La lista de desafíos económicos, sociales y hasta judiciales proyectan un gobierno obligado a obtener resultados contrarreloj antes de las próximas presidenciales de 2018.

El conservador Michel Temer pretende suturar las heridas de una sociedad brasileña ahogada económicamente y hastiada de la corrupción, en los dos años y cuatro meses que le quedan para completar el mandato de la destituida presidenta de izquierda Dilma Rousseff.

La lista de desafíos económicos, sociales y hasta judiciales proyectan un gobierno obligado a obtener resultados contrarreloj antes de las próximas presidenciales de 2018, que no podrá desatender las presiones de la heterogénea base de partidos que impulsó su ascenso.

Y todo bajo la negra sombra del escándalo de corrupción en Petrobras.

Es el mayor desafío y la mayor apuesta: pasar de un modelo de sesgo intervencionista a uno con mayores libertades económicas, que incluye en su menú privatizaciones y un fuerte ajuste.

Temer cuenta con el aval de la industria y del mercado. Desde que asumió interinamente en mayo tras la suspensión de Rousseff, la bolsa de Sao Paulo subió cerca de 29% y el real se apreció en torno al 15,7%.

Pero el país está en ruta a su primer bienio recesivo en más de 80 años y esta semana los datos oficiales mostraron que el desempleo marcó un récord de 11,6% en mayo-julio y el PIB se contrajo 0,6% en el segundo trimestre.

"Mi compromiso es rescatar la fuerza de nuestra economía y volver poner a Brasil sobre sus rieles", dijo Temer en un mensaje transmitido tras su asunción.

Con un rojo fiscal estimado en unos 53.000 millones de dólares este año, para el analista Harold Thau, de la consultora Técnica, "la prioridad es reorganizar las cuentas públicas". "Ya no existen las condiciones de seguir gastando más de lo que se recauda y tampoco hay condiciones para aumentar los impuestos".

Temer designó a Henrique Meirelles como ministro de Hacienda. Exjefe del banco central en las presidencias de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), ya anunció que buscará frenar el gasto, flexibilizar el mercado laboral y reducir el costo de las jubilaciones.

Todo apunta a la vuelta de la ortodoxia. Pero esas iniciativas, además de impopulares, requieren enmiendas constitucionales y mayorías especiales en el Congreso.

La primera prueba será fijar un techo de gastos para 2017, el incurrido este año más la inflación del 2016. Luego seguirán batallas más problemáticas: la reforma de la seguridad social y del mercado laboral.

A los 75 años Temer, que era vicepresidente de Rousseff, es una pieza permanente del ajedrez del poder brasileño. Pero su popularidad es baja y carece del respaldo de las urnas.

Hombre fuerte del mayor partido de Brasil, el PMDB de centro-derecha, construyó su gobierno en base a un equipo económico prestigioso y a un gabinete multipartidario ligado al "centrao" (gran centro), mayoría en el Congreso y defensor de una agenda conservadora en lo político y liberal en lo económico.

"No puede obviarse que Dilma fue destituida en gran parte por su inhabilidad para relacionarse con el Congreso. Temer deberá conseguir mayorías fuertes y para eso tiene que hacer concesiones", dijo Sylvio Costa, fundador del sitio "Congresso em Foco", especializado en la actividad parlamentaria.

"Asumió tras un proceso que deja traumas y tendrá que entenderse con el Congreso y con los sectores económicos. Pero además debe comprender a una sociedad que en los últimos años ha demostrado gran insatisfacción con los políticos", añadió.

El propio impeachment, que en un segundo fallo separado votó por mantenerle los derechos políticos a Rousseff y la habilitó para ejercer cargos públicos, mostró divergencias en esa base.

Para el excandidato presidencial socialdemócrata Aecio Neves (PSDB), esa decisión "causó un malestar enorme" entre los aliados y le exigió a Temer que diga "con claridad hasta donde va el compromiso de su gobierno".

La corrupción en Petrobras, una confabulación empresarial y política que desvió miles de millones de dólares de la petrolera estatal, puso en jaque a los principales partidos y a sus dirigentes y cuestionó los métodos de financiación de las campañas electorales.

Las acusaciones golpearon al gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), pero no dejaron indemnes al PMDB ni al gobierno de Temer, que en su primer mes de interinidad (iniciada en mayo) perdió tres ministros por el "Petrolao".

La revista Veja señaló en agosto que el empresario Marcelo Odebrecht, condenado a 20 años de prisión por ese caso, dijo a las autoridades que Temer le pidió unos tres millones de dólares para su partido.

El artículo no citó evidencias de que haya sido un soborno, pero volvió a poner sobre la mesa el potencial explosivo de la investigación, principal bandera de los que sustentaron el impeachment en las calles.

Temer negó cualquier vinculación con donaciones oscuras y no está siendo investigado.

Con el PT desplazado del centro del poder, Rousseff y Lula apuestan a recuperar para su causa el apoyo de los movimientos sociales que durante más de 13 años se beneficiaron con su amplia agenda de derechos y subsidios a la pobreza. Y que el sindicalismo se reactive con las reformas.

"El pueblo no es indiferente a lo que está sucediendo", dijo la senadora comunista Vanessa Grazziotin, defensora del mandato de Rousseff.

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