La oposición reta al mandatario con una votación popular.
El diputado Henry Ramos Allup, presidente del Parlamento venezolano de mayoría opositora, dio por descontado ayer que la máxima corte declarará inconstitucional la amnistía aprobada por su bloque para liberar a disidentes presos.
"Ya sabemos qué dirán los muérganos (tramposos) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que la ley de amnistía es inconstitucional", anunció Ramos Allup en un discurso ante estudiantes de una universidad privada.
El presidente Nicolás Maduro envió el jueves pasado al TSJ la amnistía que le remitió el Legislativo, para un control de legalidad por parte de la Sala Constitucional.
Ante miles de partidarios, Maduro afirmó que la norma consagra la impunidad para violaciones de derechos humanos por las cuales, según él, están presos dirigentes como Leopoldo López.
Ramos Allup reiteró su acusación contra el TSJ de ser el "bufete jurídico" del gobierno, tras polémicos fallos que recortaron facultades de control de la Asamblea, bajo control opositor desde hace tres meses, luego de 17 años de hegemonía chavista.
Reforma.
Ante esta situación, el jefe del Legislativo señaló que la oposición aprobó el jueves una reforma parcial del Supremo que aumentaría el número de magistrados de la Sala Constitucional de siete a 15.
Los cambios a la ley orgánica del TSJ son "para quebrar esa mayoría ruinosa, vergonzante, delictiva que es la Sala Constitucional, que no quiere que funcione la Asamblea", sostuvo.
La diputada opositora Delsa Solórzano, dijo que la reforma responde a que el venezolano "está esperando justicia" pues al no encontrarla en el sistema judicial, la está procurando por sus propias manos.
"Nosotros no queremos magistrados que se comporten como pequeños césares despóticos encerrados en sus oficinas pensando que van a dominar el país siendo un escritorio jurídico privado del presidente de turno. Nosotros queremos jueces que hagan justicia por nuestra gente y para nuestra gente", señaló Solórzano.
El diputado chavista Edwin Rojas dijo que la Asamblea Nacional no tiene atribuciones para legislar en materia del Supremo, y acusó a la oposición de tener la intención de "dar un golpe a la democracia".
"Lo que quieren es elevar la cantidad de magistrados para violentar el Estado de derecho", apuntó el oficialista.
En una sentencia del pasado 1º de marzo, la Sala Constitucional eliminó las facultades de control del Parlamento sobre los poderes Judicial, Electoral y Ciudadano, y también frente a los militares.
Ramos Allup desafió al gobierno a impulsar tres enmiendas constitucionales —que por ley deben ser refrendadas en las urnas— para revocar al mismo tiempo a Maduro, la Asamblea y la Sala Constitucional.
"Vamos a proponerle al Ejecutivo, como a él le gusta, una enmienda y a nosotros también nos gusta una enmienda, vamos a conciliarla y nos metemos todos. Yo te enmiendo y tú me enmiendas, y el pueblo decide", retó el parlamentario.
La Asamblea se dispone a aprobar la próxima semana una enmienda para acortar el mandato de Maduro de seis a cuatro años (de manera que salga del gobierno en 2017), y eliminar la reelección indefinida.
El jueves, Maduro anunció que evaluará una propuesta para acortar el período del actual Congreso —mediante una enmienda como prevé la Constitución— si sus adversarios persisten en acortarle el mandato presidencial.
La oposición promueve esa iniciativa junto con un referendo revocatorio y movilizaciones populares que exijan la renuncia del gobernante, enfrentado a una aguda crisis económica y social en todo el país.
España llama en consulta a su embajador por insultos.
El gobierno español anunció ayer la llamada a consultas de su embajador en Caracas, después de que el presidente venezolano Nicolás Maduro insultara de nuevo al jefe del Ejecutivo español Mariano Rajoy, llamándolo "racista, basura corrupta y basura colonialista".
"El gobierno español va a llamar a consultas a nuestro embajador en Caracas. España está preocupada por la situación en Venezuela; es un país que para nosotros es importante", dijo la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría en una rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo.
"El gobierno de España manifiesta su más absoluto rechazo a los intolerables insultos que ayer (jueves) el presidente de la República Bolivariana de Venezuela ha dirigido al presidente del gobierno", afirmó la número dos de Rajoy.
LA CRISIS POLÍTICA DE VENEZUELA
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