En clima de alta tensión, la Presidenta se defiende en el Senado, que vota para destituirla.

Dilma Rousseff vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados 46 años después, pero esta vez no como guerrillera, sino como presidenta de Brasil, en una sesión del Senado de alcance histórico porque la oposición afirma que tiene votos suficientes para destituirla bajo acusación de haber violado la Constitución y las leyes respecto de las finanzas públicas. En un clima de alta tensión y de discusión, por momentos vehemente y pautada por diversidad de reproches y de expresiones lindantes con el agravio, los votos que emitirán los senadores no solo significan la caída de Rousseff como presidenta, sino que también marcarán el final de la era del Partido de los Trabajadores (PT) en el poder.

El ascenso del PT que pasó a dominar el escenario político durante 13 años, promovió una transformación de la sociedad brasileña —por ejemplo, rescató a un alto número de personas de la pobreza y generó crecimiento económico sostenido durante casi todo su mandato— fue liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, pero esa historia terminó con la fuerza política y varios de sus principales dirigentes envueltos y golpeados por el escándalo de corrupción vinculado a la empresa Petrobras. El propio Lula es acusado de corrupción por la Policía Federal.

Por cierto, el juicio a Rousseff no guarda relación con Petrobras, sino con acciones que hizo para maquillar las finanzas públicas. Y, fiel a su estilo combativo, la presidenta hace mañana lunes en el Senado su última jugada, al hablar durante 30 minutos para exponer los argumentos de su defensa, declararse inocente y acusar a la oposición de promover un golpe de Estado. Asimismo, accede a responder las preguntas que le formulen.

"Yo luché toda la vida contra la tortura, contra un cáncer... y voy a luchar ahora contra cualquier injusticia", afirmó en uno de sus últimos actos antes de concurrir al Senado.

La presidenta se presenta como la víctima de un golpe de Estado que tiene por finalidad frenar la obra social del PT.

Rousseff es acusada por la oposición de incurrir en maniobras contables de características ilegales para maquillar los resultados del gobierno en 2014 y 2015, modificar los presupuestos mediante decretos, acumular deudas y contratar créditos con la banca pública. También la denuncian por aprobar decretos de crédito suplementario en 2015 sin tener la autorización debida del Congreso, después de admitir que no podía cumplir la meta fiscal de ese año. La oposición la acusa de cometer "un delito de responsabilidad" al atentar contra la ley presupuestal y eso habilita a pedir el juicio político y la destitución de la mandataria.

Rousseff alega que las acciones contables que realizó no suponen ilegalidad alguna y mucho menos "un delito de responsabilidad".

"Practiqué esos actos, que son practicados por todo presidente, sobre la base de una cadena de decisión, con análisis técnicos y jurídicos", señala. Asimismo, puntualiza que en su contra "no hay ninguna acusación de desvío de dinero, de enriquecimiento ilícito o de ocultar cuentas en el exterior".

El Brasil de hace seis años, cuando Rousseff —de 68 años, oriunda de Belo Horizonte y nacida en una familia de inmigrantes búlgaros de clase media— recibió de manos de su mentor Lula la banda presidencial, heredó su abrumadora popularidad y un país pujante, parece haber quedado lejos en el tiempo.

Los dos lograron ubicar a Brasil entre las economías emergentes más importantes y atractivas del mundo y en un modelo de reducción de la pobreza. Sin embargo, ahora Brasil tiene una realidad diferente: además del escándalo de corrupción de Petrobras y del juicio a la presidenta, está en un periodo de caída económica, estimándose que este año la declinación se situará en 3,1%, con una inflación de más del 10%, y el desempleo que afecta a once millones de personas.

Desde el 12 de mayo, Rousseff se encuentra en una situación que nunca imaginó: suspendida por 180 días en el ejercicio del cargo por decisión del Senado mientras se desarrolla el juicio político —fue reemplazada por el vicepresidente Michel Temer, a quien ahora considera un enemigo— y a un paso de ser destituida.

Su lucha en estos meses ha sido en solitario, recluida en el Palacio de Alvorada, con ocasionales apariciones públicas, la difusión de un carta en la que asume su defensa y pide un plebiscito para que la ciudadanía decida si debe convocarse a nuevas elecciones si es destituida, y encuentros con la prensa internacional en los que denuncia la conspiración para quitarles a ella y al PT el poder. También ha tenido presencia en las redes sociales para mostrarse amable y con capacidad de comprensión, porque en Brasilia siempre se dijo que ella manda, no negocia y se conduce con arrogancia. Deja la Presidencia con una aprobación en mínimos históricos.

Ayer, estuvo reunida con Lula, ajustando su alegato y las respuestas que piensa dar a los senadores.

Después de exponer mañana en el Senado, su suerte queda librada a lo que decida ese cuerpo. La oposición asegura que tiene suficientes votos —se necesitan 54 de los 81 senadores— para destituirla y poner fin a su gobierno y a una era.

¿La acusada, la señora presidenta de la República, Dilma Vana Rousseff, cometió los delitos de responsabilidad correspondientes a tomar créditos junto a una institución financiera controlada por el Estado y abrir créditos sin autorización del Congreso Nacional, que le son imputados y debe ser condenada a la pérdida de su cargo, quedando, en consecuencia, inhabilitada para el ejercicio de cualquier función pública por el plazo de ocho años?".

A esa pregunta responden los senadores desde el pasado jueves, cuando comenzó la etapa final de los debates por el juicio político, y también lo harán el próximo martes, al emitir su voto. Hasta el momento, O Globo da 53 votos confirmados por la destitución, pero se estima que se superará el número necesario de 54.

Gleisi Hoffmann, la principal defensora de Dilma Rousseff en el Senado, eludió la cortesía parlamentaria y los eufemismos, y para que el debate entrara en calor preguntó: "¿Qué moral tiene el Senado para someter a juicio político a Dilma?". Hubo reacciones airadas inmediatas de la oposición, y por si la pregunta no era suficiente disparó: "la mayoría de ustedes son corruptos". Y, completó su postura al afirmar: "este proceso es una farsa".

Las tres jornadas iniciales de debate tuvieron un clima tenso, con fuertes discusiones y recriminaciones, que llevaron al presidente del Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski —preside las sesiones por mandato constitucional— a decir que "me siento como un piloto de avión que ya sorteó varias turbulencias".

ÚLTIMO ACTO DE LA PRESIDENTAAFP, EFE, O GLOBO-GDA