Encuentran nuevo vínculo comercial entre la expresidenta y Lázaro Báez.

Tras once allanamientos simultáneos ordenados por el juez federal Claudio Bonadio en la causa Los Sauces, se encontraron el jueves documentos clave, que confirman el vínculo inmobiliario y comercial entre Lázaro Báez y la familia Kirchner. Los hallazgos van en la línea de ratificar la investigación del juez: que los alquileres cobrados por los Kirchner eran parte de retornos recibidos de parte de empresarios contratistas del Estado. "Hay medidas de prueba en curso", señaló ayer el fiscal del caso, Guillermo Marijuan.

¿Qué es la empresa Los Sauces? Es una de las sociedades comerciales que mantienen Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia. Hasta 2015, el hijo del exmatrimonio presidencial ejerció la presidencia del directorio. A través de la empresa se adquirieron inmuebles y generaron dividendos a partir del cobro de alquileres, según Cristina Fernández confirmó hace un tiempo en las redes sociales.

Sin embargo, lo que no mencionó la expresidenta es que los principales inquilinos de sus propiedades eran el zar del juego argentino Cristóbal López y Lázaro Báez, el empresario procesado con prisión por presunto lavado de dinero. Pagaban los alquileres a través de sus empresas más emblemáticas: en el caso de Báez la mayor parte de los alquileres se pagaban a través de Austral Construcciones, una constructora hoy al borde de la quiebra, pero que supo ser la mayor adjudicataria de la obra pública argentina.

A su vez, Marijuan relató dos de las medidas de prueba que se están llevando a cabo y que podrían complicar a la exmandataria en la causa. Por un lado, contó que se investigan las llamadas telefónicas de una flota de celulares que había adquirido Leonardo Fariña, hoy arrepentido en este entramado de lavado de dinero, pero que fue una pieza clave en todas las maniobras. "Es posible que desde esos teléfonos se hayan efectuado distintas llamadas (que involucren al resto de los imputados)", dijo el fiscal.

Por otro lado, aseguró que también se está investigando un supuesto aviso que la Embajada de Estados Unidos le hizo a Cristina Kirchner, cuando era jefa de Estado, sobre los movimientos de Báez en aquel país. "Estamos tratando de ver si existieron y si fue a través de un emisario o cómo se hicieron", explicó.

Además de los Los Sauces, Cristina Kirchner también es investigada en la causa Hotesur. Aquí se le acusa sobre presuntos alquileres falsos pagados por empresas de Báez por habitaciones en un hotel de la familia de la ex presidenta —que nunca fueron ocupadas—, y por asociación ilícita, vinculada justamente a supuestos manejos ilegales con empresarios amigos del poder.

Margarita Stolbizer, una de las impulsoras de la investigación, esta causa está "íntimamente relacionada" con las maniobras de "La Rosadita", un lugar ubicado en Puerto Madero, en Buenos Aires, donde a fines del año pasado se divulgaron videos del hijo de Lázaro Báez y algunos de sus asesores contando millones de euros, dólares y pesos argentinos.

"Será materia de debate jurídico armar una megacausa", opinó Marijuan. "Tal vez pueda haber habido una asociación ilícita que haya cometida muchos ilícitos", agregó.

El jueves, el fallo de la Cámara Federal señaló que por ahora no sería bueno armar un "megaproceso". Pidió que antes cada juez debe avanzar "sostenida y ordenadamente" en cada caso y, como solución, propuso que los equipos de los distintos juzgados mantengan reuniones periódicas para "compartir la información mutuamente pertinente" de sus causas sin formalismos.

Luego de publicar en Twitter sus críticas por los allanamientos en sus propiedades en la provincia de Santa Cruz, la exmandataria argentina publicó un nuevo mensaje en las redes sociales.

"Se intenta crear un nuevo tipo penal: el delito de haber pertenecido al gobierno durante el período 2003/2015 (período en el que gobernó junto a su esposo fallecido)", manifestó.

En esta misiva, nunca se refirió al allanamiento en concreto. Solo dijo que el gobierno de Mauricio Macri, los jueces y los medios de comunicación "han intensificado su campaña de persecución y difamación" contra el kirchnerismo con dos objetivos: "Instalar en la opinión pública que el anterior gobierno durante los doce años y medio de gestión tuvo como único propósito cometer delitos de manera indiscriminada; y distraer a la población mientras el ajuste y la debacle económica aumentan la pobreza, la desigualdad y la inseguridad de manera ya inocultable y exponencial", escribió.

Señaló que "la prensa militante en el oficialismo [por el macrismo] difunde títulos catástrofe" sobre cada uno de los recientes operativos de la Justicia. Y dijo que "se viven tiempos difíciles para el Estado de Derecho".

Y concluyó: "Todo esto resulte ser (...) una tapadera para hacer retroceder a nuestro país a una situación de desigualdad social y subordinación al poder económico concentrado que creíamos definitivamente desterrados".

Ante estos comentarios, la diputada que la ha denunciado Margarita Stolbizer, afirmó: "Si Cristina cree que se la persigue, que muestre las cuentas".

"Lo importante es que las causas avancen al ritmo que tienen que avanzar, que esclarezcan qué delitos se cometieron y quiénes son los responsables", manifestó.

Dinero para mantener a sus familias, seguridad para sus hijos y, sobre todo, permanecer detenido en una prisión que no dependa del Servicio Penitenciario —nacional ni provincial— son las condiciones que intenta imponer el narcotraficante Ibar Esteban Pérez Corradi para regresar a Argentina, a donde aceptó ser extraditado entre el lunes y el martes de la semana que viene.

¿Qué ofrece a cambio? Sus abogados le prometen al gobierno que aportará documentos que comprometerán a exfuncionarios kirchneristas para esclarecer la compleja trama de narcopolítica vinculada a la mafia de la efedrina (una droga sintética que sirve para hacer otras drogas).

Pérez Corradi es acusado de ser el autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez de 2008, en el que se vincula al exjefe de Gabinete del kirchnerismo, Aníbal Fernández.

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