LAS FRONTERAS SEGURAS

Inmigración: segunda batalla

El nuevo decreto de Trump con restricciones a viajes y refugiados debe regir el jueves, pero seis estados van a la Justicia pese a que es más dificil frenarlo.

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Trump afirma que la veda transitoria protege a EEUU del ingreso de terroristas. Foto: EFE

Una nueva batalla legal enfrentará esta semana el presidente Donald Trump, como consecuencia de su política de inmigración, debido a que seis estados se aprestan a presentar acciones judiciales con la finalidad de frenar el segundo decreto restrictivo del ingreso de extranjeros provenientes de seis países riesgosos para la seguridad de Estados Unidos. La nueva medida que aprobó el mandatario tendrá vigencia a partir del próximo jueves.

El presidente, en cumplimiento de una de sus promesas de la campaña electoral —realizar un análisis riguroso de cada solicitud de visa y de residencia, limitar el ingreso de refugiados y construir un muro en la frontera con México para frenar el cruce ilegal de extranjeros y la entrada de drogas— firmó un segundo decreto que corrige aspectos del primero que fueron objetados y frenados por la Justicia.

La nueva orden ejecutiva revisada suspende el programa de refugiados durante 120 días, así como la concesión de visas durante un período de 90 días a seis países de mayoría musulmana —Irán, Somalia, Yemen, Libia, Siria y Sudán— con el objetivo de revisar los procesos de autorización de las entradas y evitar el arribo de terroristas.

El texto excluye de la veda a ciudadanos de esos países que tengan residencia permanente en Estados Unidos, así como visas otorgadas con anterioridad a la vigencia de las nuevas medidas. Asimismo, hizo otra corrección al dejar fuera de la prohibición a los ciudadanos de Irak, que habían sido incluidos en el primer decreto. El cambio respecto de Irak le fue pedido por el secretario de Defensa, James Mattis y funcionarios del Departamento de Estado, para que los iraquíes que colaboraron con el Ejército de Estados Unidos, arriesgando sus vidas, puedan obtener el ingreso y permanencia en Estados Unidos.

El texto también introduce una modificación respecto de los refugiados de Siria. El primer decreto los vedaba sin límite, pero el segundo les da el mismo trato que a los refugiados procedentes de otros países. Estados Unidos no aceptará más de 50.000 refugiados en el año fiscal 2017.

Equipara.

El nuevo decreto, que el gobierno reconoció está pensado para evitar litigios, parece no lograr su propósito, debido a que ya cuenta con la oposición judicial de los estados de Hawái, Washington, Nueva York, Oregon, Minnesota y Massachusetts.

Respaldado por otros fiscales generales demócratas, Bob Ferguson, del Estado de Washington, anunció que solicitará al juez federal de distrito, James Robart, que extienda la orden que congeló la primera versión de la veda inmigratoria de Trump al nuevo decreto que firmó el presidente, el lunes pasado. El planteo del fiscal busca equiparar la primera y segunda veda de Trump y desechar el argumento de la Casa Blanca de que el nuevo texto sustituye al anterior.

En una conferencia de prensa, Ferguson reconoció que el nuevo texto firmado por Trump tiene menos alcance que el primero, aunque argumentó que las restricciones a los viajes permanecen "efectivamente como una veda a los musulmanes" y contiene varias de las mismas debilidades de la primera medida. "Es justo reconocer que la orden ejecutiva revisada reduce el alcance de quiénes son impactados de manera adversa", comentó Ferguson. "Pero, eso no quiere decir que ha superado todos los problemas constitucionales".

Alineados.

El anuncio que hizo Ferguson en la ciudad de Seattle abrió una nueva etapa de la batalla legal suscitada por los intentos de Trump de limitar los viajes a Estados Unidos de ciudadanos de un grupo de países de mayoría musulmana. Varios estados con inclinación por el Partido Demócrata se unen al litigio que promueve Ferguson.

Entre los fiscales generales que respaldan la acción judicial están Eric T. Schneiderman (Nueva York), Maura Healy (Massachusetts) —los dos abandonaron las acciones legales individuales que habían iniciado para unirse a la demanda de Ferguson— y Ellen F. Rosemblum (Oregon). Ferguson y sus colegas, junto con la fiscal general de Minnesota, Lorin Swanson, presentarán demandas destinadas a poner fin a la nueva restricción inmigratoria en los próximos días. El fiscal general de Hawái, Doug Chin, quien también es demócrata, presentó una demanda judicial por separado a comienzos de la semana pasada, cuestionando la constitucionalidad del nuevo decreto y solicitando que se impida su aplicación.

Chin explicó que su demanda está centrada en resaltar el daño que el decreto causa a la economía y el turismo de Hawái y poner en evidencia las características ilegales de un proceso que "discrimina por razón de nacionalidad". Sostuvo que "con la orden ejecutiva nueva, como nosotros la vemos, el gobierno se arroga el papel de hacer una ley que le corresponde al Congreso, en la que se prohíbe, sin establecer estándares, la entrada al presuponer que ciertas personas están más inclinadas a ser terroristas".

Chin estimó que tanto residentes en Hawái con familiares en los países incluidos en la veda como el turismo, pueden verse golpeados por la nueva medida.

Por su parte, en su línea argumental, el fiscal Schneiderman (Nueva York) expone que "la última orden ejecutiva del presidente Trump es una prohibición a musulmanes con otro nombre, al imponer políticas y protocolos que una vez más violan (...) la Constitución de Estados Unidos".

Protección.

El gobierno respondió a los anuncios de acciones judiciales, a través del vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, quien dijo a los periodistas que el gobierno se siente muy confortable defendiendo el nuevo decreto y no le preocupa el planteo judicial presentado por Hawái.

"Estamos muy confiados por la manera cómo se elaboró la orden ejecutiva y la información y asesoramiento que se tuvieron en consideración para aprobarla", señaló Spicer.

Trump y sus asesores presentan las regulaciones a los viajes como un esfuerzo destinado a proteger la seguridad nacional y subrayan que no están inspirados en la discriminación religiosa.

A su vez, el secretario de Seguridad Interior, John F. Kelly, que anunció el decreto junto con sus colegas de Estado, Rex Tillerson y de Justicia, Jeff Sessions, manifestó que "los viajes sin análisis ni regulaciones no constituyen un privilegio universal, especialmente cuando está en juego la seguridad nacional".

Sin dificultad.

La frontera con Canadá no crea problemas a Estados Unidos. Así lo afirmó el secretario Kelly después de las reuniones que sostuvo en Toronto, el viernes, con su colega canadiense, Ralph Goodale y otros ministros. En declaraciones a la radiotelevisión pública CBC, Kelly dio a entender que las autoridades estadounidenses no tienen problemas con la situación fronteriza con Canadá y recalcó que cada día más de 10.000 camiones y unas 40.000 personas viajan entre los dos países sin obstáculos.

Respecto del fuerte aumento de los solicitantes de asilo en Canadá que llegan tras cruzar de forma irregular la frontera desde Estados Unidos, tanto Kelly como Goodale afirmaron que intentan entender exactamente qué está pasando. Kelly insinuó que el aumento de refugiados procedentes de su país no está relacionado con la política del presidente Trump y en cambio parece guardar relación con redes de tráfico de personas que están beneficiándose del transporte de individuos a Canadá.

Cae 36% el número de ilegales en la frontera.

El número de inmigrantes indocumentados descubiertos a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos tuvo significativo descenso el mes pasado, lo que el gobierno del presidente Donald Trump estima es una señal de que su política de combate a la inmigración ilegal puede estar desalentando los cruces fronterizos. Alrededor de 840 personas por día fueron detenidas o frenadas cuando ingresaban por vía ilegal a Estados Unidos desde México, en febrero, lo que constituye una caída de 36% en relación con el mismo mes de 2016, indicó Aduanas y Protección Fronteriza. Asimismo, la cifra marca un descenso del 39% en relación con enero. "Los resultados iniciales muestran que la aplicación de la ley importa, la disuasión importa y que la completa imposición de las normas de inmigración pueden tener impacto", dijo el secretario de Seguridad Interior, John Kelly.

POLÍTICA MIGRATORIA CON REPERCUSIÓN MUNDIAL.

Donald Trump - Presidente de Estados Unidos.

Limita el ingreso desde seis países con mayoría musulmana que ponen en riesgo la seguridad de Estados Unidos. Expulsa a extranjeros delincuentes y busca una solución a otros que están ilegalmente. Ratificó que construirá el muro a lo largo de la frontera con México.

Enrique Peña Nieto - Presidente de México.

Su país tiene una frontera de 3.200 kilómetros con Estados Unidos. A lo largo de 1.164 kilómetros hay una valla. México rechaza el plan de Trump de construir un muro en la frontera y se niega a pagar la obra. Igual busca mantener una relación de respeto con su vecino.

Justin Trudeau - Primer Ministro de Canadá.

Sostuvo una reunión con Trump en la que quedaron en evidencia las diferencias de enfoque en política migratoria. Canadá preserva su seguridad, pero tiene apertura para recibir inmigrantes y refugiados. La frontera entre los dos países no presenta grandes problemas.

Angela Merkel - Canciller de Alemania.

El martes, se reúne con Trump en la Casa Blanca. El presidente afirma que Merkel cometió el error catastrófico de permitir el ingreso de miles de refugiados de Siria y otros países de Medio Oriente. Ella discrepa con la veda migratoria y la política comercial de Trump.

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