de sus acreencias y sobre esa base se realizará el cálculo de pago.

El acuerdo se realiza bajo la oferta de base propuesta por la Argentina: 100 por ciento del capital y 50 por ciento de los intereses.

De todas formas, Pollack aclaró que el convenio queda sujeto a que el Congreso argentino levante la Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano y el juez Griesa haga lo propio con sus interdictos sobre la prohibición del pago a bonistas.

El secretario de Finanzas, Luis Caputo, comenzó el lunes en Nueva York una nueva ronda de negociaciones con los holdouts para cerrar un acuerdo que le permita al país dejar atrás el default y volver a emitir deuda en el mercado voluntario. El funcionario viajó acompañado por el subsecretario de Financiamiento, Santiago Bausili, para reunirse con abogados y con los inversores que deben aceptar la oferta que presentó el Gobierno para solucionar este problema.

En principio, esta semana vencía el plazo para que los fondos buitre argumenten por qué el juez federal del Sur de Manhattan Thomas Griesa no debería levantar la medida cautelar que le impide a la Argentina volver a pagarle a los bonistas que ingresaron a los canjes 2005 y 2010 a través de nuevas emisiones de deuda. 

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