La decisión del juez Daniel Rafecas de desestimar la denuncia contra la presidenta argentina, Cristina Fernández, por presunto encubrimiento a terroristas, da un respiro judicial a su Gobierno que, sin embargo, resulta insuficiente para revertir el descontento social, según analistas consultados.

Rafecas rechazó la denuncia que presentó el fiscal Alberto Nisman y que tras su fallecimiento, el 18 de enero pasado en circunstancias sin aclarar, impulsó el fiscal Gerardo Pollicita. "Me sorprende la contundencia con la que el juez desestima la denuncia", dijo Patricio Giusto, de la consultora Diagnóstico Político. La decisión judicial beneficia a Fernández, al canciller, Héctor Timerman, y a otros dirigentes oficialistas, acusados por Nisman. "Rafecas fue más allá de desligar a la presidente, sino que dice que no hay ningún elemento para inculpar al resto de los involucrados, cuando todo lo que se fue revelando del contenido de la denuncia claramente los involucra", consideró Giusto.

Para Jorge Arias, de la consultora Polilat, el fallo resulta "llamativo" y tiene un impacto negativo entre la gente, "que reacciona incrédulamente". "No parece muy simple que el Gobierno pueda recuperar credibilidad por el hecho de que uno de los cuestionados jueces federales de Argentina haya dictado la inocencia de todos los involucrados", dijo el analista. En la misma línea, Giusto apunta que la decisión de Rafecas da un respiro al Gobierno en los Tribunales —donde varios funcionarios tienen causas abiertas— pero "no implica ningún alivio" para "lo comprometido que ha quedado" con el caso Nisman.

"Más allá de la esfera judicial, lo más importante es lo que pasa en lo político y social. La gente ya salió a la calle y se constató que masivamente hay un reclamo de justicia. Lo que diga un juez no va a revertir el manto de duda que hay sobre el Ejecutivo con respecto al caso Nisman", dijo Giusto.

Desechan denuncia