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Maduro no cede y aumenta la crisis

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, dijo ayer que su Gobierno "garantiza el bienestar" de los millones de colombianos que viven en la nación petrolera, quienes, aseguró, llegaron a Venezuela porque "se les han negado sus derechos fundamentales" en su país.

"#MaduroVictoriaEnLaFrontera garantiza el bienestar del pueblo venezolano y de millones de colombianos que viven en nuestra Patria", dijo Rodríguez en un mensaje en la red social Twitter.

En otro mensaje la canciller venezolana escribió: "Solo basta preguntarse por qué hay éxodos masivos de hermanos colombianos a Venezuela? Les han negado sus derechos fundamentales en su país".

Asimismo, Rodríguez abogó en la misma red social por "el diálogo franco y teniendo como norte la paz" para resolver el conflicto fronterizo con Colombia, y aseguró que el Gobierno venezolano no se dejará "amedrentar" por "las hienas que atentan contra su pueblo".

La canciller aseguró que en la reunión con representantes del Gobierno de Colombia que tuvo lugar el miércoles pasado en la ciudad colombiana de Cartagena, solicitaron "derogar las normas que atacan" la moneda venezolana, "perturban" su economía y "legitiman el contrabando".

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó la semana pasada el cierre de cerca de cien kilómetros de la frontera con Colombia tras un ataque de supuestos contrabandistas a un grupo de militares venezolanos y en un intento de combatir el contrabando y la inseguridad en la zona.

También decretó el estado de excepción en seis municipios del área y ordenó desplegar más de 2.000 soldados hasta que se capture a los responsables de herir a los integrantes de la patrulla militar y se desmantelen "todos los grupos paramilitares" que operan en la zona. Desde entonces han sido deportados al menos 1.088 colombianos, que residían de manera ilegal cerca de la zona fronteriza, una información confirmada ayer por la Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas en Colombia (OCHA).

Venezuela y Colombia comparten una frontera de 2.219 kilómetros en la que prolifera el contrabando de todo tipo.

Rodríguez acordó el miércoles en Cartagena con la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, acciones conjuntas contra el contrabando y otros delitos. Sin embargo, no se pusieron de acuerdo para reabrir el que es el principal paso entre los dos países, que comunica a través del puente Simón Bolívar la ciudad venezolana de San Antonio del Táchira con la colombiana de Cúcuta.

Denuncia.

Legisladores del estado de Táchira denunciarán ante la Corte Penal Internacional (CPI) la decisión del presidente Nicolás Maduro de cerrar parte del paso occidental y decretar el estado de excepción en seis municipios de la zona, que colinda con Colombia. La plataforma Mesa de la Unidad Democrática (MUD), indicó en un comunicado que la Asociación de Legisladores del Táchira (Asolegista), que integran opositores de esa entidad, denunciará "en los próximos días" ante el CPI "el cierre indefinido de frontera, la declaratoria de estado de excepción y las deportaciones masivas de colombianos". El texto recoge unas declaraciones del diputado Walter Márquez en las que revela que Asolegista ya ha comenzado el proceso de documentación "de graves violaciones de Derechos Humanos cometidas por las fuerzas militares y policiales en la frontera", con apoyo de Colombia.

HRW convoca a los gobiernos.


La organización Human Rights Watch (HRW) hizo un llamamiento a los gobiernos latinoamericanos para que condenen la inhabilitación de varios candidatos de la oposición para los comicios de diciembre. "Es crucial que las próximas elecciones en Venezuela se celebren de manera libre y justa, y que todas las opciones sean tenidas en cuenta", afirmó HRW.

Militares venezolanos empujan un coche abandonado por los colombianos. Foto: AFP
Militares venezolanos empujan un coche abandonado por los colombianos. Foto: AFP
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La más sensible de la crisis


ENFERMOS CRÓNICOS SIN REMEDIOS.

Venezolanos con cáncer de mama, hemofilia y trasplantes protestaron ayer en Caracas para exigir medicamentos indispensables en un país azotado por una severa escasez. Alrededor de 13.000 personas con enfermedades crónicas están en riesgo de daños severos debido a la falta de quimioterapia y medicamentos esenciales, incluidos trasplantados que deben evitar rechazos, según CodeVida, una coalición de organizaciones dedicadas a la salud. Un control de cambio, una caída en la producción nacional y el contrabando fuera del país, han reducido los suministros de medicamentos. Se estima que siete de cada 10 fármacos no están disponibles, una situación que es cada vez más insostenible, según grupos de derechos humanos. "La palabra espera no existe para los trasplantados. El medicamento es día a día. Si no tiene, en días colapsa", dijo a Reuters Alfredo Quintero, de 52 años, quien recibió un trasplante de riñón y tiene disponibilidad del medicamento hasta el 6 de septiembre. "Me niego a ser una estadística", dijo, alzando la voz al lado de una docena de manifestantes en esta situación. REUTERS

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