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Fiscal apela y la Casa Rosada va a la ofensiva

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Gerardo Pollicita, el fiscal que heredó la causa de Nisman contra la presidenta, apeló ayer la decisión del juez Daniel Rafecas, quien desestimó la denuncia contra Cristina Fernández por presunto encubrimiento de los sospechosos iraníes en el atentado contra la AMIA que dejó 85 muertos en 1994.

Pollicita, que solicitó la imputación de la presidenta el pasado día 13 de febrero y pidió la realización de medio centenar de medidas de pruebas, considera que la resolución dictada por Rafecas, “descarta en forma anticipada y prematura” la denuncia de Nisman.

En su resolución, conocida el pasado día 26, Rafecas rechaza abrir una investigación penal por considerar que no hay evidencias mínimas para sostener las acusaciones realizadas por Nisman.

Pollicita, sin embargo, sostiene que las circunstancias expuestas por Nisman en su denuncia “podrían configurar en el peor de lo casos meros actos preparatorios no punibles de aquel malogrado delito de encubrimiento” y considera “prudente y razonable” abrir una investigación.

La causa pasará a una de las dos salas de la Cámara Federal, que deberá pronunciarse respecto a una eventual investigación sobre Cristina Fernández de Kirchner.

En un escrito de 35 fojas, el fiscal Pollicita analiza y desmonta los argumentos de Rafecas y realiza una interpretación jurídica distinta de los indicios presentados por Nisman.

En sus conclusiones finales, el fiscal argumenta sobre la necesidad de investigar. “Frente a un acontecimiento como el que aquí se debe investigar, la ley manda que, para tranquilidad y seguridad de todos (denunciantes, magistrados, imputados, interesados), se rija aquel conocimiento por sus propias normas, no por otras -alega el fiscal-. El cumplimiento de esas normas, las que estructuran cómo acreditar los hechos mencionados en una denuncia o cómo acreditar su posible caracterización criminal, es lo que no ha permitido el juez con su resolución”.

CONTRAATAQUE OFICIAL

“Desestimada la denuncia, queda preguntarse qué objetivos perseguía el fiscal Nisman con su denuncia plagada de contradicciones, carencia lógica y sustento jurídico. ¿Puede pensarse una hipótesis diferente que no sea la de buscar generar un efecto político desestabilizador?”, cuestionó ayer el Ejecutivo a través de un texto difundido en los principales diarios del país como solicitada.
El texto también respalda el polémico acuerdo de Argentina con Irán que impulsó la presidenta Cristina Kirchner, aspecto medular de la denuncia de Nisman y en el que basa su acusación de encubrimiento.

“En este contexto, solo es posible ratificar el camino trazado por el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional a través del memorándum de entendimiento, una herramienta que permitiría interrogar a los ciudadanos iraníes acusados, y a partir de allí, llevar el caso hacia un juicio oral y público. Esa situación, pondría al Estado argentino en un mejor contexto frente a Irán y la comunidad internacional para exigir la extradición o al menos para negociar la realización del juicio oral en un tercer estado”, dice la comunicación oficial.

¿ALCOHOLIZADO?

Para añadir aún más sombras sobre el caso, el portal oficial Infojus Noticias, que depende del Ministerio de Justicia, afirmó ayer que el peritaje realizado por los forenses confirma que Nisman tenía 1,73 gramos de alcohol en sangre -el máximo permitido en un test de alcoholemia es de 0,5 gramos, según la legislación local- y que en su domicilio se encontró una botella de vodka importado “a medio consumir”.
No obstante, el matutino La Nación consultó a fuentes cercanas a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, exesposa de Nisman y querellante en la causa, quien acreditó dos peritos independientes para revisar las pruebas recolectadas en la investigación. Según esas fuentes el alcohol que se encontró es de “contenido gástrico”, es decir, producto de la fermentación de alimentos.

Aunque las primeras pericias descartaron la intervención de terceras personas, la Justicia no ha logrado aún esclarecer las circunstancias del fallecimiento y la eficacia de la investigación ha sido duramente cuestionada, tanto por la opinión pública como por la familia de Nisman.

Por el momento, en la causa solo hay un imputado, el informático colaborador del Nisman, Diego Lagomarsino, por prestarle el arma que acabó con su vida y que fue encontrada junto a su cadáver en el baño de la casa. El funcionario aduanero detenido por el seguimiento que se hizo a Nisman con las cámaras en Ezeiza, quedó ayer en libertad.

CORTE DEFIENDE LOS DICHOS DE SU PRESIDENTE

La Corte Suprema de Justicia aclaró ayer los dichos de su presidente Ricardo Lorenzetti, sobre el estado de la causa que investiga el atentado a la embajada de Israel, ocurrido en 1992. Durante la apertura del año judicial, el titular de la Corte Suprema había dicho que en la causa “hubo una sentencia de 1999, muy anterior a la conformación de la Corte actual, que halló culpable a un grupo del Hezbollah”. “La sentencia está notificada, publicada y no podemos modificarla”, sostuvo.

Estas palabras generaron críticas de parte del Gobierno. “Disiento que sea cosa juzgada, porque para que exista debe haber una persona indagada, sometida a proceso y condenada”, dijo el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. La Corte explica detalles del caso y en sus conclusiones señala: “Está probada la materialidad de los hechos -cómo ocurrió el atentado- y también señalada la responsabilidad penal de sus autores. Es en esta línea que el Sr. Presidente de la Corte Suprema de Justicia informó que ambas circunstancias (pilares de la investigación) han sido consentidas por las partes, y que sobre esa base firme se continúa con la pertinente investigación, para lo cual se ha solicitado la necesaria colaboración internacional”.

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El fiscal Pollicita apeló fallo negativo del juez. Foto: La Nación/GDA

fiscal pollicita desmontó los argumentos del juez rafecasEFE Y AFP

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