La Justicia argentina dispuso ayer miércoles buscar pruebas de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner intentó encubrir a ex gobernantes iraníes acusados por el atentado en 1994 contra el centro judío AMIA.
El juez federal Ariel Lijo delegó en el fiscal federal Gerardo Pollicita la búsqueda de medidas probatorias de que la firma del tratado entre Argentina e Irán en 2013 para formar una comisión internacional investigadora del atentado, con saldo de 85 muertos y 300 heridos, fue una maniobra de encubrimiento.
La acusación original contra Cristina fue lanzada en enero de 2016 por el primer fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman. El funcionario apareció muerto cuatro días después en el baño de su departamento con un tiro en la sien.
La dirigencia comunitaria argentina y los gobernantes de Israel apoyan la investigación contra Cristina. La expresidenta, que gobernó entre 2007 y 2015, argumenta que la denuncia es un caso de persecución política por su condición de opositora al gobierno de Mauricio Macri, y que si hubiera un delito nunca se cometió porque el tratado no entró en vigor.
El memorándum de entendimiento argentino-iraní tuvo un aval mayoritario del Congreso, incluso de legisladores que apoyan ahora al macrismo, pero Irán nunca lo revalidó.
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