La jueza Sandra Arroyo Salgado pidió a la Defensora General de la Nación llevar el caso por la muerte del fiscal al órgano de la OEA y que se evalúe la posibilidad de que envíen un veedor.

La exesposa del fiscal que apareció muerto tras denunciar a la presidenta Cristina Fernández por encubrimiento de un atentado terrorista dijo este jueves que solicitó llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El fiscal Alberto Nisman fue hallado muerto el 18 de enero en el baño de su departamento de Buenos Aires con un disparo en la cabeza y un arma a su lado, cuatro días después de haber denunciado un supuesto complot del Gobierno para encubrir a los acusados de un trágico ataque antisemita que él investigaba desde hacía una década.

En una exposición en el Congreso, la exesposa de Nisman, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, dijo que pidió a la Defensora General de la Nación llevar el caso por la muerte del fiscal al órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y que se evalúe la posibilidad de que envíen un veedor.

"Esto que hemos solicitado tiene sus antecedentes en nuestra historia judicial y además, particularmente en este caso, yo he solicitado también que se evalúe la pertinencia de pedir a la comisión (CIDH) la designación de un veedor para esta investigación", dijo Arroyo Salgado ante diputados y senadores en el Congreso de la Nación.

Si bien la fiscal Viviana Fein, que investiga la muerte de Nisman, dijo que no descarta ninguna hipótesis, ha habido indicios de que podría haberse tratado de un suicidio.

En su exposición ante los legisladores argentinos, Arroyo Salgado criticó la "desmedida e inusitada exposición mediática" de las medidas de prueba ordenadas en la investigación y dijo que ello puede frustrar sus resultados.

"Publicar y anticipar el curso de la investigación conspira contra ese fin del proceso (...), que es la búsqueda de la verdad y en su caso la condena de todos los responsables si estamos ante un hecho criminal", agregó la exesposa de Nisman.

En la acusación que presentó ante la Justicia el 14 de enero, Nisman dijo que Argentina pretendía encubrir a los sospechosos iraníes de planificar el atentado a la mutual judía AMIA en 1994, que dejó 85 muertos, con el supuesto objetivo de aumentar el comercio bilateral con Irán.
El Gobierno manifestó que sospecha que la denuncia de Nisman fue impulsada por agentes desplazados del servicio de inteligencia, que le dieron información falsa y que también podrían haber estado implicados en su muerte.

El caso conmocionó a la sociedad argentina y causó un alto revuelo en la dirigencia política. A su vez, dejó en evidencia el oscuro funcionamiento de la agencia local de espionaje, lo que llevó a la presidenta a enviar al Congreso un proyecto para reformar el sistema de inteligencia del país.
El Senado dio media sanción el jueves a la propuesta oficial y la semana próxima será tratada en Diputados.

El Gobierno busca disolver la actual Secretaría de Inteligencia y crear un nuevo organismo denominado Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

El proyecto oficial propone, entre otros puntos, que se transfieran las escuchas telefónicas judiciales al Ministerio Público y que las autoridades de la agencia sean designadas por el Poder Ejecutivo con el aval del Senado.

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