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Maduro quiere sacarse de encima a la fiscal general

El chavismo pide junta médica, pero ya le diagnosticó “insania mental”.

El régimen chavista puso en marcha su maquinaria para sacarse de encima a la fiscal general Luisa Ortega. Primero le lanzó varias advertencias, luego la llamó "traidora" y ahora procura declararla loca. Con ese objetivo, el gobierno de Nicolás Maduro solicitó ayer martes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la conformación de una junta médica para evaluar la conducta de la fiscal Ortega, luego de que esta emprendiera un conjunto de acciones legales desfavorables al régimen.

El que se prestó para esta maniobra fue el diputado chavista Pedro Carreño. "A todas luces se evidencia que esa señora no está en sus cabales, a todas luces se evidencia que esa señora no está normal", afirmó el parlamentario en la puerta del TSJ, acompañado de un grupo de oficialistas, en referencia a la supuesta "insania mental" de Ortega.

La fiscal se ha distanciado del gobierno en los últimos meses al denunciar la ruptura del hilo constitucional por parte del Supremo y, luego, al rechazar la intención de Maduro de cambiar el ordenamiento jurídico con una reforma constitucional. Además, ha desmentido una tesis difundida por el régimen que sostenía que una de las 67 muertes registradas hasta el momento en las protestas fue responsabilidad de otro manifestante. La fiscal aseguró que esa muerte, por el contrario, fue producida por un agente de seguridad con un proyectil de gas lacrimógeno.

A juicio de Carreño "ella perdió la autoridad moral, y se convirtió en una vocera de la derecha al servicio del terrorismo", por lo que "se hace necesario hacer una revisión exhaustiva de esa anómala conducta, de esa aviesa conducta en el ánimo de preservar un bien superior, y cuál es el bien superior: la paz de la república", señaló.

La solicitud de los oficialistas en el TSJ se realizó minutos después de que Ortega acudiera también al alto tribunal, en su caso para pedirle autorización para investigar y llevar a juicio a ocho magistrados de la Sala Constitucional de esa corte, a los que acusa del delito de "conspiración contra la forma republicana que se ha dado a la nación".

El pedido de la fiscal recae sobre seis magistrados titulares de la Sala Constitucional —responsable de la interpretación de la Constitución venezolana—: Juan José Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta, Calixto Ortega, Luis Damiani, Lourdes Suárez, y también sobre los suplentes Federico Fuenmayor y René Degaves.

A juicio de la fiscal, el TSJ, a través de la Sala Constitucional, "ha venido ejecutando con una política reiterada distintas decisiones" en contra de la Asamblea Nacional venezolana.

La fiscal se refiere a las sentencias de gran "impacto y magnitud" emitidas a fines de marzo con las que el TSJ, servil al gobierno, asumió las funciones del Parlamento, bajo control de la oposición, y retiró la inmunidad de los diputados. Ortega, confesa chavista, calificó entonces esos fallos como un "ruptura del orden constitucional". Su declaración y la fuerte crítica internacional hicieron que el TSJ diera marcha atrás en esas decisiones, pero quedó encendida la chispa de las protestas contra el gobierno de Maduro que desde el 1° de abril dejan 67 muertos. "En esas sentencias se le estaba dando poderes especiales al presidente de la República", argumentó.

"No puede ser que el TSJ (diga) hoy no me gusta la Asamblea y la elimino, mañana no me gusta el Ministerio Público (Fiscalía) y lo elimino (...). Necesitamos seguridad, no puede ser que se desmantele el Estado (...) solamente por caprichos", agregó.

El pronunciamiento de Ortega sobre la ruptura del orden constitucional abrió una grieta en el chavismo que desde entonces se ha profundizado. Funcionarios del gobierno ahora la tildan de "traidora". El lunes, la fiscal impugnó por "irregularidades" el nombramiento de 33 magistrados designados en diciembre de 2015 por el saliente Parlamento de mayoría chavista. Considera que la parcialidad de esos jueces ha acelerado la severa crisis del país.

Ortega recibió en estas horas el apoyo de sus colegas de la región. Un grupo de fiscales y procuradores de 12 países le expresaron su respaldo, y manifestaron su "preocupación" por la arremetida oficialista contra la fiscal.

"Repudiamos los actos de hostigamiento, presión, injerencia, amenaza de poderes, públicos o privados, así como cualquier pretensión de remoción ilegal o arbitraria contra la Fiscal", indicó en un comunicado la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Aiamp), firmado por representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Panamá, Paraguay, Portugal y Uruguay.

El vicepresidente de Venezuela, Tareck el Aissami, ha puesto fecha a la salida de la fiscal, en 47 días, una vez que la Asamblea Constituyente convocada por Maduro sea electa y tenga la facultad de dictar decisiones por encima de cualquier otro poder del Estado.

Opositores escribieron en las calles de Caracas los nombres de los manifestatantes, Foto: Reuters
Opositores escribieron en las calles de Caracas los nombres de los manifestatantes, Foto: Reuters
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