LA CRISIS EN ESPAÑA: CATALUÑA CAMINO A LA SECESIÓN

Jefe de los Mossos citado a declarar acusado de sedición.

AFP, EFE

MADRID

Desde Madrid, la Justicia española estrecha el cerco sobre los independentistas catalanes. Ayer citó a declarar por sedición al jefe de la policía regional y a dos líderes independentistas de Cataluña. El martes el rey Felipe VI acusó al gobierno catalán de "deslealtad" y pidió al Estado defender el orden.

Los citados son el comandante de los Mossos dEsquadra, Josep Lluís Trapero, la intendente Teresa Laplana, y los líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, dirigentes de las asociaciones Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural, respectivamente. Todos deberán declarar mañana viernes ante la Audiencia Nacional, máxima instancia penal.

El delito de sedición está castigado en España con una pena máxima de prisión de 10 años en el caso de ciudadanos ordinarios, y de 15 años si se trata de autoridades.

La investigación está relacionada con las manifestaciones del 20 y el 21 de septiembre frente a una dependencia del gobierno catalán en Barcelona. Los manifestantes dañaron los vehículos policiales y retrasaron la salida de los agentes hasta la madrugada.

El día 20 de septiembre una multitud rodeó la Consejería de Economía en Barcelona mientras la Guardia Civil la estaba registrando por orden judicial, en una operación para impedir el referéndum del 1° de octubre.

Tras esta concentración, que retuvo a los agentes durante horas en el edificio, la Fiscalía denunció los hechos como constitutivos de un delito de sedición y la juez Carmen Lamela le dio trámite al entender que el fin último de los disturbios es el de una ruptura de la forma de Gobierno. La juez pidió el informe de la Guardia Civil, que incluye hasta seis solicitudes de apoyo a los Mossos dEsquadra en relación con esos incidentes, con escuetas respuestas de que se había dado trámite.

Durante la concentración se destrozaron tres coches de los agentes, que según comunicaron a los Mossos, tenían "armas largas" que, si los manifestantes hubieran accedido a los vehículos, "podría incrementarse la amenaza de forma muy importante", explican en el informe.

A las diez de la noche se dio por finalizado el registro, pero la comisión judicial "quedó retenida y sitiada en contra de su voluntad". A juicio de la Guardia Civil, Sánchez y Cuixart demostraron capacidad para coordinar la protesta, pero no usaron ese control para disolver una manifestación que habían convocado y que estaba "coaccionando" a los agentes, sino que más tarde, en la madrugada, "la masa" intentó acceder al edificio por la fuerza.

La secretaria judicial salió por un edificio anexo, un teatro, camuflada entre el público que había ido a la función, y los agentes salieron entre las cuatro y las siete de la mañana.

Además, el informe deja constancia de que aquel día la Guardia Civil envió hasta 24 solicitudes de apoyo a los Mossos, diez de ellas con carácter urgente, en diversos puntos de Barcelona y otras ciudades y pueblos de Cataluña.

La actuación de los Mossos, al mando de Trapero, también ha sido cuestionada durante la celebración del referéndum, ya que tenían la misión de desalojar los colegios designados por el Gobierno catalán para la votación, pero se limitaron a comunicar esa orden a las personas allí concentradas, pero no los obligaron a acatar la orden.

Con los locales llenos, a lo largo de la mañana del día 1° de octubre hubo numerosas cargas policiales, por parte de la Guardia Civil y de la Policía española para desalojar los centros e impedir la votación, lo que provocó más de 800 heridos, según el Gobierno catalán.