LA CRISIS EN VENEZUELA

Exfiscal pidió a la Corte Internacional la detención del presidente; denuncia al régimen de 8.000 asesinatos.

EFE, AFP

LA HAYA

La fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz, cesada por el régimen chavista, pidió ayer jueves ante la Corte Penal Internacional (CPI) una "orden de arresto internacional" contra el presidente Nicolás Maduro y varios de sus ministros por crímenes de lesa humanidad, como más de 8.000 asesinatos y 17.000 detenciones arbitrarias.

Ortega se reunió durante casi una hora y media con personal de la Fiscalía de la CPI para presentar "más de 1.000 elementos probatorios", entre ellos "reconocimientos médicos legales, reconocimientos psiquiátricos, inspecciones técnicas y entrevistas", según dijo la fiscal a la prensa en La Haya.

Esas pruebas, recolectadas entre 2015 y 2017, mientras ella era la fiscal general de Venezuela, demostrarían las responsabilidades del Gobierno en crímenes de lesa humanidad, incluidos "asesinatos, torturas, encarcelaciones, así como un ataque sistemático y generalizado contra la población civil", comentó Ortega a su salida de la CPI.

La exfiscal dijo que se ha visto "en la necesidad" de acudir a este tribunal porque "en Venezuela no hay justicia", y mantuvo que en su país "no es posible que se logre sancionar a los responsables de esos crímenes".

Añadió que ha existido "un ataque sistemático y generalizado contra la población civil" y que "funcionarios policiales y militares" asesinaron a 1.777 personas en 2015, a 4.667 en 2016 "bajo las mismas condiciones" y a 1.846 hasta el mes de junio de 2017.

La exfiscal, que presidió el Ministerio Público de Venezuela entre diciembre de 2007 y agosto de 2017, incluyó en la denuncia la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP), por la cual "fueron asesinadas 505 personas" y cuyos responsables habrían sido "grupos tácticos de combate", dijo Ortega.

Además de implicar a Maduro, la exfiscal presentó denuncias contra los ministros Vladimir Padrino López (Defensa) y Néstor Reverol (Interior y Justicia), así como contra el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, y el jefe del Gobierno del Distrito Capital, Antonio Benavides Torres.

"Nicolás Maduro y su Gobierno deben pagar por estos delitos de lesa humanidad", dijo Ortega, así como "por el hambre, las miserias" y "las penurias a las que está sometido el pueblo".

La exfiscal, que compareció flanqueada por su equipo legal en una declaración sin preguntas, se dirigió directamente a la ciudadanía venezolana, a la que le pidió "paciencia y esperanza" porque, según dijo, sus denuncias van a ser "exitosas".

Desde que huyó inicialmente a Colombia, Ortega ha hecho un periplo por distintos países de la región para presentar pruebas de abusos del régimen de Maduro y buscar apoyo para restaurar el orden democrático en su país.

Venezuela se encuentra sumida en una profunda crisis económica, política y humanitaria que derivó en manifestaciones callejeras que dejaron 125 muertos entre abril y julio.

Estados Unidos y la Unión Europea (UE) impusieron sanciones al país.

Venezuela ratificó el estatuto de Roma que dio creación a la CPI, por lo que en teoría la fiscal general de la organización, Fatou Bensouda, tiene jurisdicción para investigar alegaciones de crímenes de lesa humanidad en ese país.