Si en las elecciones regionales de septiembre los partidos independentistas obtienen la mayoría, Cataluña dará un año y medio de plazo al Gobierno español para negociar, tras lo cual declarará su independencia como "república catalana", afirmó a El País el diplomático catalán Albert Royo.

"Los tribunales españoles no pueden suspender las elecciones del 27 de septiembre, como impidieron la realización de un referendo sobre la independencia o la autonomía. Si en esas elecciones hay mayoría favorable para ello, vamos a entender que existe un mandato legal a favor de la independencia. Al día siguiente le comunicaremos al mundo y a Madrid este mandato democrático. Y luego comenzará un proceso de un año y medio para discutir con Madrid y Europa cómo será esa república catalana".

Royo es secretario general del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), un organismo mixto que integran entidades estatales, cámaras empresariales, sindicatos, universidades locales y hasta el Fútbol Club Barcelona.

Una de los motivos de la visita a Uruguay de una misión de Diplocat es observar el proceso electoral, con vistas a una futura reforma de la ley electoral catalana. El otro es brindar su versión sobre el proceso independentista catalán, ya que, según enfatizó Royo, "el Gobierno español solo cuenta una parte de la historia". Los embajadores de España dan la versión del Gobierno del Partido Popular (PP) y el mundo se informa a través de corresponsales que están en Madrid, sostuvo. Royo admitió que "no es seguro" el triunfo de los independentistas en los comicios regionales, "pero de todos modos hay que votar para saberlo". "Si el Gobierno español hubiera autorizado el referendo hace dos años, seguro lo ganaba y quedaba como un caballero. Ahora habrá que verlo", dijo.

El diplomático acusó al Gobierno de Mariano Rajoy de llevar adelante una "agenda de recentralización absoluta de las atribuciones cedidas a las regiones", y en particular una "política agresiva contra la identidad, la cultura y hasta el idioma catalán". Y criticó las resoluciones del Tribunal Constitucional que canceló los intentos catalanes de celebrar un referendo formal y legal sobre el tema, además de reinterpretar o anular disposiciones del Estatuto catalán. "Cinco de los 12 miembros del tribunal están fuera de mandato pero no se renueva por falta de acuerdo de los partidos mayoritarios españoles", apuntó.

En 2016 habrá elecciones generales en España, por lo cual el nuevo Gobierno puede cambiar la situación. "Esperamos convencer a Madrid de que los temas en democracia se resuelven a través del voto y la negociación. Y esperamos que el mundo nos ayude a convencerlo. Buscamos un marco similar al del reciente referendo independentista de Escocia, para poder entablar un debate de calidad, pero con la posición actual de las instituciones españolas eso es imposible", comentó. Royo minimizó la posibilidad de que la Unión Europea (UE) rechace el ingreso de Cataluña. "No hay antecedentes de casos así, aunque la UE aceptó a países que se habían divido anteriormente. Hoy, Cataluña representa el 2% del PIB europeo, más que Grecia o Finlandia por ejemplo. No creo que la UE quiera renunciar a una economía de esa importancia", dijo.

"Nuestros grandes activos son la movilización ciudadana, que es masiva, democrática y pacífica, y la potencialidad económica y social de la región", sostuvo.

"No podría concebirse una España sin Cataluña y desde luego una Cataluña sin España. Seríamos mucho más pobres todos", afirmó el embajador de España, Roberto Varela Fariña, quien sostuvo que un referendo catalán sobre la independencia sería "ilegal", ya que no está previsto en la Constitución de su país.

"La Constitución ha dado muy buenos frutos, tenemos una democracia muy estabilizada, y también reconoce la unidad indisoluble del pueblo español. Cualquier decisión que suponga romper esa unidad debe pasar por la aprobación de todo el pueblo español, no sólo de Cataluña. En la Constitución no se establece ese mecanismo. Si se desea establecerlo, hay que reformar la Constitución", sostuvo el embajador.

"Vivimos y trabajamos bajo una Constitución que fue aprobada por la mayoría de los españoles y la mayoría de los catalanes, que impide cualquier movimiento secesionista o segregacionista. Es un problema que no existe, sino que ciertas personas desean que exista", argumentó el embajador.

Varela Fariña consideró "casi un ataque" la afirmación de los diplomáticos catalanes sobre que las embajadas españolas solo difunden la versión del Gobierno español en la cuestión catalana.

"Las embajadas por supuesto transmitimos siempre instrucciones que vienen de nuestra sede central, el Ministerio de Asuntos Exteriores, que está en Madrid. Eso no quiere decir que haya una posición formal o repetitiva de algo que todo el mundo conoce. No hay una versión de Madrid", señaló. También rechazó la idea de que el Gobierno español esté llevando adelante un proceso de recentralización del país, pasando por sobre las autonomías. "Ha habido una fuerte crisis económicas estos años, en los que se ha tenido la necesidad de unificar esfuerzos para detener el gasto. Incluso algunas autonomías han cedido atribuciones ante la imposibilidad de hacer frente a ellas debido a la crisis, pero no se usurpó ninguna competencia de las autonomías. Pero no es acertado decir que el Gobierno del Partido Popular esté recentralizando. Se está racionalizando el gasto, que es otra cosa".

El diplomático admitió que es "innegable" que existe una gran movilización popular en Cataluña por la independencia, pero lo situó en el marco de un "fenómeno de desafección que se da de vez en cuando", que atribuyó a la crisis económica y al interés de algunos sectores.

"Todos los españoles estamos de acuerdo en que una eventualidad sobre la separación de Cataluña pasa por la decisión de todos los españoles. Cataluña forma parte de España desde el mismo momento del nacimiento del país. No es un país que haya sido invadido, conquistado o anexado", dijo.

A una semana de las elecciones en España, los principales líderes políticos nacionales se vuelcan en la campaña ante la perspectiva de que ningún partido logre una mayoría clara, ni en las autonomías ni en las principales ciudades. Todos los sondeos publicados ayer indican un deseo de cambio por parte de la sociedad española, que se refleja en el ascenso de dos partidos nuevos: Ciudadanos (centro, liberal) y Podemos (izquierda), frente a los dos partidos tradicionales: el Partido Popular, (PP, conservadores) y los socialistas (PSOE). Este escenario fragmentado, que augura pactos para gobernar, estimula la participación de los líderes nacionales en la campaña, ya que los comicios del 24 de mayo serán juzgados como antesala de las elecciones generales de noviembre. [EFE]

En un escenario de opiniones divididas, Cataluña busca su propia salida