El gigantesco caso de corrupción en Petrobras se agravó ayer con la detención temporal del tesorero del Partido de los Trabajadores (PT) de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, y con la ampliación de las investigaciones a una subsidiaria de la petrolera estatal.

El tesorero del PT, João Vaccari Neto, el primer político detenido en el marco de la investigación, prestó declaración a la Policía Federal en San Pablo durante casi tres horas y después fue puesto en libertad porque no ha sido imputado por ningún delito.

El fiscal Carlos Fernando Lima explicó que el tesorero fue llamado a declarar porque se sospecha que "solicitó donaciones legales e ilegales" a varias empresas socias de Petrobras, que son investigadas por las corruptelas. Tras prestar declaración, Vaccari Neto afirmó que el PT "no tiene caja dos ni cuentas en el exterior, no recibe donaciones en efectivo y solamente recibe contribuciones legales, conforme a la ley, presentando cuentas a las autoridades competentes".

Sin embargo, según se dio a conocer este jueves, el exgerente de Petrobras Pedro Barusco declaró, a cambio de un acuerdo de reducción de su pena, que estimaba que la fuerza gobernante había recibido entre 150 millones y 200 millones de dólares de sobornos producto de 90 contratos entre 2003 y 2013. En la misma línea que Vaccari, el PT negó en un comunicado las acusaciones de soborno y precisó que la formación "recibe apenas donaciones legales que son debidamente declaradas a la justicia electoral". "Las nuevas declaraciones de un exgerente de Petrobras divulgadas hoy (ayer) siguen la misma línea de otras realizadas en procesos de delación premiada y que tiene como característica el intento de involucrar al partido en acusaciones", apunta el comunicado.

En la nueva fase de la investigación de Petrobras, se expidieron ayer 22 órdenes de arresto o de detención temporal, entre ellas la de Vaccari Neto y de 10 empresarios que son sospechosos de blanqueo de dinero y de servir de intermediarios para el pago de los sobornos.

Además, la Justicia emitió 40 órdenes de búsqueda de pruebas en las residencias de los sospechosos y en la sede de 26 empresas, la mayoría sociedades ficticias, en cuatro estados brasileños. Las investigaciones, antes centradas en las corruptelas de tres departamentos de Petrobras, se extendieron a BR Distribuidora, una subsidiaria de la petrolera que administra cerca de 7.500 gasolineras en todo Brasil. Según el fiscal, el pago de sobornos de las empresas investigadas a los ejecutivos de BR Distribuidora se produjo hasta fechas "muy recientes", a finales de 2014.

La trama de corrupción en torno a la petrolera se agravó