La izquierda en Brasil realizó ayer manifestaciones en favor del gobierno en decenas de ciudades, sin conseguir alcanzar ni una ínfima parte de los participantes que el fin de semana pasado marcharon contra la presidenta Dilma Rousseff.

Cuatro días después de que casi un millón de personas (900.000, según estimaciones) pidieron en las calles el "impeachment" (destitución tras juicio político) de Rousseff, las marchas en este día laboral congregaron a sindicatos y movimientos sociales de izquierda pero sin conseguir dar un fuerte impulso a la presidenta, cuya popularidad se ha derrumbado a menos de 8%. Las manifestaciones progobierno convocadas en más de 30 ciudades subrayaron las divisiones internas y la desmoralización que socava a la base política de Rousseff, sobre todo debido a su decisión de implementar medidas de austeridad para intentar reactivar la economía.

El presidente del gobernante Partido de los Trabajadores, Rui Falcao, llamó a los brasileños a manifestar "en defensa de la democracia", como otros grupos como el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) dijeron que protestaban contra las políticas económicas de Rousseff, aunque se oponen a que salga del gobierno. Filmaciones de organizadores en manifestaciones que tuvieron lugar en varias ciudades mostraron marchas de apenas cientos de personas, mientras la prensa local señaló que las mayores solo congregaron hasta el momento a unos cuantos miles.

En Rio de Janeiro, 300 a 400 personas del MTST y otros pequeños grupos se reunieron a la hora del almuerzo en la céntrica plaza de Cinelandia.

Su apoyo a Rousseff fue tibio: dijeron que se opondrían a intentos de sacarla del poder, pero que ha abandonado sus raíces socialistas para abrazar la austeridad.

El plan de ajuste fiscal fue implementado tras cuatro años de débil crecimiento, mientras la economía ya está técnicamente en recesión este año, que según todo pronóstico se extenderá hasta fines de 2016. La inflación alcanza casi 10%, el doble de la meta oficial.

Vestidos de rojo, color insigne del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y de la Central Única de los Trabajadores (CUT), la mayor unión sindical del país y vinculada históricamente a la formación política, los manifestantes entonaron cánticos a favor de Rousseff y en contra de la oposición. La plaza de Cinelandia, en el centro de Rio de Janeiro, fue el epicentro de la otra gran manifestación del día, con unas 20.000 personas, de acuerdo con la CUT, las que pusieron fin a la protesta con un acto cultural frente a la Cámara Municipal (Concejo) en el que participaron artistas y grupos folclóricos.

En Brasilia, capital del país, el sector de locales de diversiones conocido como Conic fue otro importante lugar de concentración para una protesta en la que destacó el pedido por parte de un grupo de manifestantes para que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva sea el candidato del PT en las elecciones presidenciales de 2018.

Las manifestaciones se realizaron en 25 de los 27 estados brasileños, principalmente en las capitales regionales.

Las manifestaciones coincidieron en pronunciarse contra el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) pero que dejó clara su postura personal de oposición a Rousseff.

Los manifestantes pidieron la renuncia de Cunha, quien ayer fue formalmente denunciado por la Fiscalía ante la Corte Suprema acusado de corrupción y lavado de dinero por su supuesta participación en la red de corruptelas enquistada en la petrolera estatal Petrobras y por la que son investigados unos cincuenta políticos.

Cunha fue acusado, según un escrito a la Corte Suprema, de recibir un soborno de 5 millones de dólares por un contrato para dos naves de perforación petrolera.

Los fiscales también presentaron cargos contra el expresidente de Brasil y senador Fernando Collor de Melo.

Cunha, miembro del partido más grande de Brasil, el PMDB, había renunciado hace un mes a la coalición que apoya a la presidenta Dilma Rousseff, para unirse a legisladores de oposición que buscan que haya un juicio político contra la mandataria.

Cunha y Collor forman parte de la lista de cincuenta políticos investigados junto a exaltos cargos de la petrolera y ejecutivos de importantes constructoras como sospechosos de beneficiarse de la red enquistada en Petrobras que sobrevaloraba contratos y desviaba recursos de la empresa estatal.

También fueron denunciados ayer en el mismo proceso la exdiputada del PMDB y actual alcaldesa de Río Bonito, Solange Almeida, el exministro Pedro Paulo Leoni Ramos y otras tres personas próximas a Collor.

Si la Corte Suprema acepta la denuncia presentada por el Ministerio Público, los acusados pasarán a ser reos del proceso y en el caso de Cunha y Collor de Mello, por su fuero privilegiado como legisladores, deberán responder únicamente ante ese tribunal. Por su condición de presidente de la Cámara baja, Cunha sólo podrá ser juzgado por los 11 magistrados del plenario del STF, mientras que con Collor, en caso de ir también a juicio, será el segundo escalón del supremo, integrado por cinco jueces, el encargado de llevar el proceso.

El relator del proceso en el STF, el magistrado Teori Zavascki, deberá ahora notificar a la defensa de los acusados para que presenten las pruebas de descargo, tras lo cual el caso retornará al Ministerio Público, que emitirá un pronunciamiento antes de que la máxima corte decida, en plenario, la apertura o no de un juicio.

El titular de la Cámara fue acusado por el consultor empresarial Julio Camargo, que colabora con la investigación de la Fiscalía a cambio de una reducción de su futura pena, de haber recibido entre junio de 2006 y octubre de 2012 por lo menos cinco millones de dólares en el exterior por haber intermediado una contratación de navíos-sonda para Petrobras. El propio Camargo confesó haber recibido un soborno de 40 millones de dólares de la surcoreana Samsung Heavy Industries.

Además de las operaciones con remesas internacionales, la Fiscalía identificó transferencias sospechosas, a título de donaciones, para una iglesia evangélica con nexos políticos con Cunha, quien, según las denuncias, habría presionado a Camargo para que le diera más dinero cuando la empresa dejó de pagar sobornos.

En su defensa, Cunha alega que es víctima de una persecución por parte de Janot y el miércoles, ante los rumores de que la Fiscalía presentaría la denuncia, el político descartó presentar renuncia a su cargo, como piden algunos sectores oficialistas.

En cuanto a Collor, la Fiscalía acusa al expresidente de haber recibido dinero desviado de la petrolera entre 2010 y 2014, y de haberse valido de un "sofisticado sistema de blanqueo de capitales" a través de algunas empresas de su propiedad o de otras de las que era socio.

Las empresas, oficinas y hasta las residencias de Collor de Mello ya fueron objeto de un amplio registro el pasado 14 de julio, cuando la Policía Federal se incautó de numerosos bienes y documentos que habrían agravado su situación procesal.

La presidenta Dilma Rousseff y la canciller alemana, Angela Merkel, reafirmaron ayer su compromiso contra el cambio climático y sentaron las bases para aumentar las inversiones germanas en un Brasil ávido de capitales extranjeros.

La visita de Merkel a Brasil también supuso la inauguración de un nuevo mecanismo de diálogo político intergubernamental, que incluirá reuniones bianuales de jefes de Estado y en el que han participado seis ministros y cinco viceministros alemanes y cerca de 20 miembros del gabinete de Rousseff.

Los actos contra el “golpe” estuvieron lejos del casi millón del domingo