El debate especial duró 13 horas, el “impeachment” parece definitivo y en unas horas se votará en comisión.

El debate de 13 horas que concluyó en la madrugada de ayer en la comisión de la Cámara Baja de Brasil que analiza la apertura de un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, dejó claro que los favorables al proceso son mayoría y que pesan más los argumentos políticos que los jurídicos.

De los 61 diputados que se pronunciaron en el debate que concluyó a las 4.43 hora local de ayer sábado, 39 defendieron la apertura del juicio con fines destituyentes contra Rousseff.

Tan solo 21 legisladores alegaron que no hay méritos jurídicos para la apertura del proceso y que, en caso de que el Congreso prosiga con el mismo, estaría impulsando un golpe. Y uno de los parlamentarios se dijo indeciso.

El debate también dejó claro que, pese a que la Comisión tiene que pronunciarse sobre si hay méritos jurídicos para la apertura del juicio, sus miembros prácticamente ignoraron las discusiones técnicas y prefirieron centrarse en los discursos políticos.

Los diputados favorables a enjuiciar a Rousseff hicieron en sus discursos más referencias a la falta de condiciones para gobernar de la presidenta, a las acusaciones de corrupción contra su Gobierno y a la crisis económica del país. Los que se oponen al proceso, por su parte, argumentaron que el juicio no pasa de un intento de golpe promovido por los sectores de la oposición aún insatisfechos con la apretada derrota que sufrieron en las elecciones de octubre de 2014.

La sesión fue convocada para que los 65 miembros de la Comisión Especial se pronunciasen sobre el informe presentado por el diputado instructor, Jovair Arantes, quien consideró que existen méritos jurídicos para avanzar hacia la destitución de Rousseff por unas maniobras fiscales consideradas ilegales. El debate precedió la votación programada para mañana y en la que los 65 diputados decidirán si aprueban o rechazan el informe del instructor y le dan luz verde al proceso.

En caso de que se pronuncie en favor del proceso, lo que parece probable a partir de sus discursos en el debate, el caso será remitido al plenario de la Cámara de Diputados, cuyos 513 miembros tendrán que decidir este mismo mes si autorizan al Senado a someter a la presidenta al juicio destituyente.

Fueron pocos los participantes en el debate que abordaron los aspectos técnicos del informe presentado por Arantes sobre los méritos jurídicos para el juicio.

El instructor concluyó en su informe que el análisis de la denuncia le permitió identificar indicios de que la jefe de Estado practicó actos que pueden ser enmarcados en dos de los "crímenes de responsabilidad" previstos en la Constitución para su destitución: la contratación de créditos suplementarios por decreto presidencial y la contratación ilegal de operaciones de crédito. De acuerdo con el instructor, las maniobras mediante las cuales el Gobierno contrajo deudas con los bancos públicos para financiar sus gastos corrientes sin que los mismos apareciesen en los balances fiscales, constituyen "crímenes de responsabilidad".

Uno de los legisladores que se refirió a los aspectos técnicos del informe, el diputado Arlindo Chinaglia, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), aseguró que la contratación de créditos con los bancos públicos para costear gastos del Gobierno sin autorización del Parlamento fue una práctica común de todos los presidentes que antecedieron a Rousseff.

Agregó que el intento de destituir a Rousseff por una práctica que no es considerada como crimen de responsabilidad y que fue tolerada a otros jefes de Estado demuestra que lo que se busca es una disculpa para acortarle el mandato.

El opositor Varderle Macris, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), también se refirió a los aspectos técnicos del proceso y dijo que, al contraer créditos sin la aprobación del Congreso y sin respetar el presupuesto, la mandataria violó las leyes e incurrió en crímenes de responsabilidad. "De nada sirve el PT hablar de los errores de los otros para intentar esconder los suyos", afirmó Macris al referirse al argumento de que otros presidentes hicieron la misma cosa.

De acuerdo con las normas establecidas por la Corte Suprema, si el informe del instructor es aprobado por mayoría simple en la Comisión, será remitido al pleno de la Cámara de Diputados.

En esa instancia seguirá adelante si es aprobado por mayoría calificada de dos tercios (342 de 513 votos) y en ese caso pasará al Senado, cuyos 81 miembros decidirán, por mayoría simple, si dan lugar al juicio político.

De llegarse a ese extremo, Rousseff tendrá que separarse del cargo por 180 días, plazo que tiene el Senado para juzgarla. En ese período sería sustituida por el vicepresidente, Michel Temer.

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva advirtió que "está más vivo que nunca" y alertó del aumento del "odio" contra el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y los movimientos de izquierda. "Recuerdo los discursos de Hitler que hicieron nacer el nazismo, y recuerdo los discursos por los que Mussolini consiguió implantar el fascismo en Italia", aseguró el exmandatario durante un encuentro en defensa de la educación, celebrado en San Pablo. Lula, blanco de dos investigaciones por corrupción, resaltó que los sectores conservadores buscan "atacar" su "moral, pero advirtió que va a continuar con "la cabeza erguida". "Lula no está muerto, está más vivo que nunca", aseguró el expresidente, que siguió la línea de sus últimos discursos.

Dijo que hay sectores que "están queriendo acabar con los movimientos sociales".

El vicepresidente Michel Temer se lanzó a la búsqueda personal de votos a favor del "impeachment" entre sus colegas legisladores. Temer hasta ahora se había mantenido al margen de las negociaciones, pero ante la inminencia de la votación tomó un papel más activo con el objeto de conseguir los votos favorables en el plenario de la Cámara Baja. En caso de obtenerlo, Temer asumiría el Ejecutivo durante el juicio.

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