Divulgación de escuchas pesó en la decisión del Supremo.

La Corte Suprema de Brasil decidió ayer que las averiguaciones relativas al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva quedarán bajo su jurisdicción, con lo que le retira el caso al juez Sergio Moro, que investiga la trama de corrupción en Petrobras.

La decisión se fundamentó en que en unas polémicas escuchas telefónicas ordenadas por Moro en desarrollo de una investigación contra Lula grabaron conversaciones del exmandatario con la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, y otras autoridades aforadas.

Las grabaciones fueron divulgadas por Moro el mismo día que la mandataria designó a Lula como ministro de la Presidencia, lo cual generó una inmensa polémica que echó más leña al fuego de la crisis política en que está sumergido el país.

El nombramiento de Lula como ministro fue objeto de una andanada de medidas cautelares dictadas por jueces de primera instancia y sigue en suspenso, a la espera de una decisión del propio Supremo.

Algunas de las grabaciones, y en especial la de una conversación entre Lula y Rousseff, sugieren que su nombramiento pudiera esconder la intención de ayudarle a evitar a la justicia común y trasladar las investigaciones al Supremo, a fin de darle largas al proceso.

Lula es objeto de dos investigaciones, en ambos casos por alegada corrupción, que comenzaron en tribunales de Sao Paulo y Curitiba, este último a cargo del juez Sergio Moro, y ahora pasarán a la órbita del Supremo Federal.

La Fiscalía de San Pablo, que ya ha presentado una denuncia formal contra Lula, investiga si es el verdadero propietario de un apartamento de playa por el que pagó una cuota inicial, que fue sometido a millonarias reformas y está a nombre de una constructora involucrada en los desvíos de Petrobras.

En Curitiba, se intenta determinar si los cuantiosos aportes de constructoras involucradas en el escándalo de Petrobras al Instituto Lula y a una empresa creada por el expresidente en el marco de su actividad de conferenciante están relacionados a los desvíos en la petrolera estatal.

En medio de esta tensión política que vive Brasil por las acusaciones contra Lula y la presidenta Rousseff, el líder de la oposición en Brasil, el centro-derechista Aécio Neves, propuso ayer la celebración de un referéndum a partir de 2018 para que los brasileños se pronuncien acerca de un cambio de régimen en el país, del presidencial al parlamentario.

"Una vez aprobada en el parlamento una enmienda parlamentaria, habrá que someterla a un referéndum para que la población apruebe o no lo que fue acordado en el Parlamento nacional", dijo a la prensa el líder opositor, favorable a la dimisión de Rousseff por los casos de corrupción que cercan a su Gobierno.

Neves participó en Lisboa en la clausura del cuarto seminario en Derecho luso-brasileño organizado por el magistrado del Tribunal Supremo de Brasil, Gilmar Mendes, en el foco mediático por haber suspendido de forma cautelar el nombramiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro de la Presidencia.

El dirigente del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) explicó que para llegar al parlamentarismo es necesario implementar reformas con antelación.

"Superado el actual impasse y si sucede la retirada de la presidenta (Dilma Rousseff), nosotros vamos a aprobar un conjunto de reformas los próximos año y medio o dos años, que pasa principalmente por la restricción del número de partidos políticos" para evitar la fragmentación parlamentaria, abogó.

En plena agitación política, económica y social en Brasil, Neves aclaró que su partido defiende la formación de un Gobierno de transición en el país que sea de carácter no partidista y que esté liderado por el actual vicepresidente de la República, Michel Temer, hasta la concreción de elecciones.

El coronel Adilson Moreira, jefe de la Fuerza Nacional de Seguridad de Brasil, renunció a su cargo después de haber difundido una carta con duras críticas al Gobierno y a la presidenta Dilma Rousseff, informaron ayer fuentes oficiales.

La exoneración de Moreira, que era uno de los responsables por la organización del operativo de seguridad para los Juegos Olímpicos que se celebrarán en Río de Janeiro en agosto próximo, entre otros asuntos, fue publicada ayer en el Diario Oficial.

Aunque no se aclaran los motivos, el propio Moreira los explicó en una carta que envió hace unos días a otros miembros de la Fuerza Nacional de Seguridad, difundida ayer por la prensa local.

"Mi familia lo exige, pues no se precisa ser muy inteligente para saber que somos dirigidos por un grupo sin escrúpulos, incluyendo a la Presidenta de la República", indica el coronel, quien añade que se siente "avergonzado" por esa situación.

Moreira sostiene que pasaba por un "conflicto ético, al servir a un Gobierno con tamaña complejidad política" y del cual manifestó que "no está interesado en el país, sino en mantener el poder a cualquier costo".

En un comunicado oficial, el Ministerio de Justicia afirmó ayer que las declaraciones del coronel "son muy graves" y pudieran suponer "una falta disciplinaria y un gesto de deslealtad administrativa", por lo que ha iniciado una investigación que pudiera redundar en algún tipo de sanción.

VIDEOEFE Y AFP