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Luz verde al juicio contra Dilma

El impeachment avanza y Rousseff podría dejar el cargo el próximo miércoles por 180 días.

El mandato de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, está desde ayer en manos del pleno de 81 senadores, después de que una comisión de esa cámara aprobó por una clara mayoría de 15 votos contra 5 que se avance hacia su destitución.

La comisión debatió durante 10 sesiones los méritos jurídicos de las acusaciones formuladas contra la presidenta y descartó por completo los alegatos de su defensa, así como rechazó que el proceso pueda suponer un "golpe de Estado", como sostiene Rousseff.

El informe favorable a poner fin al mandato de la presidenta, elaborado por el instructor de la comisión, Antonio Anastasia, pasará ahora al pleno de los 81 senadores, que por mayoría simple definirá si la causa se archiva o si se instaura el juicio político.

En ese último caso, Rousseff sería separada del cargo durante los 180 días que puede durar el proceso y sustituida en forma interina por su vicepresidente, Michel Temer, que desde hace semanas estudia la conformación de un eventual nuevo Gobierno.

Hasta ahora, aunque aún no ha sido confirmado oficialmente, está previsto que la votación en el pleno de la Cámara alta se realice el miércoles de la semana próxima, que pudiera ser el último día de Rousseff en el poder, al menos durante los próximos seis meses.

Si el eventual juicio político concluyera con la destitución de la mandataria, Temer completaría el mandato que vence el 1º de enero de 2019, pero, si fuera absuelta, Rousseff retomaría el cargo una vez que concluya el proceso.

Sin embargo, la votación realizada ayer en la comisión dio una pauta de lo que puede esperar Rousseff la semana próxima y el futuro inmediato no parece alentar ninguna esperanza para la mandataria.

De las 15 formaciones presentes en la comisión, que tuvo 21 miembros e igual número de suplentes, 12 se pronunciaron a favor de aprobar el informe que propone la instauración del juicio con miras a la destitución de Rousseff.

El senador Raimundo Lira, presidente de la comisión, sólo habría votado en caso de empate, pero aún así manifestó su apoyo al informe del instructor.

Sólo se opusieron el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y los partidos Comunista do Brasil (PCdoB) y Democrático Laborista (PDT), dos de las pocas formaciones que aún permanecen en la menguada coalición que respalda a la mandataria.

Políticos fotografían panel con votos de la aprobación al juicio, Foto AFP
Políticos fotografían panel con votos de la aprobación al juicio, Foto AFP

¿Por qué se la acusa?

Las acusaciones contra Rousseff se fundamentan en unas maniobras contables irregulares en las que el Gobierno incurrió en 2014 y 2015 a fin de "maquillar" sus resultados fiscales, que la defensa de la mandataria niega y considera unas meras "faltas administrativas".

Según el informe aprobado ayer, sin embargo, esas maniobras violaron numerosos artículos de la Constitución y de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que regula el uso del dinero público.

El informe responde todos los argumentos de la defensa y critica la insistencia de Rousseff y sus partidarios en que hay un "golpe" en curso.

"La alegación de que este impeachment constituye un golpe es absolutamente impropia y carece de amparo fáctico y legal. Por el contrario, este proceso es justamente un mecanismo constitucional que previene de rupturas institucionales", dice el documento.

Según el informe, "nunca se vio un golpe con derecho a la amplia defensa y al principio de la contradicción, con reuniones claras, transmitidas en vivo por televisión, con derecho a la palabra para todos los actores políticos y con sus procedimientos dictados por la Constitución y el Tribunal Supremo", que supervisa el trámite.

Dilma y "el golpe"

Rousseff, tras esta decisión de la comisión del Senado, continuó ayer criticando el juicio como un "golpe".

"Se está sustituyendo el método del golpe militar por otro tipo de golpe. Está en marcha en América Latina, y tenemos el reto común que son los golpes parlamentarios", señaló la jefa de Estado.

Apuntó que "ese proceso fue superado y, ahora, si se oponen a los programas sociales de un Gobierno, si no tienen votos para disputar elecciones directas, se valen del impeachment".

La jefa de Estado admitió que le "partirá el corazón" no poder inaugurar, en diciembre, un obra crucial en una empobrecida región del noreste del país.

"Si hay una cosa de la que voy a estar muy triste será no estar aquí para ver a María o a João abrir el grifo y salir el agua", afirmó Rousseff en un discurso en Cabrobó, en el estado de Pernambuco (noreste), donde se ejecutan las obras del trasvase del río San Francisco.

"Se me partirá el corazón. Va a ser una injusticia, porque nosotros luchamos por hacer esa obra", agregó la mandataria.

Rousseff señaló que los gobiernos de corte progresista han podido arribar al poder por la vía electoral, pero resaltó que se observan en la región "conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo que provoca disconformidad en ciertos sectores", y que desembocan en mecanismos políticos "aparentemente democráticos".

La cuestionada presidenta subrayó que su posible destitución "no es un golpe solo contra la democracia, sino contra los procesos de inclusión social en América Latina" y que, a su juicio, contenían políticas que daban fomentaban el crecimiento y el desarrollo.

También insistió en que su posible destitución "no tiene base jurídica", pues "no he cometido delitos de corrupción", sino que se le acusa por asuntos de "administración presupuestaria que no son base para alejar a un presidente".Y concluyó su discurso diciendo que "hay un intento de alcanzar el gobierno no a través de las vías electorales".

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