Esperará la apelación en libertad; el fallo amenaza su candidatura presidencial en 2018.

Luiz Inácio Da Silva, el hombre que todos conocen como Lula y del que una vez Barack Obama dijo que era el político más popular del mundo, recibió ayer un golpe judicial que puede determinar el fin de carrera política.

El juez Sergio Moro condenó ayer a Lula a nueve años y medio de cárcel por corrupción y lavado de dinero, un fallo que podrá recurrir en libertad pero que amenaza su candidatura a las elecciones de 2018. Los abogados de Lula, que gobernó Brasil entre 2003-2010, pero que después siguió siendo el político más influyente y popular, apelarán la sentencia "en todas las cortes imparciales, incluyendo las Naciones Unidas".

La condena a Lula vuelve a sacudir a Brasil, sumido en una grave crisis que tiene al borde del abismo al actual mandatario, Michel Temer, también acusado de corrupción; y que hace apenas un año le costó la presidencia a Dilma Rousseff, delfín de su líder procesado ayer.

Lula fue hallado culpable de recibir un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá (San Pablo), ofrecido por la constructora OAS a cambio de su influencia para obtener contratos en Petrobras. El caso se inscribe en la Operación Lava Jato que reveló multimillonarios desvíos de fondos de la petrolera estatal hacia todo el arco político.

El extenso expediente afirma que Lula recibió 3,7 millones de reales (1,1 millones de dólares) de OAS, y que esa suma es parte de "un esquema delictivo mayor, en el que el pago de sobornos era rutinario".

"La responsabilidad de un presidente de la República es enorme, y por consiguiente, también su culpabilidad", dice Moro en su fallo. Moro también prohibió a Lula a ejercer cargos públicos por 19 años, algo que debería ser confirmado o denegado en la segunda instancia.

Entre los delitos de corrupción y lavado, las penas sumadas llegan a nueve años y seis meses de reclusión, determinó el juez de Curitiba. Moro afirmó que "con los episodios de orientación a terceros para la destrucción de pruebas (que atribuye a Lula), hasta habría cabido decretar la prisión preventiva", pero aclaró que al final no lo hizo por "prudencia".

"Considerando que la prisión cautelar de un expresidente de la República no deja de implicar ciertos traumas, la prudencia recomienda aguardar el fallo de la Corte de Apelación antes de extraer las consecuencias propias de la condena", explicó Moro.

Lula, que enfrenta otras cuatro causas penales, niega categóricamente los cargos y los atribuye a una conspiración para impedir su candidatura en las presidenciales de octubre de 2018. En las encuestas figura como gran favorito, pese a ser también uno de los políticos con mayor índice de rechazo.

Para que su postulación sea bloqueada, deberá ser condenado en segunda instancia. Un proceso de apelación podría tardar un año en definirse.

El veredicto representa además la condena de más alto perfil emitida hasta ahora en el marco de la Operación Lava Jato que, desde hace más de tres años, investiga un vasto sistema de corrupción en los más altos niveles del empresariado y el gobierno. La senadora Gleisi Hoffmann, presidenta del PT de Lula, arremetió contra Moro afirmando que el exmandatario fue condenado para evitar que compita por la presidencia.

Moro cerró su sentencia contra Lula con una frase poco auspiciosa para las decenas de diputados, senadores, políticos y empresarios investigados: "No importa lo alto que se esté, la ley está por encima", escribió.

La investigación Lava Jato amenaza igualmente al presidente Temer, acusado de haber negociado un soborno a cambio de favores al gigante cárnico JBS e investigado por presunta tentativa de comprar el silencio de un ex diputado preso.

La Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJ) de la Cámara de Diputados tiene a estudio un informe que recomienda encaminar a la Corte Suprema la denuncia por corrupción pasiva presentada contra Temer por la Fiscalía General.

La procuradora Raquel Dodge, propuesta por el presidente Temer como candidata a ocupar la Fiscalía General, compareció ayer ante el Senado y afirmó que "nadie está por encima de la ley", y prometió "firmeza" ante la corrupción.

Su declaración ante la Comisión de Constitución y Justicia del Senado no tenía relación alguna con la situación jurídica de Temer, quien enfrenta una denuncia por corrupción formulada por el actual fiscal general, Rodrigo Janot, aunque así lo interpretaron algunos legisladores de la oposición.

"Prueben que soy corrupto e iré caminando a la cárcel". Así defendía Lula su inocencia cuando fue a declarar ante el juez Sergio Moro en mayo. "Nadie tiene más autoridad moral y ética que yo para transformar la lucha contra la corrupción en bandera", afirmaba en 2005, en medio del escándalo de sobornos a parlamentarios, un caso conocido como Mensalao. Desde un primer momento Lula denunció un pacto "casi diabólico" para evitar su candidatura. "Tengo una historia pública conocida. Solo me gana en Brasil Jesucristo", llegó a decir.

El PT afirmó en un comunicado que la condena de Lula "representa un ataque a la democracia y a la Constitución". Además, la relaciona con una ofensiva destinada a "suprimir derechos sociales y laborales", un día después de que el Senado aprobara una flexibilización de la legislación laboral.

"Queremos hacer manifestaciones de protesta en todo el país contra esta decisión política ajena a cualquier proceso legal", dijo el líder del PT en la Cámara de Diputados, Carlos Zarattini. "Saldremos a la calle". La Bolsa de San Pablo escalaba 1,69% tras la condena de Lula, en tanto que el real se reforzaba frente al dólar.

VIDEOAFP, EFE, REUTERS