LA CRISIS EN VENEZUELA

Maduro lanza una reforma constitucional sin partidos

Venezuela acusó de “golpistas” a ochos países, entre ellos Uruguay, y endureció represión a la oposición.

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La policía dispersa una manifestación disparando gases lacrimógenos. Foto: AFP

El régimen chavista de Nicolás Maduro sigue dinamitando los puentes con la región, al tiempo que endurece la represión contra la oposición y prepara el terreno para mantenerse en el poder con una nueva reforma constitucional. Así se reflejó ayer, cuando la canciller venezolana Delcy Rodríguez acusó de "alentar el golpismo" a ocho gobiernos latinoamericanos, entre ellos Uruguay al que ya había incluido en la lista de "cipayos genuflexos", y la policía lanzó bombas lacrimógenas contra marchas de opositores. Además, al final de la jornada, en el acto oficial por el Día del Trabajador, Maduro anunció una nueva reforma constitucional a la medida del chavismo.

El presidente venezolano dijo que convocará a una Constituyente "popular" para redactar una nueva Carta Magna, parte de cuyos integrantes serán elegidos por sectores de la sociedad y no por voto universal. "Una Constituyente ciudadana, no de partidos políticos. Una Constituyente del pueblo", dijo Maduro.

El mandatario entregó ayer mismo al Consejo Nacional Electoral (CNE) las bases del proceso, que contempla la elección de 500 asambleístas, una parte por sectores sociales que escogerán directamente a sus representantes, y la otra por municipios.

La actual Constitución —vigente desde 1999— fue redactada por una Constituyente electa mediante una votación nacional, y no por sectores como plantea Maduro, y pertenecían mayoritariamente al chavismo. "Les entrego el poder que me dio Hugo Chávez, vayan a ganar la batalla", dijo Maduro.

"Golpistas".

Ayer 1° de mayo se cumplió un mes del inicio de las protestas, que han dejado 29 muertos y decenas de heridos y detenidos. "Venezuela protesta comunicado injerencista de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, Paraguay, Uruguay y Gobierno de facto de Brasil", expresó ayer la canciller Rodríguez en Twitter, y consideró que estas naciones "siguen cometiendo el grave error de quebrantar el Derecho Internacional y alentar el golpismo".

La reacción de Rodríguez era a un comunicado conjunto —que ayer divulgó el gobierno uruguayo—, de esos ocho países que hicieron votos para que surjan "soluciones negociadas" ante la crisis política en Venezuela, así como por el respeto de los derechos humanos en un país en "grave crisis humanitaria".

Esos gobiernos se hicieron eco de las palabras del papa Francisco del sábado, cuando pidió que se busquen "soluciones negociadas a la grave crisis humanitaria, social, política y económica que está golpeando a la población" venezolana.

Los ocho países aseguraron que "todo lo que se pueda hacer por Venezuela hay que hacerlo, pero con las garantías necesarias". Además, afirmaron que se requiere "el cese de los actos de violencia, la plena vigencia del Estado de Derecho, la liberación de los presos políticos, la plena restitución de las prerrogativas de la Asamblea Nacional, y la definición de un cronograma electoral".

Represión.

Miles de opositores se movilizaban ayer lunes en varios sectores de Caracas para intentar confluir en las sedes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el centro de la ciudad, pero fueron dispersados con una lluvia de gases.

En los choques, registrados sobre todo en el oeste de Caracas, un diputado resultó herido en la cabeza. Otras protestas opositoras también se hicieron en ciudades del interior del país. El dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela, el opositor Henrique Capriles, que participaba en la manifestación, publicó un video en su cuenta de la red social Twitter en el que se observa cómo un grupo de personas atiende a otra que se encontraba en el suelo.

Aumento salarial en economía devaluada.

Nicolás Maduro aumentó el ingreso mínimo mensual —salario básico y bono alimentario— a 200.000 bolívares (280 dólares a la tasa oficial más alta y 50 dólares en el mercado paralelo). La oposición afirma que el reajuste salarial muestra "el desastre del manejo económico", y que la crisis se resolverá cuando salga del poder Maduro, cuya gestión, que termina en enero de 2019, rechazan siete de cada diez venezolanos, según encuestas privadas.

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