Hungría ha aplicado ya hoy a 600 personas la nueva norma para trasladar a los refugiados al otro lado de las vallas fronterizas, donde no reciben asistencia, una medida criticada como una forma de "devolución en caliente" que puede violar los derechos humanos y dificultar la petición de asilo.

Una reforma de la Ley de Extranjería, que entró en vigor a medianoche, faculta a Policía y Ejército a "acompañar" a quienes entren ilegalmente en el país, y sean interceptados en los ocho primeros kilómetros de territorio, al otro lado de las alambradas elevadas por Budapest en sus fronteras con Serbia y Croacia.

Al otro lado de las vallas, aún en suelo húngaro, los refugiados tendrán que solicitar asilo y esperar una respuesta durante días o semanas, en condiciones inhumanas, sin agua, comida ni servicios higiénicos.

"Nos preocupa que la redacción de la ley deja demasiado margen de interpretación y que pueda dar lugar a violaciones de los derechos humanos de los migrantes por parte de las fuerzas de orden público, al expulsarles sin ningún proceso legal", denunció hoy en un comunicado el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

EXPULSIÓN DEL PAÍS