El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, investigado por asuntos vinculados a la corrupción en Petrobras, es objeto de otra averiguación por supuestos fraudes con ventajas tributarias para el sector automotriz, según confirmó ayer la Policía Federal.

Según un documento remitido por el comisario Marlon Cajado a los tribunales, la Policía intenta determinar si Lula participó en forma directa o indirecta en unos supuestos sobornos de empresarios de la industria automotor a funcionarios de su Gobierno, que habrían influido para la aprobación de medidas en favor de ese sector. Los hechos que se investigan habrían ocurrido en 2009, durante el segundo mandato de Lula, padrino político y antecesor de la actual mandataria, Dilma Rousseff, quien en la época se desempeñaba como ministra de la Presidencia.

Según las autoridades judiciales, un grupo de empresas del sector automotor sobornó a funcionarios del Gobierno que promovieron unas medidas decretadas posteriormente por Lula, mediante las cuales les fue reducida la carga tributaria.

Lula ya ha declarado sobre este caso ante la Policía, pero en calidad de testigo, y aseguró que desconocía el asunto.

Su abogado, Cristiano Zanin Martins, afirmó ayer que "no hay nada que justifique" esta averiguación y mucho menos que Lula haya pasado a ser considerado "investigado" en vez de "testigo".

En el documento en que informó a la justicia sobre la ampliación de la investigación, el comisario Cajado explicó que el hecho de que la "nueva averiguación" abarque a "otros individuos", entre los que también figuran dos exministros, no significa que éstos "hayan cometido alguna ilegalidad".

Esta nueva averiguación se suma a otra iniciada por la Policía en torno a supuestas operaciones para el blanqueo de parte del dinero desviado de la estatal Petrobras, en la cual Lula también figura como "investigado".

En ese caso, se trata de un apartamento situado en un edificio propiedad de la constructora OAS en la ciudad de Guarujá, sobre el cual se sospecha que en realidad pertenece al exmandatario, pese a que este lo ha negado una y otra vez.

El apartamento está registrado en nombre de la constructora OAS, implicada en la corrupción petrolera, pero la policía sospecha que esa compañía, como parte de las coimas que pagaba a políticos que amparaban los desvíos de Petrobras, también distribuía pisos en ese edificio y son parte de la investigación.

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