DÍAS TERRIBLES PARA DILMA

Empezó cuenta atrás de Dilma

Encara sus últimos 4 días en la presidencia porque el Senado votará el juicio político, el miércoles; se necesitan 41 votos y hay 50 a favor y 20 en contra.

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Temer acusó a Rousseff de utilizar "mentiras rastreras" en su mensaje. Foto: Reuters

Dilma Rousseff puede estar viviendo las últimas 96 horas de su mandato como presidenta de Brasil, debido a que el plenario del Senado deberá decidir, el próximo miércoles, si le abre un juicio político de destitución. La suerte de la mandataria parece definida: el viernes, la Comisión Especial del Senado, después de intensa discusión, aprobó por 15 votos a favor, cinco en contra y una abstención recomendar al plenario del cuerpo que inicie el proceso de juicio y destitución. Todo indica que en el Senado hay amplia mayoría para abrir el proceso que determina que Dilma sea apartada del máximo cargo del país durante un periodo máximo de 180 días —en los que Brasil estará en absoluta incertidumbre— mientras se lleva adelante el juicio. El relevamiento realizado por el diario O Globo indica con claridad que en el plenario del Senado hay 50 votos a favor del juicio político y 21 en contra, en tanto diez senadores no han expresado su opinión. Hay votos más que suficientes, ya que se requiere una mayoría simple de 41.

Sin duda, a lo largo de los trece años en los que el Partido de los Trabajadores (PT) ha gobernado Brasil, primero con los mandatos presidenciales de Luiz Inácio Lula Da Silva y luego los de Dilma Rousseff, nadie pudo imaginar un desenlace de estas características. El PT alcanzó buenos resultados en la economía y en lo social.

Pero, el escándalo de corrupción de Petrobras y sus ramificaciones en la política tuvo enorme impacto en toda la sociedad brasileña y golpeó a notorios dirigentes del PT.

Divergencias.

En ese clima negativo para el partido de gobierno y cuando la economía está en caída, surgió el pedido de juicio político a Dilma, por otros motivos que nada tienen que ver con el caso de Petrobras.

La oposición sostiene que la presidenta incurrió en unas maniobras contables de características ilegales para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar los presupuestos mediante decretos, acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.

Asimismo, afirma que el gobierno aprobó decretos de crédito suplementario en 2015 sin tener la autorización debida del Congreso, después de reconocer que no podía cumplir la meta fiscal de ese año. La ley de juicio político considera un "delito de responsabilidad" atentar contra la ley presupuestal, así como contra "la guarda y el uso legal de dineros públicos".

Dilma ha dado respuesta a las acusaciones, alegando que las acciones contables que son tomadas como base por la oposición para pedir el juicio político no suponen una ilegalidad y mucho menos "un delito de responsabilidad", como la Constitución define las causas que pueden llevar a la destitución de un presidente. "Practiqué esos actos, que son practicados por todo presidente en el ejercicio de su cargo, y cuando un presidente practica actos administrativos lo hace basado en toda una cadena de decisión, con análisis técnicos y jurídicos", señala. Asimismo, recuerda que otros presidentes tomaron medidas similares que fueron consideradas legales.

Dilma alega que en su contra "no hay ninguna acusación de desvíos de dinero, de enriquecimiento ilícito o de ocultar cuentas en el exterior", que en cambio pesan contra quienes la juzgan. Lo dijo en alusión al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien fue separado por el Supremo Tribunal Federal y es investigado por cargos de corrupción. En un acto realizado el viernes para inaugurar una obra hidroeléctrica en Belo Monte, en la Amazonia, la presidenta denunció que "el juicio político fue un chantaje del señor Eduardo Cunha, que pidió al gobierno votos para impedir su propio juicio en la Comisión de Ética. Pero, nosotros no le dimos los votos". Reiteró que es un golpe parlamentario en su contra.

Cuestionado.

Cunha enfrenta un proceso en la Comisón de Ética de Diputados, que indaga si mintió al Congreso al negar que tenía cuentas cifradas en Suiza, lo que él siempre ha rechazado pero que fue confirmado por la Justicia helvética.

Dilma enfatizó que Cunha incurrió "en un claro desvío de poder porque usó su cargo para vengarse de nosotros porque no nos doblamos al chantaje".

La situación de Cunha fue planteada por el partido de gobierno en la Comisión Especial que aprobó pasar al plenario del Senado el planteo de juicio político, como motivo para anular todo el proceso. La senadora del PT, Gleisi Hoffman ratificó los argumentos que ya había expuesto el abogado del gobierno, José Eduardo Cardozo, en el sentido de que el pedido de juicio a la presidenta debe ser declarado nulo porque Cunha fue apartado de sus funciones por el Supremo Tribunal Federal. "Las decisiones que él tomó en el ejercicio de sus funciones legislativas son nulas. Por tanto, también es nula la recepción de la denuncia contra la presidenta", indicó antes de pedir la suspensión de la actuación de la comisión.

El presidente de la comisión, Raimundo Lira, del PMDB, rechazó la cuestión de orden presentada por Hoffman y explicó que le corresponde al plenario del Senado dar curso o no a la solicitud de juicio político.

Etapas.

La importancia económica y en las relaciones internacionales que tiene Brasil determina que el desenlace del pedido de juicio alcance repercusiones no solo en Uruguay y en el Mercosur, sino también en el resto del mundo. A partir de ahora, la expectativa está centrada en el Senado, que sesionará el miércoles para decidir si valida la moción de juicio y destitución de Dilma. Hay mayoría suficiente para aprobar el proceso, lo que tendrá una derivación inmediata: la presidenta será apartada de manera provisoria de sus funciones hasta un máximo de 180 días, para dar lugar al juicio propiamente dicho. Será reemplazada por el vicepresidente Michel Temer, del partido centrista PMDB, con el que está distanciada por fuertes divergencias políticas y se ha convertido en su enemigo principal.

Los especialistas en derecho constitucional señalan que en ese momento empezará la verdadera recolección de pruebas y testimonios. A lo largo de las reuniones, la oposición expondrá los fundamentos de la acusación y Dilma tendrá oportunidad de hacer su defensa.

La sesión final del juicio tendrá lugar en el plenario del Senado, bajo la dirección del presidente del Supremo Tribunal Federal. Los senadores actúan como miembros del jurado. La destitución definitiva de la presidenta requiere de dos tercios de los votos del Senado (54 de un total de 81 miembros), cualquiera sea el número de los presentes. Si no se llegara a aprobar, Dilma reanudaría sus funciones, pero esa eventualidad no parece verosímil..

Crisis política en tiempo de dificultades económicas.

La crisis política ocurre en un tiempo de dificultad económica. El año pasado, la economía se retrajo 3,8%. Ahora, los analistas del mercado financiero volvieron a empeorar su previsión de contracción en 2016 que sitúan en 3,89%, según informó el Banco Central. Si se cumplen los pronósticos de los economistas, Brasil registrará dos años seguidos en números rojos por primera vez desde la década de 1930. En cambio, esperan que en 2017 la economía logre crecer un 0,40%.

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