RUSIA

Ley permite calificar de "agentes extranjeros" a medios

Putin promulga normativa contra los medios foráneos.

Vladimir Putin. Foto: Reuters
Vladimir Putin. Foto: Reuters

El presidente ruso, Vladimir Putin, rubricó el sábado una nueva ley que permite a las autoridades calificar a los medios foráneos como "agentes extranjeros", en respuesta a lo que Moscú califica como una presión inaceptable por parte de Estados Unidos sobre la prensa rusa. La nueva ley fue aprobada de forma acelerada en las dos últimas semanas en ambas cámaras del Parlamento ruso, y permitirá a Moscú obligar a los medios foráneos a calificar las noticias que difunden a la población local como obra de "agentes extranjeros" y revelar sus fuentes de financiación.

El sábado se publicó una copia de la ley en la base de datos legislativa digital del gobierno ruso, precisando que entraba en vigor el mismo día.

Las medidas de Rusia contra los medios estadounidenses son consecuencia de las acusaciones de que Moscú interfirió en la elección presidencial del año pasado en Estados Unidos en favor de Donald Trump.

Funcionarios de inteligencia estadounidense han acusado al Kremlin de usar compañías mediáticas que financia para influir en los votantes del país norteamericano, y Washington ha pedido desde entonces a la emisora estatal rusa RT que registre una compañía afiliada en Estados Unidos como un "agente extranjero". Moscú ha negado en repetidas ocasiones haberse entrometido en los comicios y asegura que las restricciones a las empresas de medios rusas en Estados Unidos son un ataque contra la libertad de expresión.

El Ministerio de Justicia ruso publicó la semana pasada una lista de nueve medios respaldados por Estados Unidos que podrían verse afectados por los cambios.

Asimismo, aseguró que se había comunicado con Voice of America y Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) —ambos apoyados por Washington— junto con otras siete empresas informativas rusas o en idioma local dirigidas por RFE/RL.

Las Organizaciones No Gubernamentales, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han cuestionado la ley porque obliga a proporcionar a las autoridades información sobre su situación financiera.

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