El secreto judicial que cubre la lista de 54 políticos implicados en las corruptelas en la petrolera brasileña Petrobras puso ayer a muchos legisladores a la defensiva, frente a la sospecha de que puedan estar entre los acusados por la Fiscalía.

El secreto judicial que cubre la lista de 54 políticos implicados en las corruptelas en la petrolera brasileña Petrobras puso ayer a muchos legisladores a la defensiva, frente a la sospecha de que puedan estar entre los acusados por la Fiscalía.

La lista del llamado "núcleo político" de las corruptelas en la mayor empresa de Brasil fue entregada la víspera a la Corte Suprema, que la mantiene bajo un estricto sigilo que solo se romperá una vez que el juez instructor, Teori Zavascki, decida si acepta la denuncia presentada por el fiscal general, Rodrigo Janot.

"Obviamente, hay un clima de tensión y ansiedad en el Congreso", declaró el ministro de Relaciones Institucionales, Gilberto "Pepe" Vargas, quien admitió que "hay mucha preocupación" con las sospechas que circulan de forma oficiosa, que apuntan tanto a políticos del oficialismo como de la oposición. El presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, y el del Senado, Renan Calheiros, ambos del mismo partido de centro y aliados del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, negaron sin embargo haber sido informados. "No recibí ninguna información", dijo Calheiros. Más decida fue la réplica de Cunha: "Son solo mentiras", sentenció. Calheiros en el pasado estuvo envuelto en otros escándalos de corrupción, destacó la prensa local.

Ante el silencio judicial, la prensa local ha publicado una vasta información no confirmada sobre la llamada "lista negra" e incluido entre los supuestamente implicados a los mencionados legisladores.

También aparecen en la lista de la prensa influyentes legisladores, como el senador y expresidente Fernando Collor de Melo o la senadora Gleisi Hoffmann, que fue hasta hace un año ministra de la Presidencia en el Gobierno de Dilma Rousseff, con quien mantiene una estrecha relación.

Calheiros, quien ya había negado su participación en el asunto, insistió ayer en que no tiene "nada que ver" e instó al Senado a "trabajar" sin prestarse a "especulaciones".

Uno de los primeros en desmarcarse fue el diputado Arthur Lyra, del oficialista Partido Progresista (PP), quien ayer se vio obligado a comentar el caso después de ser elegido presidente de la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara Baja. "No tengo nada que ver con ese asunto", declaró Lyra, también citado por la prensa como posible implicado. "Espero no estar, pero si debo explicar algo, será a la justicia", dijo el diputado, quien ya avisó que en caso de estar en la lista, no renunciará a su escaño.

Ese último comentario fue en respuesta a una iniciativa del opositor Partido Socialismo y Libertad (PSOL), que pide la renuncia de los parlamentarios implicados para evitar probables procesos de destitución que pudieran paralizar a las cámaras si entre los acusados hay decenas de legisladores.

Por su parte, la diputada Eliziane Gama, del opositor Partido Popular Socialista (PPS), dirigió un documento a la Fiscalía en el que pide que se informe a la brevedad sobre los acusados, pues se teme que algunos hasta sean miembros de una comisión parlamentaria creada precisamente para investigar la corrupción en Petrobras. Según el senador Aloysio Nunes, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), "quien no debe no teme" y el Parlamento debe esperar a que se cumpla el trámite legal. "Eso es lo normal en un país normal cuando se quiere acabar con la impunidad", declaró en la tribuna del Senado.

El caso se investiga desde hace casi un año en torno a una vasta red de corrupción enquistada en la petrolera estatal desde hace más de una década y que se habría apropiado de varios miles de millones de dólares. La Policía ha llevado a prisión a exdirectivos de Petrobras y a un grupo de empresarios.

Con Dilma Rousseff debilitada políticamente —su popularidad cayó 19 puntos a 23% según el último sondeo Datafolha de febrero— y en medio de "una crisis económica, hay que ver cómo con ese grupo de 54 nombres, incluyendo los presidentes de la Cámara y el Senado, van a discutir una agenda compleja de ajuste fiscal" prioritaria para el gobierno, dijo a la AFP, André César, analista político independiente afincado en Brasilia. "El daño está hecho. No hay para dónde correr. (...) Cuál será la escala de ese daño, depende del comportamiento del gobierno. Tiene que traer al PMDB para conversar semana a semana, incluirlos en la formulación de políticas estratégicas, es fundamental para salir de la crisis lo menos chamuscado posible", añadió el experto consultado. AFP

El fiscal remitió ayer al juez la nómina con los 54 imputados por PetrobrasEFE Y ANSA