EE.UU. aprobó por primera vez sanciones que afectan a Pdvsa, complicando su capacidad para cumplir con el pago de deuda.

Estados Unidos impuso ayer viernes las primeras sanciones financieras a Venezuela, que afectarán la emisión de deuda y que siguen a las ya decretadas contra el presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios del régimen. Al mismo tiempo, la Casa Blanca descartó una acción militar en el corto plazo.

El decreto del presidente Donald Trump prohíbe que los estadounidenses operen con nuevos bonos venezolanos, lo que dificultará la refinanciación de la fuerte carga de deuda de Pdvsa. Los inversores esperaban que la empresa buscara aligerar sus próximos pagos mediante tales operaciones, como lo hizo el año pasado, lo que usualmente requiere nuevas emisiones.

La medida podría hacer que Venezuela caiga en cesación de pagos, o aumentar su dependencia de sus aliados China y Rusia, que ya han prestado a Caracas miles de millones de dólares.

La decisión también impide que la refinería de Pdvsa en Estados Unidos Citgo Petroleum envíe sus dividendos a Venezuela. La orden, sin embargo, no prohíbe el comercio de crudo, lo que habría sumido a Venezuela en una crisis económica aún más severa, en medio de escasez de alimentos y una galopante inflación.

"Maduro ya no podrá sacar ventaja del sistema de financiamiento estadounidense para facilitar el saqueo al por mayor de la economía de Venezuela a costas del pueblo venezolano", dijo el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin.

"Estas medidas están cuidadosamente calibradas para negar a la dictadura de Maduro una fuente crucial de financiamiento para mantener su mandato ilegítimo", apuntó en un comunicado la Casa Blanca.

Washington y Caracas retiraron a sus respectivos embajadores desde 2010. Pero hasta ahora mantienen estrechos vínculos comerciales, sobre todo en la industria petrolera. Estados Unidos compra 800.000 barriles diarios de petróleo, de los 1,9 millones que produce Venezuela.

Antes del anuncio de Washington, Maduro realizó un intercambio de puestos para enfrentar las sanciones económicas, nombrando a Nelson Martínez como nuevo presidente de Pdvsa y a Eulogio Del Pino ministro de Petróleo.

La agencia de calificación financiera SP Global Ratings advirtió en julio sobre el riesgo de impagos debido al deterioro de las condiciones económicas y el aumento de las tensiones políticas en Venezuela. Entre octubre y noviembre, Venezuela y Pdvsa deberán pagar unos 3.800 millones de dólares en vencimientos de bonos.

El analista económico venezolano Rafael Quiroz advirtió sobre el impacto negativo que pueden causar las sanciones. "Eso nos afecta seria y directamente, porque hay varios bonos de la República, como bonos de Pdvsa, que están en posesión de personas naturales y jurídicas en Estados Unidos. Venezuela tiene compromisos que debe honrar", dijo a la AFP. "Vamos a disponer de menos divisas para importar alimentos y medicinas, que ya estamos necesitando", agregó.

El régimen de Maduro deploró las nuevas sanciones contra la "democracia" venezolana y se preguntó si Trump busca "crear o promover una crisis humanitaria".

"Esta es la peor agresión", dijo el canciller Jorge Arreaza, tras reunirse en Nueva York con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

"Venezuela es una democracia", subrayó. "¿Qué quieren? ¿Hacer pasar hambre al pueblo venezolano? ¿Eso es lo que quieren hacer?", agregó y dijo que para compensar el impacto, Caracas se acercará más a Rusia y China.

"Las sanciones financieras anunciadas hoy son quizás la peor agresión a Venezuela en los últimos 200 años (...) Quizás desde que el imperio español fue derrotado por nuestros libertadores", subrayó.

"La dictadura de Maduro sigue privando al pueblo venezolano de alimentos y medicinas, encarcelando a la oposición democráticamente elegida y suprimiendo violentamente la libertad de expresión", enfatizó por su parte este viernes la Casa Blanca.

Al explicar en rueda de prensa las sanciones financieras, la Casa Blanca descartó que en lo inmediato se planee una operación militar contra Venezuela, una posibilidad evocada hace dos semanas por Trump, pero rechazada por los países latinoamericanos, incluyendo a los más críticos de Maduro. "Evaluamos una amplia gama de opciones. Cualquier decisión será tomada en acuerdo con nuestros socios en la región. Ninguna acción militar está planteada en el futuro cercano", declaró el general HR McMaster, asesor de seguridad nacional de Trump.

La Casa Blanca había mencionado antes la Declaración de Lima al afirmar que "Estados Unidos no está solo en la condena al régimen de Maduro".

En ese texto del 8 de agosto, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú expresaron su "enérgica condena a la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de usurpar las competencias" del Parlamento.

"Las nuevas sanciones financieras de Estados Unidos apoyan esta postura regional de aislamiento económico de la dictadura de Maduro", subrayó la Casa Blanca.

Por su parte, el presidente de Venezuela dijo que hará "anuncios muy importantes" para responder a las sanciones.

"Nos vamos a liberar de los chantajes del dólar, del financiamiento estadounidense, habrá que pasar por sacrificios para saber, pero hay que blindar al país (...) para romper todos estos mecanismos de bloqueo", afirmó Maduro en un video que publi- có en su cuenta en la red social Twitter.

En respuesta a las medidas de Estados Unidos y a la eventual intervención militar en Venezuela, el régimen organizó para este fin de semana ejercicios militares en los que participaron unos 200.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y otros 700.000 milicianos, reservistas y civiles.

"Nunca antes la FANB estuvo más cohesionada, más unida. Este ejercicio nos va a permitir pasar a una nueva fase de alerta, de actitud para el combate defensivo", afirmó el jefe del Comando Estratégico Operacional, Remigio Ceballos, rodeado de soldados.

El gobierno de Trump advirtió este viernes a los estadounidenses que viven o visitan Venezuela que tomen medidas de seguridad ante los ejercicios militares.

"Los ciudadanos estadounidenses en todas las regiones de Venezuela tienen que mantener un alto nivel de vigilancia y tomar medidas apropiadas para mejorar su seguridad personal", señaló una nota difundida en la página web de la embajada de Washington en Caracas.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó ayer viernes la exclusión de Venezuela de los canales colombianos Caracol y RCN, decisión que confirma que el gobierno venezolano se ha convertido en la "forma oscura de una dictadura que desprecia la libertad de prensa y el pluralismo democrático". En los últimos años, el régimen de Maduro ha sacado del aire a seis canales extranjeros por su cobertura del incesante deterioro de la situación política y social en Venezuela.

El Observatorio Venezolano de la Salud (OVS) denunció ayer viernes la censura del Ministerio de Salud sobre los 447 casos sospechosos de difteria (51 de ellos confirmados por laboratorios) registrados en el país por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) entre 2016 y 2017. Los 51 casos confirmados incluyen siete defunciones, dijo la OVS, que cita datos oficiales recibidos por la OPS.

Según estas cifras, "la tasa de letalidad acumulada entre los casos confirmados es del 20%". Las muertes se produjeron en los estados Anzoátegui y Monagas, en el este del país, y el estado Bolívar (sureste). El balance de la OPS indica que se le han notificado casos en 17 estados del país, 51 de los cuales fueron confirmados en laboratorios. Casi la mitad de ellos son de personas de entre 5 y 19 años. Un 78% tenía el esquema de vacunas incompletas y un 15% no estaba vacunado.

El Observatorio denunció que "la censura dominante" en el Ministerio de Salud impidió saber cómo se ha comportado la epidemia de difteria en Venezuela, donde la enfermedad reapareció en abril de 2016 después de 24 años sin registrarse ningún caso. Este organismo recriminó asimismo a la OPS que se haya reservado la publicación de cifras durante meses, un silencio que la organización continental rompió el 22 de agosto.

Según el Observatorio, el silencio de las autoridades pretende "ocultar" que "hospitales de varias regiones (...) siguen recibiendo pacientes con difteria", sobre todo en la región andina en los últimos tres meses. EFE

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