ANÁLISIS

Una ley que amenaza

Un mensaje u opinión que se haga público en Venezuela y que sea considerado por el Gobierno como un insulto o expresión de "odio" podría llevar a la cárcel a ciudadanos comunes, a cerrar medios y a sancionar a partidos políticos gracias a una polémica ley que acaba de entrar en vigor en el país.

Nicolás Maduro saluda a sus simpatizantes. Foto: AFP
Nicolás Maduro saluda a sus simpatizantes. Foto: AFP

La "Ley contra el odio", que consta de 25 artículos y dos disposiciones transitorias, fue aprobada de forma unánime por la Asamblea Nacional Constituyente.Según reza el primer artículo, la ley tiene por objeto "contribuir a generar las condiciones necesarias para promover y garantizar el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia, el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar todo tipo de odio, desprecio, hostigamiento, discriminación y violencia".

Sin embargo, ha sido criticada por el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, que asegura que el gobierno de Nicolás Maduro busca con este marco jurídico promover y no prevenir el odio y la intolerancia.

El centro de gravedad de la ley está en el artículo 20, que textualmente indica: "Quien públicamente (...) fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas (...) será sancionado con prisión de 10 a 20 años".

Este apartado abre la posibilidad de que cualquier opinión que sea expresada "mediante cualquier medio apto para su difusión pública" pase a ser evaluada bajo los parámetros de esta ley, por lo que formas de expresión como los comentarios de los ciudadanos comunes en las redes sociales podrían convertirse en pruebas de sus propios delitos.

La luz verde a estos 25 artículos que hablan de "erradicar cualquier forma de violencia política" ha dado paso a la especulación sobre la posibilidad de que las autoridades encarcelen a quienes emitan opiniones contrarias al Gobierno en espacios como Twitter, Facebook o Instagram.

Los impulsores alegaron hasta el cansancio que la Ley pondrá freno a los "sectores extremistas" de la oposición, a los que acusan de haber provocado la ola de protestas que sacudió al país. 

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