Los colombianos ya discuten el acuerdo de paz antes del voto decisivo en plebiscito.

Gustavo Moncayo era maestro cuando recibió la noticia que todo padre temía: su hijo, un soldado de 18 años, había sido secuestrado por los guerrilleros.

Era 1997, y el gobierno había estado combatiendo a las Fuerzas Aramadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante décadas. Moncayo peleaba con fervor por la liberación de su hijo y más adelante renunció a su empleo para recorrer Colombia y Europa buscando presionar. Después de 12 largos años, Pablo Emilio fue finalmente liberado.

La suerte del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla marxista, —se firmará el 26 de septiembre en Cartagena— por el cual ésta jura deponer sus armas, reincoporarse a la sociedad y ponerle fin a la guerra, está en manos de ciudadanos como Moncayo, muchos de los cuales siguen con profundas heridas y tienen razón para sospechar de las promesas de las FARC.

Después de cuatro años de negociaciones oficiales, el gobierno colombiano y las FARC anunciaron hace diez días que habían alcanzado un acuerdo para terminar la guerra de más larga duración de las Américas.

Si bien fue histórico y ya se aplica el alto el fuego, el anuncio no significa que la paz haya llegado. El presidente, Juan Manuel Santos, quien ha apostado su legado al éxito de las negociaciones, apareció por televisión poco después para recordarle a sus compatriotas que deben votar en un plebiscito para ratificar lo acordado.

Pese a sus años de dolor y lucha, Moncayo consideró que es correcto firmar un acuerdo de paz con las FARC. "Volver la mirada equivale al pasado", comentó. "Necesitamos pensar en el país".

Para la mayoría, el interrogante no radica en si la guerra debía terminar, sino en cómo. Incluso entre aquellos que quieren la paz, muchos temen que el acuerdo resulte en una amnistía para los guerrilleros después de una guerra de 52 años que dejó 260.000 muertos y 6,9 millones de desplazados y 45.000 desaparecidos, según las cifras oficiales.

Hechos sangrientos como el de 2002 en el poblado de Bojayá —donde los guerrilleros mataron a 119 iviles mientras combatían a paramilitares— quedaron grabados en las memoria colombiana.

La guerra alimentó lo que es una división que perdura entre los agricultores, a quienes las FARC juraron proteger, y los habitantes de los centros urbanos, a quienes la guerrilla aterrorizó con secuestros y asesinatos. El acuerdo abre el camino para que las FARC participen de la política, pero muchos colombianos residentes en las ciudadaes tienen dificultades para imaginar a los guerrilleros de pronto representando a los ciudadanos o al país.

"Las FARC no tuvieron presencia urbana", indicó Jairo Libreros, profesor de la Universidad Externado de Colombia que estudia temas de seguridad.

A medida que los colombianos debaten el plebiscito en columnas periodísticas o encuentros en los cafés, las FARC también llevan a cabo sus propias deliberaciones. Planean efectuar su Décima Conferencia a mediados del corriente mes, en la que discutirán el texto del acuerdo y lo aprobarán.

"¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?", es la pregunta que los colombianos deberán responder en el plebiscito del 2 de octubre.

Flanqueado por sus ministros y legisladores, el presidente Santos firmó el decreto que convoca a los ciudadanos a pronunciarse sobre el acuerdo. "Esperamos, por supuesto, que le den un Sí a este acuerdo, para enterrar definitivamente medio siglo de guerra", dijo Santos, que hizo de la pacificación el buque insignia de su mandato, para el que fue electo en 2010 y reelecto en 2014.

El lunes último, el Congreso aprobó que Santos convocara el plebiscito, que ya había sido avalado en julio por la Corte Constitucional como el mecanismo para que la ciudadanía refrendara el acuerdo. El tribunal ratificó que éste quedará aprobado con 4.396.626 votos por el "Sí", equivalentes al 13% del padrón electoral, si superan a los votos por el "No".

El mandatario destacó que la consulta sobre el acuerdo —un documento de 297 páginas que el gobierno difundió en diversos medios y también en seis lenguas nativas— es "muy concreta".

"Es una pregunta clara, sencilla, que no da lugar a confusión", apuntó Santos, anticipándose a un debate que ya empezó en medios locales porque no menciona a las FARC.

Fuente: AFP.

EL FINAL DE LA GUERRA