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Estado de excepción hace escalar la crisis venezolana

Decreto de Nicolás Maduro le da facultades extraordinarias para gobernar.

La crisis venezolana entró en una nueva etapa de tensiones, con un país bajo estado de excepción oficialmente desde ayer y los opositores resueltos a seguir presionando en la calle por un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.

En medio del descontento popular por la creciente escasez de alimentos básicos y medicinas, además de los cortes cotidianos de luz y agua, y la inflación más alta del mundo, Maduro dio muestras de radicalismo en los últimos días.

El viernes extendió un decreto de emergencia económica vigente desde enero, pero sorpresivamente le añadió el estado de excepción por 60 días.

Ayer oficializó la declaración que, según el texto, pretende hacer frente a supuestas amenazas a su administración.

"Se declara el Estado de Excepción y Emergencia Económica (...) dadas las circunstancias de orden social, económico, político, natural y ecológico que afectan gravemente la economía nacional, el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la nación", señala el artículo 1 de la Gaceta Oficial difundida ayer.

Esta norma da atribuciones "extraordinarias" a las autoridades para garantizar "incluso mediante la intervención de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los órganos de seguridad ciudadana "la correcta distribución" de productos de primera necesidad.

La norma permite, además, "dictar medidas y ejecutar planes especiales de seguridad pública que garanticen el sostenimiento del orden público ante acciones desestabilizadoras que pretendan irrumpir en la vida interna del país o en las relaciones internacionales de este".

Maduro ordenó tomar las fábricas paradas poniendo en la mira cuatro plantas cerveceras de Polar —principal productor de alimentos y bebidas del país—, cesadas por falta de divisas para comprar insumos dentro del férreo control de cambios.

El estado de excepción también le permite a Maduro ordenar el desembolso de partidas extrapresupuestarias y aprobar contratos para la obtención de recursos financieros o "aprovechamiento de recursos estratégicos para el desarrollo económico del país" sin someterse "a autorizaciones o aprobaciones de otros Poderes Públicos".

El gobierno justifica el estado de excepción en un supuesto complot de Estados Unidos y líderes opositores para intervenir en el país con las mayores reservas petroleras del planeta, so pretexto de una "crisis humanitaria".

Ante esa "amenaza externa", ordenó realizar ejercicios militares el próximo sábado.

El presidente también fundamenta el estado de excepción en la necesidad de tomar medidas drásticas contra la "guerra económica", que según él ejecutan la oposición y empresarios "de derecha" para inducir la escasez y lanzar al pueblo en su contra.

Oposición protesta.

"Este gobierno actúa de forma autoritaria para mantenerse en el poder", dijo ayer el diputado opositor Tomás Guanipa, en rueda de prensa.

Estas señales exasperan a la población, cuya gestión reprueba el 68% de los venezolanos, según la firma Venebarómetro.

El vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, desestimó el domingo la posibilidad de que el heredero político del fallecido Hugo Chávez (1999-2013) sea revocado mediante un referendo.

"Aquí no va a haber referéndum. Ellos saben que no va a haber referéndum porque primero lo hicieron tarde, segundo lo hicieron mal y tercero cometieron fraude", dijo Istúriz aludiendo a las firmas entregadas por la oposición para que se active el proceso.

Guanipa consideró que esa advertencia es una "burla" al pueblo, que no detendrá la presión por la consulta.

El estado de excepción se pondrá a prueba el próximo miércoles, cuando la oposición tiene previsto marchar hacia las sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE) en todo el país para exigir que se cumplan los plazos para que el revocatorio se haga este año.

Movilizaciones similares fueron bloqueadas el pasado miércoles por policías y militares, desatándose pequeñas escaramuzas.

Más leña al fuego.

El experimentado titular del Parlamento, Henry Ramos Allup, denunció que Maduro y la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, se reunieron el martes pasado y acordaron posponer el referendo para febrero de 2017.

Según la firma Datanálisis, siete de cada diez venezolanos quieren un cambio de gobierno, mientras que 97% considera que "su vida ha empeorado".

Aun cuando la oposición dice que el estado de excepción es ilegal, pues debe ser validado por el Parlamento, el gobierno podría buscar el visto bueno del Tribunal Supremo de Justicia, al que la MUD acusa de ser otro apéndice de Maduro.

"No hay forma de estimar la inflación".

En Venezuela no hay manera de calcular una inflación real porque las evaluaciones que realiza el Banco Central (BCV) se basan en los precios establecidos en los comercios y la mayoría de los venezolanos compra a los revendedores, según la encuestadora Datanálisis. El "57 % de los venezolanos indican comprar frecuentemente productos del mercado negro (...) al que el Banco Central no tiene acceso", indicó ayer el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, en un encuentro con la prensa internacional.

Hay escasez de materia prima para producir harina.

Un grupo de trabajadores de Empresas Polar, la principal productora de alimentos de Venezuela, aseguró hoy que los inventarios de maíz blanco con el que se elabora la harina de la arepa, un artículo importante en la dieta venezolana, alcanzarán hasta finales de mayo.

"Trabajadores de Alimentos Polar de Planta Turmero y Planta Chivacoa informaron que los niveles de inventario de maíz blanco para producir Harina P.A.N. (con la que se elabora la arepa, una especie de pan típico) solo alcanzan para producir hasta finales de mayo", señala un comunicado divulgado por la firma.

Según esto, "dado que la cosecha nacional se agotó", la empresa depende "de las asignaciones y venta de maíz importado por el Gobierno Nacional", para garantizar la producción de harina hasta la próxima cosecha a mediados del mes de octubre.

Los trabajadores aseguraron en el escrito que el Gobierno venezolano es "el único autorizado para importar esta materia prima en el país y luego venderlo a la industria".

Advirtieron que si el Ejecutivo no les otorga divisas, las plantas harineras se verán en la obligación de dejar de producir.

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