TIEMPOS DE ADVERSIDAD

Dilma enfrenta otro duro revés

El Senado debe ratificar la comisión especial que analizará el juicio; pronostican que en el plenario ya hay 48 votos, 7 más de los necesarios, para el proceso.

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La presidenta Rousseff habló ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Foto: Reuters

Un nuevo paso hacia el juicio político a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff se dio ayer, al anunciar, tanto la oposición como el partido de gobierno, los nombres de los senadores que integrarán a partir de maña lunes, la Comisión Especial que analizará el pedido de ese proceso a la mandataria y cuya conformación quedó con una minoría del oficialismo.

El gobernante Partido de los Trabajadores (PT) fue la última formación en anunciar los miembros que participarán en la comisión, integrada por 21 legisladores que analizarán el polémico tema. El anuncio de los nombres se produjo una semana después de que el inicio del juico político fue aprobado por la Cámara de Diputados.

De los 42 miembros de la Comisión Especial, entre titulares y suplentes, 27 se declararon en favor del juicio político, diez en contra, uno indeciso y tres no quisieron revelar su decisión, de acuerdo con un sondeo del diario O Estado de São Paulo.

Entre los que están a favor figuran sorpresivamente dos vicejefes de grupo oficialistas en el Senado, Helio José y Wellington Fagundes.

La base oficialista, integrada por el PT y el Partido Democrático Laborista (PDT, por su sigla en portugués), tenía derecho a cuatro escaños en la comisión.

Uno de los miembros de la comisión que ha expresado su apoyo a Rousseff es la senadora Vanessa Grazziotin, del Partido Comunista de Brasil (PCdoB) y quien fue escogida para una de las tres plazas del bloque denominado "Socialismo y Democracia", integrado por cuatro formaciones.

Los otros dos miembros elegidos por ese bloque fueron el exfutbolista Romario y el exministro Fernando Bezerra, ambos del Partido Socialista Brasileño (PSB) y contrarios a la mandataria.

El Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), mayoría en la Cámara alta y que el mes pasado dejó la base de apoyo al Gobierno, tuvo derecho a cinco asientos en la comisión, de los cuales el senador Raimundo Lira, candidato a presidirla, es el único indeciso.

El presidente del Senado, Renán Calheiros, y el vicepresidente de la República, Michel Temer, forman parte del PMDB; al igual que el jefe de Diputados, Eduardo Cunha, quien comandó la sesión del domingo en la que el plenario aprobó la apertura del juicio con 367 votos a favor, 137 en contra, 7 abstenciones y 2 ausencias.

El bloque de la oposición, integrado por los partidos de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Demócratas (DEM) y Verde (PV) y que tendrá cuatro asientos, propuso como relator de la comisión al senador Antonio Anastasía, exgobernador del estado de Minas Gerais.

No obstante, antes de ser instalada mañana la comisión, los nombres propuestos por los partidos deberán recibir la aprobación del plenario.

La comisión analizará los documentos entregados por la Cámara baja, y el plenario del Senado tendrá la última palabra para dar vía libre al juicio por mayoría simple (41 votos). De no lograr ese respaldo, el proceso se archiva, aunque los analistas coinciden que esto parece improbable.

Si el Senado valida la apertura del juicio de destitución, la presidenta Rousseff sería apartada de manera provisoria de sus funciones durante un máximo de 180 días, para dar lugar al proceso propiamente dicho. Sería reemplazada por su vicepresidente Michel Temer, del centrista PMDB, quien tiene fuertes desavenencias con la mandataria y está dispuesto a asumir la presidencia.

De acuerdo con lo que señalan expertos constitucionalistas, en ese momento se abre el periodo de presentación de alegatos por parte de la oposición que hace la acusación y de la presidenta Rousseff, quien sostiene que el proceso que se lleva adelante es ilegal, debido a que no tiene verdaderos fundamentos.

La sesión final del juicio se realizará en el plenario del Senado, bajo la dirección del presidente del Supremo Tribunal Federal (STF). Son necesarios dos tercios de los votos (54 de un total de 81 senadores) para destituir definitivamente a la presidenta, cualquiera sea el número de presentes. De lo contrario, Rousseff puede reasumir de inmediato sus funciones. En esta sesión única, el presidente del Senado puede votar porque no la dirige.

Todo indica que el juicio político prosperará y que Rousseff será destituida, aunque habrá intensas negociaciones políticas promovidas por el gobierno, como ya ocurrió en el ámbito de la Cámara de Diputados, aunque en este caso no prosperaron como lo demostró la amplia votación final en favor del juicio.

El diario O Globo hizo un relevamiento de posiciones de los senadores que indica que hasta el momento hay 48 a favor del juicio político, 21 en contra y 12 no han expresado su opinión.

Durante todo el periodo en que se realicen las discusiones en la Comisión y en el plenario del Senado, Brasil vivirá semanas de incertidumbre política con repercusiones en su economía. Todo el proceso será seguido con enorme interés no solo por Uruguay y los restantes miembros del Mercosur, sino por el resto del mundo, debido a la importancia que tiene Brasil por su economía —más allá de un presente adverso— y por la influencia política que logra en temas de alcance mundial.

Enfrentados.

La oposición alega que la mandataria incurrió en unas maniobras contables de características ilegales para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar los presupuestos mediante decretos, acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.

Sostiene que el gobierno aprobó decretos de crédito suplementario en 2015 sin la debida autorización del Congreso, tras reconocer que no llegaría a la meta fiscal de ese año. La ley de juicio político considera un delito de responsabilidad atentar contra la ley presupuestaria y contra "la guarda y el uso legal de dineros públicos". Es el punto que centra la discusión.

Rousseff ha respondido que las acciones contables que sustentan la acusación no suponen una ilegalidad y mucho menos un "delito de responsabilidad", como la Constitución define las causas que pueden llevar a la destitución de un mandatario. "Practiqué esos actos, que son practicados por todo presidente en el ejercicio de su cargo, y cuando un presidente practica actos administrativos lo hace basado en toda una cadena de decisión, con análisis técnicos y jurídicos", afirma.

Asimismo, dice que medidas similares fueron adoptadas por otro presidentes y consideradas legales y destaca que no hay en su contra "ninguna acusación de desvíos de dinero, de enriquecimiento ilícito o de ocultar cuentas en el exterior", que sí pesan contra quienes la juzgan, en alusión al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, imputado por esos delitos.

La elogiaron pero también dicen que es "delirante".

La oposición tuvo una reacción de dualidad ante la presencia de la presidenta Dilma Rousseff en Naciones Unidas. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB) presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, elogió el discurso mesurado de la mandataria en el foro mundial, pero calificó de "extremadamente delirante" la declaración que hizo a la prensa mundial, en la que señaló que se impulsa un golpe contra ella. "Creo que el fracaso del gobierno se le subió a la cabeza", estimó.

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