CORRUPCIÓN EN ARGENTINA

Empresario K no declara y ahora evalúan si va a prisión

Lázaro Báez no contestó preguntas y le pidió la excarcelación al juez

El empresario allegado a la familia Kirchner, Lázaro Báez, investigado por lavado de dinero, se presentó ayer junto a su hijo Martín y a su contador Daniel Pérez Gadín ante el juez Sebastián Casanello en los tribunales federales argentinos. Los indagados no respondieron las preguntas.

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Los sospechosos presentaron escritos en los que se negaron a ser indagados en la causa por presunto lavado de dinero a través de la financiera apodada "La Rosadita" en la que están siendo investigados.

Luego de declarar, Lázaro Báez y Daniel Pérez Gadín pidieron ser excarcelados pero el juez rechazó este pedido. Ambos adujeron problemas de salud y quedarán alojados en el hospital penitenciario central de Ezeiza.

Al edificio de tribunales también llegó para ser inda-gado el financista Federico Elaskar, quien en 2013 reveló a un programa de TV haber sacado millonarios fondos de Báez a sociedades en Panamá.

Báez fue apresado el martes, pasadas las 17, por orden de Casanello, cuando aterrizó en su jet privado en el aeropuerto de San Fernando. El juez había ordenado su captura ante el riesgo de que se fugara, pues despegó con su avión sin que el juzgado conociera el plan de vuelo. Según informó La Nación, se llegó a pensar que Báez podía cruzar a Uruguay.

La causa.

Báez y Pérez Gadín fueron detenidos el martes acusados de lavar US$ 5 millones provenientes de la evasión fiscal de la constructora Austral, una empresa concebida pocos días después de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia y que luego se transformó en la mayor adjudicataria de la obra pública con la que el entonces matrimonio presidencial y Báez se enriquecieron.

Recientemente, la causa volvió a cobrar relevancia tras la difusión por televisión de videos de 2012 que muestran a varias personas contando millones de dólares y de euros en la oficina que tenía la financiera SGI en Buenos Aires, entre las que se encuentra Martín Báez, hijo de Lázaro, y también el contador Pérez Gadín.

El fiscal argentino Guillermo Marijuan señaló ayer que "indudablemente" la aparición de este video es una prueba "muy contundente" para haber solicitado la declaración a indagatoria de Báez.

En el marco de esta causa, Marijuan dijo ayer que no descarta pedir al juez que cite a declarar a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015).

"Después de 30 años de trabajar en el Ministerio Público y haberme formado con muy buenos fiscales, creo que lo que jamás haría es descartar una hipótesis", explicó ayer el fiscal en declaraciones a radio La Red.

Según Marijuan, la defensa de Báez podrá solicitar su excarcelación, al igual que el juez tiene 10 días para resolver su situación y dictar falta de méritos o un procesamiento, que puede ser con o sin prisión preventiva. Para mañana está previsto que declare Leonardo Fariña, conocido como el "valijero" de Báez.

En Uruguay, la causa sigue abierta y está a cargo de la jueza de Crimen Organizado Adriana de los Santos. Para actuar, necesita que haya un avance en la justicia Argentina.

Gobierno querellante.

En la causa Hotesur, que la Justicia investiga presuntas irregularidades en una empresa gestora hotelera de la que la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) es accionista, el juez federal argentino Daniel Rafecas aceptó ayer que la Oficina Anticorrupción (OA) se sume como querellante.

Fuentes judiciales explicaron que esta decisión "es lo que marca la ley", ya que la OA, que depende del Ministerio de Justicia, es el organismo del poder Ejecutivo que por ley tiene encomendada la tarea de hacer seguimiento de causas que involucran a todos los funcionarios públicos.

"De modo tal que la petición fue aceptada", aseveraron.

El organismo realizó el pasado 31 de marzo una presentación ante el Juzgado Federal 3 para ser parte en la causa caratulada "Fernández de Kirchner Cristina y otro, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público", más conocida como "Hotesur".

Para la OA es relevante ser querellante porque se investiga "la eventual responsabilidad" de una exjefa de Estado y de otros altos cargos, como el exministro de Justicia kirchnerista Julio Alak y funcionarios de la Inspección General de Justicia (IGJ).

Este ente presuntamente permitió a Hotesur, gestora del lujoso hotel patagónico Alto Calafate, permanecer sin presentar los balances contables obligatorios entre 2011 y 2013, así como no registrar ningún documento societario relativo a la integración de los órganos directivos de la sociedad.

La Oficina remarcó también que Cristina Fernández "justifica parte de sus ingresos mediante créditos de la firma Hotesur, práctica que podría reducirse a una modalidad de autopréstamo, que podría pretender disimular un aumento patrimonial injustificado".

Carrió: "el peor castigo es ver a su hijo preso".

La diputada nacional de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se refirió al avance en la investigación por lavado de dinero sobre el empresario kirch-nerista Lázaro Báez. "Empezamos a denunciarlo desde que era empleado de Néstor Kirchner. Había pruebas en 2008. Durante años, como sabía cómo eran los jueces, les pedía que aunque sea no cerraran las causas", recordó la diputada, que forma parte de Cambiemos, en diálogo con Telefé. Y reflexionó sobre la situación de Báez: "¿De qué le sirve el dinero, si el peor castigo para Lázaro Báez es ver preso a su hijo?", dijo. "La inflación que hay tiene que ver con lo robado", remató.

"El fin de la impunidad es política de Estado".

El juez federal argentino Ariel Lijo, aseguró ayer que "terminar con la impunidad" es la "política de Estado" de la Corte Suprema e insistió en que cada juez es "independiente" y no existen "acciones coordinadas" para acelerar las causas contra el kirchnerismo desde el cambio de Gobierno.

"Todos los jueces de todas las instancias están comprometidos con este plan de lucha contra la impunidad, con esta política pública de la Corte y que tiene respaldo dentro de los tribunales", declaró ayer Lijo en Radio Nacional en relación al avance de medidas judiciales en casos relacionados con el Gobierno anterior durante los últimos meses.

A su juicio, esto "no forma parte de ninguna especie de plan" de sectores interesados, ya que "sería institucionalmente gravísimo dejar la libertad de las personas en manos de grupos de presión" y "no hay que caer en el oportunismo de determinados actores de la vida pública".

Para Lijo, encargado de la causa que investiga al exvicepresidente argentino Amado Boudou (2011-2015) por una presunta compra ilegal de la imprenta de dinero Ciccone Calcográfica, tampoco se trata de "acciones coordinadas" por parte de los magistrados, sino que cada uno "es independiente y tiene libertad absoluta de criterio para hacer lo que quiera con sus casos". "Los jueces no son empleados de otros jueces", agregó.

En ese sentido, denunció lo "desmoralizante" que es para los empleados judiciales ver cómo su trabajo "es denostado" o que se los acuse de que "nunca hacen nada" e insistió que sus decisiones tienen que estar "motivadas en la prueba y fundadas en el derecho".

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