HORAS DE DEFINICIONES

Tribunal Constitucional anuló la ley del referéndum catalán.

La crisis en España por el movimiento independentista en Cataluña está entrando en sus horas de definición. Ayer martes el Tribunal Constitucional español anuló definitivamente la ley catalana por la que el gobierno regional convocó el referéndum del 1° de octubre sobre la independencia, recordando que Cataluña no tiene el derecho a la autodeterminación. Por su parte, el presidente catalán, el secesionista Carles Puigdemont, mantiene su negativa a dar marcha atrás.

Mañana jueves, a la hora 10 de España (hora 5 de Uruguay), vence el plazo que el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, le dio a Puigdemont para renunciar a sus planes independentistas. En caso contrario, Rajoy aplicará el artículo 155 de la Constitución española que habilita al Gobierno central a intervenir en la administración de una región que se aparte de la legalidad.

"Para ninguno de los pueblos de España (...) existe un derecho de autodeterminación", indicó el fallo unánime de los doce jueces del Tribunal Constitucional. El "derecho a promover y consumar su secesión unilateral del Estado (...) no está reconocido en la Constitución", agregó.

Desde 2014, la Justicia española ha anulado sistemáticamente las decisiones y resoluciones del ejecutivo y del parlamento de Cataluña destinadas a la organización de un referéndum de autodeterminación.

La ley anulada ayer ya había sido suspendida de modo cautelar el pasado 7 de septiembre, al día siguiente de ser aprobada por el Parlamento de Cataluña, en una caótica sesión que fue calificada por diputados unionistas como "golpe de Estado" de la mayoría independentista.

El referéndum tuvo lugar el 1° de octubre, pese a los esfuerzos del gobierno central y la Justicia española por impedirlo. La consulta, que no contó con las garantías electorales habituales, fue ganada por el sí con un 90% de los votos pero solo con un 43% de participación.

La sentencia de ayer del Tribunal Constitucional reprocha al Parlamento catalán haber dejado a los ciudadanos "a merced de un poder que dice no reconocer límite alguno" y, por tanto, es arbitrario.

Mientras la Justicia sigue su curso, la tensión política y social crece en Cataluña por el ingreso en prisión, acusados de sedición, de los líderes de dos organizaciones independentistas, y el anuncio del ejecutivo regional catalán de que mantendrá la oferta de un diálogo "sin condiciones" con el gobierno español.

La detención de los dirigentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y de la Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, el lunes ha provocado la reacción de los sectores independentistas catalanes, que se concentraron ayer a lo largo del día para protestar contra la Justicia española y la actitud "represiva" del ejecutivo de Rajoy.

A mediodía, miles de empleados abandonaron sus puestos de trabajo en Barcelona y otras localidades catalanas para exigir en silencio "la liberación de los presos políticos", en referencia a Cuixart y Sánchez.

En la plaza barcelonesa de Sant Jaume, Puigdemont y parte de su gobierno se unieron a los manifestantes, que gritaban "libertad", "independencia" y "la represión no es la solución".

La respuesta que Puigdemont debe dar antes del jueves a Rajoy será, en palabras del portavoz del ejecutivo regional catalán, Jordi Turull, una nueva oferta de diálogo "sin condiciones".

"Ni plegaremos velas ni nos quedaremos contemplativos viendo cómo ocupan las instituciones catalanas", dijo el portavoz catalán, aunque no concretó si el gobierno regional levantará la suspensión de la declaración de independencia en caso de que se aplique el artículo 155 de la Constitución.

Rajoy anunció el lunes que si Puigdemont no renunciaba a la independencia y no se acogía a la ley española, aplicaría dicho artículo, que le otorga la facultad de asumir directamente funciones desempeñadas por las comunidades autónomas y para ello le daba de plazo máximo hasta mañana jueves.

"El jueves no diremos nada diferente a lo que dijimos el lunes", dijo el portavoz catalán. "Nuestra apuesta sigue siendo el diálogo. ¿Quieren sentarse a hablar?", preguntó Turull al gobierno de Rajoy.

La Liga retrasó dos semanas el concurso de los derechos de televisión del campeonato español a nivel internacional debido a la inquietud que ha provocado una posible exclusión del Barcelona si Cataluña se independiza. Esta posibilidad de salida parece muy remota y el propio Barcelona ya ha dejado entrever que su intención es seguir jugando en el campeonato español.

Un total de 691 empresas anunciaron el traslado de sus sedes de Cataluña en octubre, más que en los nueve meses anteriores, informó ayer martes el Colegio de Registradores de España. En el mismo mes, 38 empresas instalaron su sede en Cataluña. Entre las empresas que se fueron, están seis de las siete sociedades catalanas con el principal índice de la Bolsa de Madrid.