Cuatro muertes elevan a 43 las víctimas fatales en las manifestaciones.

Nicolás Maduro sigue recortando las libertades en Venezuela. Ayer, en medio de un nuevo saldo de muertos en manifestaciones contra el régimen chavista que elevó a 43 las víctimas fatales, el presidente aprobó un nuevo decreto de "estado de excepción y emergencia económica" que restringe las garantías constitucionales en todo el territorio nacional.

El decreto parece un listado de contradicciones. Establece la facultad del Ejecutivo para que adopte "las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas, y otros productos y servicios". Señala además que "podrán ser restringidas las garantías" para el ejercicio de los derechos constitucionales, salvo las excepciones que establece la Constitución que son "el derecho a la vida, prohibición de comunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles". Todos derechos que la oposición y organismos internacionales han denunciado que se violan sistemáticamente bajo el régimen chavista.

En su decreto, Maduro reafirma su tesis de que es víctima de una conspiración para derrotarlo. Establece que el gobierno podrá "diseñar y ejecutar planes de seguridad pública que hagan frente a las acciones desestabilizadoras que atenten contra la paz de la nación, la seguridad personal, y el resguardo de las instalaciones y bienes públicos y privados".

Y con el fin de cubrirse ante cualquier disidencia interna, el presidente se facultó para decidir "la suspensión temporal y excepcional y la ejecución de sanciones de carácter político" contra altos funcionarios cuando estos obstaculicen la implementación de medidas económicas.

Este decreto permite al gobierno, entre otras atribuciones, disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera.

No obstante todas estas restricciones de orden económico ya estaban vigentes desde hace más de un año con un decreto anterior de "excepción y emergencia económica". Para el nuevo decreto, Maduro argumenta que "sectores nacionales e internacionales adversos a cualquier política pública de protección del pueblo venezolano (...) mantienen el asedio contra la recuperación de la economía".

Los decretos de estado de excepción, según la Constitución, requieren de la aprobación de la mayoría del Parlamento, controlado por la oposición y que actualmente se mantiene en "desacato" por parte del Tribunal Supremo de Justicia. En esta ocasión el decreto será enviado directamente a la máxima corte para declarar su constitucionalidad, como ha ocurrido con todos los decretos anteriores que han mantenido restringidas las garantías desde enero de 2016.

Cuatro manifestantes murieron tras ser heridos de bala entre el lunes y ayer martes en protestas contra Maduro, con lo que suman 43 los fallecidos en seis semanas de manifestaciones, pese a lo cual la oposición prepara nuevas marchas. Un joven de 17 años falleció en la madrugada de este martes en un hospital tras recibir el lunes un disparo en la cabeza cuando un grupo armado atacó una protesta en el municipio de Pedraza, estado occidental de Barinas.

Otro manifestante, de 31 años, murió ayer martes también herido de bala, en el tórax, durante disturbios en San Antonio de Los Altos, en la periferia oeste de Caracas.

El lunes otro hombre de 33 murió por impacto de bala durante una manifestación en Capacho, mientras un joven de 18 años perdió la vida en Palmira, ambas localidades ubicadas en Táchira, frontera oeste con Colombia.

Con 43 muertos desde que se iniciaron las protestas el 1° de abril, esta oleada de manifestaciones igualó el resultado de víctimas fatales de las anteriores movilizaciones contra Maduro, ocurridas entre febrero y mayo de 2014.

El gobernador del estado venezolano de Amazonas, el opositor Liborio Guarulla, realizará hoy miércoles la "Gran marcha de chamanes y maracas" contra el gobierno de Nicolás Maduro. "Desde la Tierra Mágica de Amazonas camina el espíritu guerrero de los indígenas contra la tiranía y la discriminación", escribió Guarulla en su cuenta de Twitter que acompañó el mensaje con un afiche en el que invita a la marcha. En el aviso, que muestra unas maracas cruzadas adornadas con plumas, también se indica: "Comenzó la guerra del Dabukuri. Desde el corazón de Amazonas. Es la batalla de Ayacucho. Fuera el tirano". Hace una semana Guarulla, que fue inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos, lanzó una maldición indígena contra el chavismo, que le acusa de la compra con sobreprecio de un edificio donde ahora funciona la Gobernación de Amazonas. Guarulla asegura que en su caso hay "discriminación racial". EFE

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, llamó ayer martes a las fuerzas armadas venezolanas a detener la "represión" contra las manifestaciones opositoras, advirtiendo que los asesinatos y torturas constituyen "crímenes de lesa humanidad".

"Las Fuerzas Armadas no pueden seguir matando y torturando gente impunemente", dijo Almagro en un video colocado en el sitio de la OEA. "El asesinato y la tortura por motivos políticos, por pensar diferente, es crimen de lesa humanidad, delito internacional", añadió. "La Guardia Nacional Bolivariana y su jefe, mayor general Benavides Torres, son directamente responsables de la represión que ha asesinado, privado de la libertad y torturado", dijo Almagro. Para Almagro "la represión brutal muestra a la Guardia Nacional como autor material de la violación de derechos a la vida, libertad y garantías del debido proceso".

"Detrás de cada detenido, de cada preso político, detrás de cada torturado y de cada muerto, hay un responsable institucional", añadió. AFP

EFE, AFP

EL RÉGIMEN SIGUE DUROEFE, AFP