El expresidente será interrogado mañana por el Lava Jato.

Lula y Moro, cara a cara. El expresidente y líder histórico del Partido de los Trabajadores (PT) y el juez que encarna la cruzada anticorrupción en Brasil, se verán por primera vez mañana miércoles. En Curitiba, "capital de la Operación Lava Jato", el juez Sergio Moro interrogará a Luiz Inácio Lula da Silva, para determinar si recibió un lujoso apartamento de la constructora OAS, enlodada en la red de sobornos de Petrobras, como retribución de favores ilegales. La comparecencia se verá rodeada de fuertes medidas de seguridad, dado que tanto partidarios como adversarios de Lula se darán cita en las calles de esta prolija y rica ciudad del sur brasileño.

La fiscalía acusa a Lula de haber recibido 3,7 millones de reales (1,16 millones de dólares) de OAS, incluyendo un tríplex en el balneario de Guarujá (San Pablo) y el costeo del almacenamiento de sus bienes personales y de su acervo presidencial entre 2011 y 2016.

La sentencia será leída entre 45 y 60 días después, según estimaron en el famoso juzgado número 13, que comanda Moro. Si es condenado, y el fallo ratificado en segunda instancia, Lula deberá bajarse de la elección presidencial de 2018, que lidera holgadamente según todos los sondeos.

Lula niega los cargos y denuncia una persecución judicial. "No me están juzgando por corrupción, sino por la forma en que goberné este país", dijo hace diez días en Río Grande del Sur, en un acto que rezumaba aroma de campaña.

Este caso es apenas una de las cinco acciones penales que enfrenta Lula, la mayoría de ellas por corrupción, algunas durante sus años en el Palacio de Planalto.

Para Sylvio Costa, director del portal político Congresso em Foco, no hay dudas sobre el desenlace: "Lula va a ser condenado. Moro lo va a condenar, todos los indicios van en ese sentido. El juez Sergio Moro ya lo condenó y en algún momento va a formalizarlo en una sentencia". "¿Será suficiente para impedir su candidatura?", se preguntó.

El enfrentamiento entre el joven juez de 44 años y el veterano político de 71 estalló en marzo de 2016, cuando la policía golpeó la puerta de la residencia de Lula durante la madrugada. Las calles aledañas habían sido bloqueadas por un fuerte operativo repleto de uniformes camuflados, vehículos y armas largas.

Lula fue llevado coercitivamente a declarar y ese mismo mes la corte suprema bloqueó su nombramiento como jefe de Gabinete de Dilma Rousseff. ¿La causa? La divulgación de una conversación entre ambos, que sugería que su designación buscaba darle fueros para protegerlo de la justicia ordinaria. Ambas órdenes salieron del juzgado de Moro.

Cuando se encuentren mañana miércoles, la capital del estado de Paraná estará sitiada por las fuerzas de seguridad.

Sindicatos, movimientos sociales y el PT esperan reunir 30.000 activistas y las autoridades informaron que habían recibido muchos pedidos de manifestantes antagónicos al expresidente.

El juzgado será vallado, la ciudad reforzará sus controles de autobuses y nadie podrá acercarse al edificio de la Justicia ni al pequeño santuario erigido enfrente para respaldar a Lava Jato.

"La idea es que no haya contacto entre los dos grupos", dijo Wagner Mesquita, secretario de Seguridad Pública de Curitiba.

La posibilidad de conflictos entre manifestantes a favor y en contra de Lula ya obligó a Moro aplazar el interrogatorio, que inicialmente estaba previsto para el 3 de mayo. El Tribunal de Curitiba, igualmente por motivos de seguridad, suspendió las audiencias prevista para mañana miércoles y recomendó que jueces y funcionarios de otros despachos no vayan a trabajar.

El juez Sergio Moro pidió que los manifestantes no acudan al tribunal y que eviten incidentes durante el interrogatorio de Lula. Tras la decisión del PT de reunirse frente al tribunal de Curitiba, Moro recomendó que quienes apoyan las investigaciones contra la corrupción en Petrobras y se oponen al expresidente se abstengan de organizar protestas en el mismo lugar.

Según la fiscalía, Lula recibió un soborno de 3,7 millones de reales (1,16 millones de dólares) de OAS. La empresa le habría ofrendado un tríplex en Guarujá balneario de San Pablo, cuando aún era presidente.

El juez Sergio Moro investiga si Odebrecht ofreció 12 millones de reales para comprar un terreno en San Pablo donde sería erigido el Instituto Lula, como parte de un acuerdo para distribuir sobornos recibidos por el PT.

Lula es acusado de lavado de dinero y tráfico de influencia en la compra por parte del Estado brasileño de aviones de combate suecos Gripen por 5.000 millones de dólares, durante la presidencia de Dilma Rousseff (2011-2016).

Este proceso investiga la denuncia del exsenador del PT Delcidio do Amaral, que afirma que Lula participó de un plan para comprar el silencio de un exdirectivo de Petrobras involucrado en el fraude de la petrolera estatal.

Lula es acusado de tráfico de influencia, corrupción pasiva, lavado de dinero y formación de una organización delictiva junto a Marcelo Odebrecht entre 2008 y 2015. Lula "influenció" en el Bndes para favorecer a Odebrecht.

AFP, EFE

CASO DE CORRUPCIÓNAFP, EFE