Los independentistas catalanes lanzaron al Estado español un desafío sin precedentes esta semana, iniciando "solemnemente" el proceso de separación de una España cuya artillería jurídica se puso inmeditamente en marcha para contraatacar, pero podrían verse minados por sus divisiones internas.

"La Constitución prevalecerá, que nadie lo dude", lanzó el jueves el rey Felipe VI de España, saliendo de su reserva por primera vez, muestra de la gravedad de la situación.

Con una resolución aprobada por 72 de los 135 diputados catalanes, el parlamento regional entró en la historia el lunes proclamando la apertura del "proceso de creación de un Estado catalán independiente en forma de república".

La reacción del gobierno conservador de Mariano Rajoy, en plena campaña para su reelección en las legislativas del 20 de diciembre, no se hizo esperar: un consejo de ministros extraordinario el martes, impugnación ante el Tribunal Constitucional el miércoles, y difusión de un informe de la fiscalía que alude a las penas de prisión a que se exponen los culpables de "rebelión" y "sedición".

Tras la suspensión cautelar de la resolución por el Constitucional, donde una mayoría de jueces son conservadores, ahora cualquier acto que la vulnere, explica el experto en derecho constitucional Antonio Torres del Moral, puede provocar acciones judiciales.

Si pese a las advertencias, el gobierno catalán comenzase a aplicar su plan independentista, el Estado podría también suspender a su presidente regional: "entonces ya no habría gobierno catalán, el Estado tendría que encargarse de la gestión de las administraciones" regionales como la hacienda o policía, y "luego habría convocatoria de elecciones", agregó el experto.

Sin presidente hasta fin de mes y con el proceso suspendido