Los ciudadanos de la Unión Europea residentes en Reino Unido podrán permanecer tras el Brexit, anunció ayer jueves la primera ministra Theresa May en la cumbre de la UE en Bruselas, Bélgica.

May llegó en una situación de debilidad a la cumbre de dos días en Bruselas, tras perder la mayoría absoluta en unos comicios anticipados, y frente a ella tenía a unos pares europeos, cuya prioridad es "moldear el futuro a 27", en palabras de la canciller alemana Angela Merkel.

Sin embargo, su esperada oferta, que calificó de "justa y seria", podría no satisfacer a los 27, ante el rechazo de May a que el Tribunal de Justicia de la UE se encargue de resolver los diferendos sobre cuestiones vinculadas a los derechos tras el Brexit, como quiere Bruselas.

Garantizar los derechos de los ciudadanos europeos en Reino Unido tras el Brexit es una de las prioridades de la UE que Londres aceptó negociar en primer lugar, antes de empezar a discutir sobre un acuerdo de libre comercio entre ambos.

Tras más de 40 años de unión a ambos lados del canal de la Mancha, más de tres millones de ciudadanos de la UE viven en Reino Unido y alrededor de un millón de británicos residen en el resto de países del bloque, la mayoría en España.

La influyente canciller alemana, Angela Merkel, para quien la UE debe concentrarse "ante todo en el futuro de los 27" en lugar del Brexit, calificó de "buen comienzo" la propuesta británica, si bien advirtió que todavía quedan "otras cuestiones" como la factura a liquidar por Londres con su marcha.

La marcha de Reino Unido, que de cumplirse los plazos tendrá lugar en marzo de 2019, implicará también la salida de las agencias comunitarias actualmente en Londres y cuyo traslado a otro país del bloque pondrá a prueba la unidad de los 27.

Gran parte de los países ya han mostrado su interés en acoger la Agencia Europea de Medicamentos o la Autoridad Bancaria Europea, junto a los trabajadores, sus familias y los beneficios económicos derivados.

Los mandatarios europeos, reunidos sin May, acordaron durante anoche la elección del nuevo hogar de estas agencias en noviembre mediante una votación a nivel de ministros, tras un proceso que combina criterios técnicos y discusiones políticas para tratar de garantizar la unidad.

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