El flujo de extranjeros hacia la UE continúa, pese a la crisis económica

Europa ante desafío de la inmigración

La Unión Europea (UE) enfrenta el desafío de la inmigración. La Comisión Europea aboga por crear una política común y flexibilizar las entradas ilegales. Los grandes países responden con medidas más duras. 

La política de inmigración de la Unión Europea ha suscitado diversas reacciones a lo largo de los años.AFP

Bruselas | El País de Madrid/EFE

En realidad, los extranjeros son solo el 4% de la población de la UE.

La ecuatoriana que se labró un futuro en España como peluquera y el subsahariano rescatado tras naufragar su patera en las costas de Lampedusa, Italia, son las dos caras de un mismo fenómeno, la inmigración, que ha transformado Europa en los últimos lustros.

Todos los países combinan en sus políticas la gestión de los flujos legales con la contención de los irregulares. La crisis, los populismos y tragedias como las de la isla italiana han convertido esos episodios en la cara más visible de las migraciones. Un escenario que enfrenta a la Comisión Europea, partidaria de políticas comunes más aperturistas que las actuales, con los países miembros, reacios a la integración y a flexibilizar las vías de entrada por motivos humanitarios.

Los órganos de la Unión Europea (UE) en Bruselas rechazan abordar la política migratoria a golpe de naufragio e invita a los países a pensar en propuestas a largo plazo, con la mirada puesta en las necesidades laborales que tendrá el continente una vez superada la crisis económica. Los líderes políticos, en cambio, sufren la escasez de recursos y, en muchas ocasiones, se ven prisioneros de los populismos que demonizan a los extranjeros como foco de tensiones económicas.

En ese contexto, los Estados desplazan cualquier decisión en este terreno hasta después de las elecciones europeas, en mayo de 2014. La brecha entre la Comisión Europea y el Consejo (los jefes de Gobierno) es cada vez mayor.

La respuesta dada a las últimas muertes en las costas mediterráneas evidencia hasta qué punto el debate asusta a los dirigentes políticos. La comisaria de Interior, Cecilia Malmström, propuso hace unos días crear visados temporales por motivos humanitarios dentro del grupo de trabajo que debe decidir este año cómo hacer frente a los naufragios en el Mediterráneo. "La propuesta fue inmediatamente rechazada por los Estados miembros; no llegó ni al primer borrador", explicó una alta fuente comunitaria. Los jefes de Estado y de Gobierno deben analizar en diciembre los resultados de esa misión (task force) para tomar medidas, pero fuentes diplomáticas advierten de que no cabe esperar grandes novedades.

Controlar.

En privado, la Comisión admite que es necesario dar una alternativa legal a las miles de personas que arriesgan sus vidas en alta mar para llegar a Europa. Una de las principales apuestas para los próximos años consiste en explorar los llamados acuerdos de movilidad entre la UE y los países de origen, que ofrecen flexibilidad en las entradas a cambio de control en sus fronteras. Bruselas exhibe lo logrado con Marruecos y aspira a hacer lo mismo con Jordania, Túnez y Egipto, aunque es consciente de que el verdadero reto es Libia. Desde ese país, que vive en el desgobierno desde la caída de Muamar Gadafi en 2011, parten sin control multitud de barcos con personas procedentes del Cuerno de África.

Para que esos acuerdos funcionen y sean creíbles, Europa necesita abrir la mano en el desplazamiento legal de la inmigración. Porque el ejemplo de Marruecos, desde donde no salen ya embarcaciones, según Bruselas, demuestra que los terceros países aceptan controlar sus dominios y poner en marcha mecanismos de asilo a cambio de otras ventajas. La principal, que la UE facilite los visados para que estudiantes y trabajadores accedan al continente de manera regular. Una aproximación que requiere repensar el fenómeno migratorio sin el corsé electoral.

Ese es el doble enfoque que Bruselas lucha por conservar desde que lo enunció por primera vez, hace 14 años: aproximar las legislaciones europeas con criterios comunes para regular la inmigración laboral -el grueso de los inmigrantes que llama a las puertas de la UE lo hace para trabajar- y combatir las entradas ilegales firmando acuerdos con los países de origen y luchando contra las mafias.

Segurdad.

"El único aspecto que no ha avanzado en estos años es la regulación de la inmigración laboral", asegura Anna Terrón, ex secretaria de Estado de Inmigración y asesora de la comisaria Malmström.

Aunque su discurso suene ahora demasiado buenista a oídos de los Estados miembros, Malmström sigue defendiendo que a largo plazo Europa va a necesitar trabajadores de fuera de sus fronteras para sostener el proyecto comunitario. Incluso hoy, a pesar de las elevadas tasas de desempleo, muchos países tienen dificultades para cubrir la demanda de determinadas profesiones (ingenieros en Alemania o enfermeras en Reino Unido). "Es hora de que Europa abra los ojos. La inmigración ha sido uno de los debates más importantes y, a la vez, menos discutidos en los últimos cinco años", subraya un vocero de la Comisión Europea.

Acuciados por la crisis, los Estados han preferido poner el foco en la vertiente más represiva: reforzar la seguridad frente a las entradas irregulares y endurecer las políticas sociales. El debate se centra ahora en cómo proteger mejor las fronteras del Mediterráneo, aunque las entradas marítimas apenas representan un 10% del total, según datos de la Agencia de Derechos Fundamentales. En realidad, la mayoría de los extranjeros que se embarca en el sueño europeo lo hace con un billete de avión en la mano.

Los líderes políticos ni siquiera están dispuestos a dotar mejor Frontex, la agencia europea que coordina la vigilancia de las fronteras exteriores. "Es necesaria una política común de inmigración y no la tenemos. Sabemos que no es posible sustentar el crecimiento económico de Europa sin los extranjeros. Para eso, tenemos que definir qué inmigración queremos. El problema no es la falta de soluciones, sino la falta de voluntad política para hacerlo", lamenta Carlos Coelho, eurodiputado portugués del Partido Popular, que se confiesa pesimista sobre la actitud de los líderes políticos, la mayoría de su propio partido.

Desigual.

El diagnóstico es compartido también por las organizaciones de derechos humanos. "La UE aún está muy dominada por la agenda política de los países miembros, a su vez condicionada por los populismos. Muchas veces las propuestas se ven rebajadas por la presión interna. Pero un enfoque basado exclusivamente en la seguridad no funcionará", advirtió Nils Muiznieks, comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, una organización que vela por ellos en 47 países del continente.

El desigual tratamiento hacia los demandantes de asilo divide a Europa en dos: el norte y el sur. Los países ricos, con sistemas más generosos y eficaces, atraen la mayor parte de las solicitudes -cada vez más numerosas-, mientras los más desfavorecidos las gestionan con lentitud. Alemania, Francia, Suecia, Reino Unido y Bélgica registraron, por este orden, el 70% de las peticiones de asilo en 2012, que sumaron 332.000 en toda la UE, según datos de Eurostat, la agencia estadística comunitaria. Y no necesariamente porque los inmigrantes llegaran a esos Estados en primera instancia, sino porque sus sistemas son mejores. Un nuevo paquete de asilo aprobado este año intenta armonizar las legislaciones y gestionar mejor los flujos, pero queda mucho por hacer.

El enfoque conjunto es uno de los grandes asuntos pendientes en el último Consejo Europeo. Los países no quieren ni oír hablar de redistribuir a los demandantes de asilo, es decir, de transferir más a los países donde escasean para equilibrar las cifras. Y ello pese a que el éxodo sirio y la inestabilidad regional lo hacen prioritario.

Medida.

El Gobierno de España aprobó un Real Decreto, el jueves 31 de octubre, por el que se permitirá conceder residencia permanente a refugiados que tengan ya ese estatus en otro Estado de la UE.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría explicó que se modifica el Reglamento de la Ley de Extranjería y se completa la trasposición de una directiva comunitaria que pretende favorecer a los extranjeros a los que se les ha concedido protección internacional al permitir el acceso a la residencia de larga duración, con independencia de que sea España u otro Estado miembro el que conceda dicha condición.

Entre las medidas que contempla el proyecto, se encuentra el cálculo de los períodos de residencia legal previa en España del beneficiario de protección internacional, para poder conceder la Residencia de Larga Duración.

La reforma aprobada permitirá que "estas personas tengan derecho a residir indefinidamente en otro Estado miembro distinto de aquel que les concedió la protección, como que un refugiado al que Alemania le otorgó el asilo, puede solicitar su Residencia de Larga Duración en España.

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