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Intervención en Cataluña, salvo que haya elecciones

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Mariano Rajoy por Arotxa

LA CRISIS POLÍTICA EN ESPAÑA

Fuerte presión sobre el secesionista Puigdemont del gobierno y los ultras.

El presidente español Mariano Rajoy hizo ayer miércoles una última movida para evitar males mayores en Cataluña: le ofreció al secesionista Carles Puigdemont que convoque elecciones regionales anticipadas, y así evitar la intervención del gobierno central en su administración.

Si a esta ahora Rajoy no anunció que activará el artículo 155 de la Constitución que le habilita a intervenir en una región que se aparte de la ley, es porque Puigdemont cedió, renunció a confirmar la declaración de independencia y aceptó llamar a elecciones

"La única vía que tiene el señor Puigdemont es restaurar la legalidad vigente y, desde el punto de vista político, adelantar las elecciones", dijo ayer miércoles Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el principal de la oposición, que en este caso cerró filas con Rajoy para hacerle frente a los secesionistas catalanes.

Cuando le preguntaron si la convocatoria de elecciones acabaría con la posibilidad del 155, Sánchez respondió: "sin duda".

Hoy jueves a la hora 10 de España (hora 5 de Uruguay) venció el plazo definitivo para que Puigdemont aclare al gobierno de Rajoy si había declarado o no la independencia en una confusa sesión en el Parlamento catalán la semana pasada. En un primer plazo, que concluyó el lunes, Puigdemont se limitó a ofrecer diálogo.

La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, le lanzó un aviso este miércoles en el Congreso: no atender el requerimiento del gobierno español, "hará que el señor Puigdemont provoque la aplicación del artículo 155" de la Constitución.

Carles Puigdemont. Foto: EFE
Carles Puigdemont sí, no o a las elecciones anticipadas

"Lo único que le pido es que actúe con sensatez, con equilibrio, que ponga por delante los intereses generales de todos los ciudadanos, del conjunto de los españoles y del conjunto de los catalanes", resaltó el presidente Rajoy por su parte.

Pero Marta Pascal, la coordinadora del partido de Puigdemont, el PDCat (conservador e independentista), aseguró a periodistas que si se activa el 155 "le pediremos al presidente que levante la suspensión" de la declaración de independencia, poniendo presión sobre el jefe del Ejecutivo catalán.

Que la proclame inmediatamente le exigen sus aliados de la CUP —la extrema izquierda independentista. Los diez diputados de esta formación son esenciales para la supervivencia del gobierno catalán.

El clima se mantenía tenso desde que lunes fueran encarcelados a la espera de un eventual juicio por sedición dos líderes independentistas, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, una decisión judicial que fue contestada con movilizaciones en toda Cataluña el martes.

El responsable de Relacio-nes Exteriores del gobierno catalán, Raúl Romeva, dijo en Bruselas que la opción de adelantar elecciones no está sobre la mesa. "¿Vamos a echarnos atrás? La respuesta es definitivamente no", dijo en una rueda de prensa en Bruselas.

"Siempre nos amenazan con invocar el artículo 155 de la Constitución. Amenazan con hacer algo que ya están haciendo por la puerta de atrás", según Romeva, para quien la oferta de diálogo hecha por Puigdemont el lunes pasado "ha sido ignorada".

Sin embargo, una fuente bajo anonimato del gobierno catalán dijo que la convocatoria "no está en nuestras prioridades, pero no vamos a tomar una decisión" en un sentido u otro, hasta conocer los pasos que da el gobierno español hoy jueves.

El gobierno español podría solicitar la aplicación del artículo 155 al Senado, donde el Partido Popular de Rajoy tiene mayoría absoluta, pero donde harían falta varios días para tramitarla y votarla.

La incógnita.

Ni la vicepresidenta ni Rajoy aclararon qué medidas concretas significará el uso de ese artículo de la Constitución de 1978 que nunca se aplicó, pero los partidos de la oposición que apoyan la medida, el PSOE y Ciudadanos, quieren que desemboque en la convocatoria de elecciones regionales.

España es un país muy descentralizado y la Constitución adoptada en 1978 confiere a sus 17 comunidades autónomas amplios poderes en materia de salud y educación, por ejemplo.

Pero incluye una disposición que permite al poder central intervenir directamente en una región en caso de crisis.

En el caso de la crisis catalana, la más grave desde el regreso de la democracia en España, el Tribunal Constitucional falló que el referéndum de autodeterminación llevado a cabo por el Ejecutivo catalán el 1º de octubre fue inconstitucional.

Los independentistas afirman haberlo ganado con el 90,18% de los votos, pero con una participación del 43% y planean una declaración unilateral de independencia que está de momento en el limbo.

El artículo no especifica cuáles son las "medidas necesarias", de ahí la incertidumbre en torno a su eventual aplicación. Según los juristas españoles, permitiría tomar el control de los órganos políticos y admi-nistrativos de la comunidad autónoma rebelde, implicaría la suspensión temporal de la autonomía de la región, y podría significar la sustitución de funcionarios y cargos electos.

La presión del Barça y del Real Madrid.

El FC Barcelona pidió ayer miércoles "respeto" y "diálogo" para resolver la situación en Cataluña con una gran pancarta antes del inicio del encuentro de Liga de Campeones contra el Olympiacos. En un Camp Nou medio vacío bajo una intensa lluvia, el Barcelona desplegó un inmenso cartel amarillo de casi 50 metros, en el que se podía leer "Diálogo, respeto y deporte" en catalán, rematado por encima con el escudo del Barça. La pancarta se desenrolló al son del himno del Barcelona, mientras en las gradas aparecían algunas esteladas, la bandera independentista catalana. Por su parte, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, no contempla "una España sin Cataluña, ni una Liga sin el Barça", en una entrevista con el diario en línea El Español. "Hay hipótesis que yo no contemplo. No contemplo ni una España sin Cataluña ni una Liga sin el Barça", afirmó el dirigente merengue.

MEDICAMENTOS

Debate por agencia de la UE en Barcelona

A modo de espejismo, la ministra de Sanidad española y el responsable catalán de Salud defendieron juntos la candidatura de la ciudad de Barcelona a albergar la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) afectada por el Brexit, pero, en pleno reto independentista, los mensajes cruzados no faltaron.

Al igual que el resto de países europeos, España decidió presentar mediáticamente en Bruselas la candidatura de Barcelona, pero la presentación se produce en plena crisis entre Madrid y un gobierno catalán dispuesto a llevar hacia la independencia a esta región.

"La EMA es un proyecto de unidad. Este es un proyecto que unió a las tres administraciones y pensamos que es el buen camino para ir más allá del debate actual en Cataluña", dijo la ministra Dolors Monserrat en Bruselas, durante el acto de presentación.

Minutos antes, el responsable catalán de Salud, Toni Comín, apuntaba a que "la relación entre gobiernos debe basarse en el diálogo, la cooperación y la buena fe", en una aparente referencia a la ofensiva judicial y policial lanzada por Madrid para evitar la independencia de Cataluña.

Más positivo, el segundo teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, subrayó el "largo camino" de la candidatura: "Comenzamos este viaje juntos, trabajamos juntos, sufrimos juntos y estamos aquí hoy juntos". "Barcelona sigue siendo el mejor lugar para la EMA", agregó.

Los países europeos se han lanzado en tromba a la batalla por ser sede de la EMA, que junto a la Auto- ridad Bancaria Europea (EBA), deberán abandonar el barrio de negocios londinense de Canary Wharf por al salid de Gran Bretaña de la Unión Europea.

Barcelona aparecía como una de las candidaturas más potentes a nivel técnico, además de ser una de las preferidas de los trabajadores de la EMA para trasladarse, si bien, como reconoció hace semanas una fuente diplomática, el desafío independentista en Cataluña "no ayuda" a lograrlo.

Desde la celebración de referéndum de independencia el 1° de octubre, pese a la suspensión de la justicia española, varias empresas han anunciado el traslado de su sede social de Cataluña y la incertidumbre se cierne sobre esta región de 7,5 millones de habitantes.

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