CRISIS POLÍTICA EN BRASIL

Dilma repite alegato que no convenció en Diputados

La jefa de Estado, quien insiste en que el juicio político “es un golpe”, señala lo mismo que hace un mes.

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Su abogado insiste en anular el impeachment. Foto: AFP.

La defensa de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, reiteró ayer ante una comisión del Senado que analiza la posibilidad de someterla a un juicio político los mismos alegatos ya rechazados por una abultada mayoría en la Cámara de Diputados.

La comisión escuchó al abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, y los ministros de Hacienda, Nelson Barbosa, y Agricultura, Katia Abreu, quienes insistieron en la tesis de que no existe base legal para procesar a Rousseff, que dentro de unas dos semanas puede verse obligada a entregar su cargo al vicepresidente Michel Temer por, al menos, 180 días.

La mayoría de los senadores desestimó sus alegatos y reiteró una y otra vez que las diversas irregularidades fiscales que sustentan la acusación —denuncian que Rousseff maquilló cuentas públicas— suponen un "crimen de responsabilidad", que es como la Constitución brasileña define las causas que pueden conducir a la destitución de un mandatario.

Barbosa y Abreu presentaron argumentos de carácter técnico, en tanto que Cardozo asumió la parte más política de la defensa y se afincó otra vez en la tesis del "golpe" que la propia Dilma grita a los cuatro vientos desde hace semanas.

En todos los casos, sin embargo, los alegatos fueron los mismos que los defensores de la presidenta presentaron hace poco más de un mes ante la Cámara de Diputados, que los ignoró por completo y por una mayoría de 367 votos contra 137 remitió el proceso al Senado.

Tal como había hecho en la Cámara baja, la defensa de Rousseff insistió en la supuesta "nulidad" de un proceso que consideró "viciado" desde su propio origen.

El abogado general del Estado reiteró que la "nulidad de origen" está en el hecho de que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, a quien la Constitución le reserva la potestad de iniciar el proceso contra un mandatario, actuó por "venganza" al aceptar las denuncias.

Cunha, adversario de la mandataria y acusado de corrupción, dio curso al trámite cuando el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) apoyó la apertura de un juicio en su contra, sostuvo Cardozo, quien atribuyó a eso la conducta del jefe de los Diputados.

"Es un claro desvío de poder que anula el proceso desde su propio inicio" y lo convierte en un "golpe", dijo Cardozo, pese a que el trámite para un posible juicio está en su fase final.

Cardozo también jugó algunas cartas nuevas que pudieran ser las últimas y aseguró que tanto los diputados en su momento, como ahora los senadores, en muchos casos anticiparon su posición, lo que consideró como otra "violación del proceso legal", pues "un juez tiene vedado pronunciarse sobre un caso antes del juicio".

Otro nuevo argumento que, en su opinión, puede llegar a "anular" el trámite es que el instructor de la comisión del Senado, Antonio Anastasia, pertenece al opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), al igual que uno de los firmantes de la denuncia.

"El PSDB presenta la denuncia y el PSDB actúa como instructor en el mismo proceso", lo que "hiere las garantías de la debida defensa".

¿Es un "golpe"?

La acusación se apoya en unas maniobras contables que modificaron presupuestos vía decretos y permitieron acumular deudas y contratar créditos con la banca pública, pese a que la legislación lo prohíbe y sin que eso fuera reflejado en los balances del Gobierno.

Cardozo insistió en que eso, a lo sumo, puede suponer una "falta administrativa", insuficiente para una destitución, y por enésima vez enfatizó que "un impeachment sin un delito es un golpe".

La insistencia de Cardozo con esa palabra generó reacciones entre los parlamentarios y la senadora Simone Tebet exigió que "paren con la cantilena del golpe", que "ofende" al Parlamento y a la Corte Suprema, que supervisa el proceso y ha asegurado que se ajusta a la Constitución.

Lo que sigue.

La comisión del Senado que analiza el caso elaborará un informe, que será votado el próximo 6 de mayo.

Si el informe recomienda la apertura del juicio político y es aprobado por más de la mitad de los 21 miembros de la comisión, la palabra pasará al pleno del Senado, que alrededor del 10 de mayo se pronunciará sobre el asunto.

En caso de que una mayoría simple entre los 81 senadores apruebe la instauración del proceso, Rousseff deberá separarse del cargo durante los 180 días que puede durar el juicio y su lugar sería ocupado en forma interina por el vicepresidente Michel Temer.

El desempleo ya afecta a 11,1 millones.

Brasil tiene 11,1 millones de personas desocupadas de acuerdo con datos oficiales presentados ayer por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

La crisis del mercado laboral se agravó en el trimestre concluido en marzo cuando trepó al 10,9 %, lo que configura un aumento del 3 % frente al mismo trimestre del año pasado.

Esos números muestran una suba de la desocupación del 1,9 % ante al trimestre concluido en febrero de este año según la Pesquisa Nacional con Muestras Domiciliarias, realizada en 211.000 residencias de 3.500 municipios brasileños.

En cuanto a la información económica, ayer se supo que Brasil cerró en el primer trimestre del año con un déficit fiscal primario de 5.771 millones de reales (unos 1.650 millones de dólares).

La información fue divulgada ayer mientras el vicepresidente Michel Temer se reunía con asesores para analizar la formación de su eventual gabinete.

El jerarca dijo en una entrevista que planea conducir un gobierno de "unidad y reconstrucción nacional" que entrará en funciones probablemente en mayo, en caso de que la presidenta Dilma Rousseff deba licenciarse por el "impeachment".

“Es una elección indirecta”.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, consideró ayer “ridícula” la acusación utilizada para tramitar un juicio político en su contra en el Congreso y denunció que “es una elección indirecta cubierta por el manto del ‘impeachment’”. Rousseff insistió en que las maniobras fiscales que realizó en 2014 y 2015 -en las que se apoya la oposición para avanzar con el juicio político destituyente- fueron para garantizar los programas sociales. “Hay un proceso en curso y tiene nombre, es golpe”.

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