El interrogatorio al expresidente fue suspendido y se hará en una semana.

Cerca de un millar de manifestantes a favor y en contra del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva se enfrentaron a gritos y golpes ayer frente a un tribunal de San Pablo, donde el expresidente debía declarar por supuesto ocultamiento de bienes.

La convocatoria de la Justicia al exmandatario de 70 años para que otorgue informaciones sobre un apartamento tríplex en un balneario costero del estado de San Pablo fue suspendida a última hora del martes, pero manifestantes oficialistas y de la oposición mantuvieron las protestas previstas frente a un tribunal penal de la ciudad. Cerca de medio millar de partidarios de Lula, vistiendo camisetas rojas y agitando banderas del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) gritaba en su apoyo. A pocos metros, un grupo un poco menos numeroso gritaba "¡Fuera Lula, fuera PT!".

Los ánimos se caldearon rápidamente con gritos y hasta golpes. La Policía intervino con gases lacrimógenos y enfrentamientos cuerpo a cuerpo para separar a los bandos de manifestantes, que llegaron a bloquear el tránsito y algunos de los cuales resultaron heridos.

Imágenes de la televisora Globo mostraron a policías golpeando fuertemente a algunos manifestantes.

Este caso y otras investigaciones judiciales que tienen a Lula como blanco amenazan su eventual candidatura a la presidencia en 2018. El exmandatario niega las acusaciones y asegura que es víctima de un complot para desprestigiarlo antes de los comicios. Algunos manifestantes pro Lula lanzaron piedras y palos contra el gran muñeco inflable "Pixuleco" que representa al exobrero metalúrgico vestido de presidiario y que opositores cargan consigo en todas las manifestaciones contra el gobierno. Finalmente consiguieron derribarlo.

Cerca de la medianoche del martes, una medida cautelar suspendió la declaración que Lula debía prestar ante la fiscalía del estado de San Pablo, que investiga al expresidente y su esposa Marisa por "lavado de dinero que incluye el delito de ocultamiento de patrimonio".

El Consejo Nacional del Ministerio Público (CNMP), encargado de supervisar a los fiscales, canceló la convocatoria a petición de un diputado del PT que cuestionó al fiscal encargado de la investigación, Cassio Conserino. Este declaró a la prensa que habría "indicios" para acusar a Lula cuando el proceso está recién en fase de recopilación de pruebas.

La solicitud de dejar sin efecto la convocatoria a Lula, que es investigado por presunta corrupción en otras causas, también señala que el proceso fue "encaminado" a un fiscal, algo vedado por las reglas procesales en Brasil.

La resolución que suspendió su declaración judicial deberá ser ratificada o descartada por el plenario del Consejo, "probablemente la semana próxima", dijo una fuente del organismo.

En una rueda de prensa, Conserino declaró este miércoles que llevará documentos al Consejo para revertir la suspensión del interrogatorio de Lula, a fin de "cumplir con el objetivo de indagar los graves hechos que involucran personas que se consideran encima y al margen de la ley".

La fiscalía sospecha que el apartamento tríplex en Guarujá pertenece a Lula aunque oficialmente aparece como posesión de la constructora OAS, una de las firmas involucradas en el megafraude a Petrobras que es investigado por la operación Lava Jato.

Lula declaró en 2006 haber pagado una cuota para este proyecto inmobiliario en la Bancoop, la cooperativa de bancarios que era propietaria de esta obra, y que finalmente, por inviabilidad, fue transferida a OAS. La defensa del expresidente afirma que Lula finalmente desistió de la compra y pidió la devolución del pago.

En paralelo, investigadores del caso Lava Jato que intenta desmadejar el fraude en Petrobras sospechan que OAS habría entregado apartamentos del mismo desarrollo inmobiliario en Guarujá como pago de sobornos a cambio de contratos con la petrolera estatal, algo que la defensa de Lula rechaza.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos conocerá a partir de mañana una demanda contra el Estado brasileño por la falta de acciones efectivas para erradicar el trabajo esclavo y para procurar reparaciones a las víctimas, informó ayer una entidad vinculada al proceso. La demanda se refiere al caso de cientos de trabajadores que desde 1998 fueron sometidos a condiciones de esclavitud moderna en la Hacienda Brasil Verde, en el estado de Pará, donde además dos adolescentes desaparecieron tras un intento de fuga. La demanda apunta a la inacción del Estado ante los hechos.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, obtuvo ayer un fuerte apoyo del influyente Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que eligió como jefe en la Cámara Baja a un diputado abiertamente contrario a un posible juicio político contra la mandataria. El PMDB tiene la primera minoría en la Cámara de Diputados y la elección interna celebrada hoy era clave para el Gobierno, ya que los jefes de los partidos representados en el Congreso serán quienes designarán a los miembros de una comisión especial que determinará si existen méritos jurídicos para un posible juicio contra Rousseff. A pesar de su carácter oficialista, la formación que lidera el vicepresidente del país, Michel Temer, alberga una fuerte disidencia favorable al proceso que la oposición promueve contra Rous-seff por supuestas irregularidades en los balances que el Gobierno presentó en 2014 y 2015, que pudieran ser motivo para su destitución. EFE

Corrupción en Brasil