CRISIS POLÍTICA

Justicia venezolana autorizó juicio contra fiscal general

De acuerdo con la ley, el Tribunal Supremo de Justicia puede declarar en Sala Plena si existe o no mérito para enjuiciar a los altos funcionarios, como la fiscal.

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Luisa Ortega, fiscal venezolana. Foto: AFP

El máximo tribunal de justicia de Venezuela autorizó la apertura de un juicio contra la fiscal general, Luisa Ortega, confesa chavista convertida en la mayor crítica del gobierno de Nicolás Maduro.

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) "admitió en cuanto ha lugar en derecho la solicitud de antejuicio de mérito (...) por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo", anunció la corte en una nota oficial.

El diputado oficialista Pedro Carreño interpuso el recurso el pasado jueves argumentando que la jefa del Ministerio Público "mintió" al asegurar que no había respaldado la selección de 33 magistrados del TSJ -acusado por la oposición de servir al gobierno- que fueron designados en diciembre de 2015 por la entonces mayoría parlamentaria chavista.

"Ella mintió al país. Serán consideradas como faltas graves del fiscal atentar, amenazar o lesionar la ética pública o la moral administrativa", dijo Carreño.

De acuerdo con la ley, el TSJ puede declarar en Sala Plena si existe o no mérito para enjuiciar a los altos funcionarios, como la fiscal. El enjuiciamiento puede llevar a la remoción, que en el caso de la fiscal corresponde al Parlamento.

La Asamblea legislativa, de amplia mayoría opositora, respalda a la fiscal en su enfrentamiento con Maduro y el TSJ, al que Ortega acusa de haber roto el orden constitucional.

"El TSJ puede decidir lo que quiera, pero la única forma de destituir a la Fiscal es si lo autoriza la AN. Y adivinen... No lo haremos", expresó en Twitter Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento, de mayoría opositora.

Sin embargo, el TSJ considera "nulas" todas las decisiones del Parlamento, al declararlo en "desacato" desde enero de 2016 apenas recién asumía la oposición el control de la Asamblea.

En el pasado la corte apeló a la figura de la "omisión legislativa" para avalar por ejemplo un decreto de emergencia económica dictado por el mandatario.

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