La bitácora

La Justicia en el Estado ausente

La injusticia hecha a uno solo, es una amenaza dirigida a todos", explicó Montesquieu en El espíritu de las leyes.

No lo tuvo en cuenta el juez argentino que redujo la pena al abusador de un niño de seis años, afirmando que el pequeño era homosexual y se travestía, ergo, indujo la conducta inapropiada del mayor que lo ultrajó.

No fue el primer fallo de Horacio Piombo que evidenció homofobia y misoginia favoreciendo a pedófilos y violadores. Lo inexplicable es que haya continuado integrando un Tribunal de Casación Penal en la Provincia de Buenos Aires y dictando cátedra en una universidad nacional.

Además de misógino y homofóbico, un juez que dictamina de ese modo es un incapaz, tanto en términos intelectuales como morales. Pero el Estado provincial nunca lo había denunciado ni había canalizado las denuncias que había contra ese magistrado.

El estrafalario fallo de Piombo es una prueba más de que, en Argentina, el hiperestatismo condujo al "no Estado".

O sea, una burocracia abocada a su propio crecimiento administrativo para albergar militantes, y a intervenir de mil maneras en la economía, pero no a mejorar servicios tan cruciales como la seguridad y la justicia.

La Justicia es un campo de batalla política en el que la presidenta Cristina Fernández ordena la cacería del miembro de la Corte Suprema que más reconocimiento intelectual, ético y profesional tiene: Carlos Fayt.

¿La acusación oficial? Sus 97 años. ¿La razón real? Cristina necesita controlar al máximo tribunal, para tener un blindaje judicial que la proteja de las causas por corrupción que avanzan hacia ella y sus allegados.

Mientras la presidenta intenta cazar al anciano que, esgrimiendo su aún filosa lucidez, se atrinchera y resiste en la Corte, continúan haciendo estropicios jueces impresentables, como el kirchnerista Norberto Oyarbide, sobre quien nada dice el batallón judicial oficialista llamado "Justicia Legítima".

No es la única guerra que mantiene al sistema judicial argentino hundido en el caos. También libran feroces batallas los garantistas sensatos contra los abolicionistas, inspirados en la filosofía jurídica de Eugenio Zaffaroni.

No hay Estado de Derecho sin garantías, pero no puede haber garantías si no hay Estado. Y tanto en el terreno judicial como en el de la seguridad pública, el gobierno kirchnerista ha dejado a la Argentina sin Estado.

A ese Estado lo derrota el caos en un clásico Boca-River o en los fallos desopilantes de un juez espantosamente homofóbico.

Las guerras de Cristina contra sus "enemigos" abolió al Estado en esos terrenos tan cruciales, así como Menem lo había abolido en la economía de los años noventa.

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