El Tribunal de Cuentas de Brasil recomendó ayer al Parlamento que rechace los balances del Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff referentes al año pasado por una serie de irregularidades.

El pleno del Tribunal acompañó de forma unánime el voto del juez instructor del caso, Augusto Nardes, quien halló indicios de irregularidades en 15 puntos de las cuentas públicas de 2014.

Algunos de los opositores a la presidenta estaban esperando el fallo para usarlo como pretexto para un juicio político por violación de la ley presupuestaria brasileña, pero no está claro cuánto apoyo puedan conseguir en el Congreso.

Nardes afirmó que el Ejecutivo cometió "graves ofensas" contra la ley de responsabilidad fiscal, que exige el uso correcto del dinero público, e incumplió de forma "sistemática" las reglas y principios de planificación, transparencia y gestión fiscal.

Esta es la primera vez desde 1937 que el Tribunal de Cuentas reprueba el balance de las cuentas públicas de un Gobierno, aunque la aprobación o rechazo de las mismas es una atribución exclusiva del Legislativo (sin efecto judicial).

El juez instructor calculó que se omitieron del balance deudas por 106.000 millones de reales (27.300 millones de dólares), lo que llevó al Gobierno a justificar políticas expansivas insostenibles cuando debería de haberse esforzado en contener el gasto público.

Entre las irregularidades halladas por el Tribunal figuran la apertura de créditos sin autorización del Congreso, la omisión de la contabilidad de deudas ya contraídas y unas polémicas maniobras realizadas con el objetivo de reducir el cálculo del déficit fiscal.

Las maniobras fiscales consistieron en retrasar el pago de fondos destinados a los programas sociales gubernamentales a los bancos públicos que los gestionan, lo que permitió al Ejecutivo reducir en 7.000 millones de reales (unos 1.795 millones de dólares) el déficit fiscal, que fue récord el año pasado a pesar de estas artimañas.

Los bancos tuvieron que costear los programas con sus propios fondos, lo que el juez instructor consideró equivalente a la concesión de "créditos ocultos" al Ejecutivo, algo que está prohibido por ley.

El dictamen del Tribunal de Cuentas será remitido al Parlamento que, si sigue esta recomendación y rechaza las cuentas públicas, podría imputarle a Rousseff y a otros miembros de su gabinete un delito de incumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal.

Los "delitos de responsabilidad" son uno de los presupuestos que la Constitución contempla como un motivo suficiente para abrir un juicio político con miras de destitución del jefe de Estado.

Antes de la votación, el pleno del Tribunal de Cuentas rechazó dos peticiones del Gobierno para apartar del caso al juez instructor, al que acusó de ser "parcial" y de haber anticipado su decisión de votar contra los intereses de Rousseff.

El de ayer fue un día negro para Dilma. A esta decisión del Tribunal de Cuentas se le sumaron otras acusaciones.

La justicia electoral de Brasil aprobó reabrir una investigación sobre la campaña presidencial de Rousseff por el presunto uso de fondos desviados del fraude a Petrobras. La demanda es una de las cinco presentadas por el opositor partido socialdemócrata (PSDB, centro) derrotado en los comicios de octubre del 2014 por apenas 3 puntos porcentuales, que afirma que la fórmula Rousseff (Partido de los Trabajadores, izquierda) y Michel Temer (PMDB, centro) financió su campaña electoral con donaciones de empresas involucradas en un gigantesco esquema de corrupción en la empresa estatal Petrobras.

El PSDB acusa a las agrupaciones de Rousseff y de Michel Temer de "abuso de poder económico y fraude, con la realización de gastos de campaña y valor que sobrepasó el límite informado y financiación de campaña mediante donaciones oficiales de empresas contratadas por Petrobras como parte de la distribución de sobornos".

El partido, que llevó como candidato al actual senador Aecio Neves, plantea además que hubo "manipulación en la divulgación de indicadores socioeconómicos —un abuso acumulado con la perpetración de fraude—, uso indebido de predios y equipamiento público para realizar actos propios de campaña, y publicidad institucional en época de veda".

Es la primera vez que la justicia electoral abre una investigación de este tipo contra un presidente en funciones, aseguraron fuentes del tribunal.

Rousseff, sofocada por la recesión económica, con un apoyo popular de apenas 10%, lucha para restaurar la gobernabilidad y conseguir aprobar un medidas que le permitan reordenar las cuentas públicas.

Con el objetivo de encontrar una salida a esta crisis, Rousseff transformó su gabinete: eliminó 10 ministerios, extinguió 30 secretarías y 3.000 cargos de confianza, y también redujo salarios de altos cargos.

El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, descartó ayer que vaya a renunciar a su cargo en respuesta a las presiones de algunos parlamentarios para que deje el cargo por las acusaciones de que tiene una cuenta en un banco suizo que usaba para recibir sobornos por desvíos en Petrobras.

"En ninguna hipótesis. No hay la menor posibilidad de que renuncie, de que solicite una licencia o de cualquier cosa parecida", afirmó Cunha en declaraciones a periodistas al ser interrogado sobre una nueva petición de diputados para que la Comisión de Ética de la Cámara investigue las denuncias en su contra. El presidente de la Cámara Baja es cuestionado desde mediados del año cuando la corte suprema lo citó como uno de los 50 políticos con fuero privilegiado que es investigado por supuestamente estar involucrado en el gigante escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, que provocó pérdidas al Estado por 2.000 millones de dólares.

Un tribunal legislativo reprobó el balance de las cuentas públicas del 2014